Ley de Agentes Extranjeros La Ley de Agentes Extranjeros ha sacudido los cimientos de la sociedad civil en El Salvador, obligando a organizaciones clave a replantear su existencia misma. Esta normativa, impulsada por el gobierno de Nayib Bukele y aprobada en junio de 2025, impone un impuesto del 30% sobre donaciones extranjeras y exige un registro exhaustivo que, según críticos, se usa como herramienta de control arbitrario. En este panorama de restricciones crecientes, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) se ve forzada a cerrar sus oficinas físicas, un golpe directo a la defensa de la libertad de prensa en un país donde los periodistas ya enfrentan amenazas constantes.
El anuncio de APES llegó el 17 de septiembre de 2025, marcando un punto de inflexión en la lucha por la independencia periodística. La asociación, fundada para proteger los derechos de los comunicadores y registrar agresiones contra la prensa, decidió suspender y liquidar todos sus proyectos financiados con fondos internacionales. "A lo que sí nos negamos es al sometimiento a leyes espurias como la Ley de Agentes Extranjeros", declaró Sergio Arauz, presidente de APES, en un comunicado difundido en redes sociales. Esta decisión no implica el fin total de sus labores: la entidad promete continuar con el registro de denuncias y la defensa de los derechos periodísticos, pero desde un espacio reducido y precario, sin la estructura operativa que le permitía actuar con autonomía.
Impacto de la Ley de Agentes Extranjeros en la Prensa Salvadoreña
Restricciones Financieras y Administrativas Bajo la Nueva Normativa
La Ley de Agentes Extranjeros no solo grava con un 30% las donaciones provenientes del exterior, sino que obliga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a inscribirse en un registro gestionado por el Ministerio de Gobernación. Este proceso, que debía completarse en 90 días desde la entrada en vigor de la ley el 7 de junio de 2025, incluye la entrega de información detallada sobre actividades, finanzas y beneficiarios. Para APES, esto ha significado más de un año de obstáculos burocráticos, como la negación de credenciales para su junta directiva. Tales barreras administrativas convierten la supervivencia de las entidades en un laberinto de requisitos caprichosos, donde el gobierno puede denegar autorizaciones a discreción.
En el contexto más amplio, esta ley se presenta como una medida contra la "influencia extranjera y la corrupción", según argumentos oficiales del Ejecutivo. Sin embargo, para defensores de derechos humanos, representa un mecanismo de asfixia selectiva. La presión sobre las ONG ha escalado en los últimos meses, con inspecciones sorpresa y auditorías invasivas que paralizan operaciones. APES, que ha documentado cientos de casos de hostigamiento a periodistas bajo el régimen de Bukele, ahora se une a la lista de víctimas de su propia vigilancia. El cierre de oficinas no es un acto aislado; refleja cómo la Ley de Agentes Extranjeros erosiona el tejido de la sociedad civil, dejando a la prensa salvadoreña más vulnerable que nunca.
Cierre de APES: Un Síntoma de la Crisis en la Libertad de Expresión
Otras Organizaciones Afectadas por la Ley de Agentes Extranjeros
APES no está sola en esta encrucijada. En julio de 2025, Cristosal, la principal organización de derechos humanos en El Salvador, anunció su salida del país tras denunciar acoso jurídico y amenazas directas del gobierno. Similarmente, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) suspendieron actividades, citando la imposibilidad de operar bajo las nuevas reglas. Estas entidades, que antes recibían apoyo internacional para monitorear violaciones a los derechos humanos y promover la transparencia, ahora enfrentan un vacío operativo que beneficia al control estatal.
El patrón es claro: la Ley de Agentes Extranjeros actúa como un filtro que separa a las organizaciones "alineadas" de las críticas. En un país donde el 90% de la cobertura mediática es controlada por aliados del gobierno, según informes independientes, el cierre de APES agrava la precariedad de la profesión periodística. Periodistas independientes reportan un aumento del 40% en agresiones físicas y digitales desde 2020, y sin el respaldo de asociaciones como APES, estas vulnerabilidades se multiplican. La ley, al limitar fondos externos, no solo afecta presupuestos, sino que disuade a donantes internacionales de invertir en un entorno hostil, perpetuando un ciclo de silencio forzado.
La respuesta internacional no se ha hecho esperar. Organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han calificado la normativa como "antidemocrática", argumentando que viola tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En El Salvador, activistas locales advierten que esta ley podría extenderse a medios de comunicación que dependan de publicidad o colaboraciones transfronterizas, amenazando la pluralidad informativa. Mientras el gobierno defiende su soberanía, la realidad en las calles de San Salvador muestra oficinas vacías y periodistas trabajando desde hogares improvisados, con recursos mermados.
Desafíos Futuros para la Prensa Bajo la Ley de Agentes Extranjeros
Estrategias de Resistencia y el Rol de la Comunidad Periodística
A pesar del cierre, APES insiste en su derecho a la asociación y organización, un principio consagrado en la Constitución salvadoreña. La asociación planea mantener un registro digital de agresiones, permitiendo a periodistas reportar incidentes en tiempo real, aunque sin el soporte logístico previo. Esta adaptación forzada resalta la resiliencia del gremio, pero también expone las grietas en un sistema donde la Ley de Agentes Extranjeros dicta el ritmo de la disidencia. Expertos en derecho constitucional señalan que demandas judiciales podrían cuestionar la legalidad de la ley, basándose en precedentes de cortes regionales que han invalidado medidas similares en otros países latinoamericanos.
El impacto en la libertad de expresión trasciende fronteras. En Latinoamérica, donde gobiernos autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela han implementado leyes análogas, El Salvador se posiciona como un caso de estudio sobre cómo regular la cooperación internacional puede mutar en censura. La prensa local, ya mermada por despidos masivos en medios tradicionales, ahora depende más de plataformas digitales independientes, que a su vez podrían caer bajo el escrutinio de la ley. Analistas predicen que, sin reformas, el número de ONG operativas podría reducirse a la mitad en los próximos dos años, dejando un vacío que solo el oficialismo llenará.
En las últimas semanas, voces desde la sociedad civil han organizado foros virtuales para discutir alternativas, como fondos de emergencia locales o alianzas con diásporas salvadoreñas en Estados Unidos. Estas iniciativas, aunque incipientes, subrayan que la Ley de Agentes Extranjeros no ha extinguido la voluntad de resistencia. Periodistas como los de APES continúan documentando abusos, desde redadas nocturnas hasta campañas de descrédito en redes, asegurando que el pulso de la verdad no se detenga por completo.
Mientras tanto, el debate sobre la soberanía versus los derechos humanos se intensifica. Fuentes cercanas a la oposición parlamentaria mencionan que, en sesiones cerradas, se ha discutido la posibilidad de una revisión legislativa, aunque el control de Bukele sobre el Congreso hace improbable un cambio inminente. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa han emitido alertas, recordando que leyes como esta no solo asfixian a las ONG, sino que erosionan la democracia misma. En conversaciones informales con activistas, se destaca cómo el cierre de APES, reportado inicialmente en plataformas como LatinUS, ha galvanizado a la comunidad internacional para presionar por sanciones selectivas contra funcionarios implicados.
De manera similar, reportes de entidades como Human Rights Watch subrayan que el éxodo de organizaciones como Cristosal deja a víctimas de violaciones sin protección legal, un detalle que se filtra en análisis independientes sobre el deterioro del espacio cívico en El Salvador. Así, mientras la Ley de Agentes Extranjeros avanza, las sombras de sus consecuencias se extienden, recordándonos que la prensa, aunque acorralada, sigue siendo el faro en la niebla autoritaria.
