Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador ha generado un impacto devastador en el ecosistema de la libertad de prensa, obligando a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) a tomar medidas drásticas. Esta normativa, impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele, clasifica como "agentes extranjeros" a cualquier organización que reciba fondos internacionales, imponiendo restricciones que asfixian su operación diaria. La APES, una entidad clave en la defensa de los derechos periodísticos, anunció el cierre temporal de sus oficinas y la suspensión de proyectos financiados desde el exterior, un paso que resuena como un eco de represión en el contexto centroamericano.
La decisión de la APES no surge en el vacío, sino como respuesta directa a las "asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones" que impone esta ley controvertida. Aprobada en junio de 2025, la Ley de Agentes Extranjeros establece un impuesto del 30% sobre donaciones y fondos provenientes del extranjero, además de un registro obligatorio administrado por el Ministerio de Gobernación. Este registro otorga amplias facultades al gobierno para exigir información detallada sobre actividades y finanzas, lo que organizaciones como la APES ven como una herramienta para el control arbitrario. En su comunicado oficial, la asociación enfatizó que, pese al cierre, mantendrá servicios esenciales como el registro de agresiones contra periodistas y la denuncia de vulneraciones a la libertad de expresión.
Impacto de la Ley de Agentes Extranjeros en el periodismo salvadoreño
El cierre de la APES se suma a una cadena de disoluciones que ha golpeado al sector civil en El Salvador. Previamente, en julio, Cristosal, la principal organización de derechos humanos del país, anunció su salida definitiva ante el acoso y amenazas jurídicas del régimen. Otras entidades, como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso), también cesaron operaciones, argumentando que la ley viola principios constitucionales y tratados internacionales sobre derechos humanos. Estas disoluciones no solo afectan la estructura operativa, sino que erosionan el tejido de vigilancia ciudadana y periodística que ha sido vital en un país marcado por la guerra contra las pandillas y reformas constitucionales controvertidas.
Sergio Arauz, presidente de la APES, expresó en redes sociales su rechazo rotundo: "A lo que sí nos negamos es al sometimiento a leyes espurias como la Ley de Agentes Extranjeros". Esta declaración refleja el pulso de una profesión bajo asedio, donde el simple hecho de recibir apoyo internacional se convierte en pretexto para la estigmatización. La asociación ha intentado por más de un año obtener credenciales para su junta directiva, un proceso bloqueado deliberadamente por las autoridades, lo que ilustra el cierre progresivo del espacio cívico en El Salvador.
Restricciones financieras y su efecto en la sociedad civil
La Ley de Agentes Extranjeros no solo grava con un 30% los fondos externos, sino que obliga a las organizaciones a inscribirse en un plazo de 90 días desde su entrada en vigor, el 7 de junio de 2025. Quienes no cumplan enfrentan sanciones que van desde multas hasta la disolución total. Este marco regulatorio, defendido por Bukele como una medida contra la "influencia extranjera y la corrupción", ha sido calificado por expertos como un mecanismo de censura disfrazado. Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han alertado sobre su similitud con legislaciones autoritarias en otros países, donde se usa para silenciar voces disidentes.
En el ámbito del periodismo, la ley agrava una situación ya precaria. El Salvador ocupa posiciones rezagadas en índices globales de libertad de prensa, con reporteros enfrentando no solo amenazas físicas durante la cobertura de temas sensibles como la seguridad pública, sino ahora barreras administrativas que limitan su sostenibilidad. La APES, fundada para proteger a estos profesionales, ve en esta normativa un intento de desmantelar redes de apoyo que han sido cruciales para investigaciones sobre corrupción gubernamental y abusos en el sistema penitenciario.
Críticas internacionales a la política de Bukele
La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros ha desatado un coro de condenas desde foros globales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras han documentado cómo esta ley se alinea con un patrón de erosión democrática bajo el mandato de Bukele, quien ha acumulado poder mediante reformas que permiten su reelección indefinida. En América Latina, donde gobiernos populistas han experimentado con medidas similares, el caso salvadoreño sirve de advertencia sobre los riesgos para la independencia mediática.
Bukele, conocido por su popularidad en redes sociales y su enfoque mano dura contra el crimen, argumenta que la ley protege la soberanía nacional. Sin embargo, analistas locales señalan que el verdadero objetivo es neutralizar críticas al régimen, especialmente aquellas financiadas por donantes europeos o estadounidenses interesados en temas de transparencia y derechos. La APES, al liquidar sus proyectos internacionales, pierde no solo recursos, sino la capacidad de capacitar a periodistas en técnicas de reporting seguro, un vacío que podría perpetuar la autocensura en salas de redacción.
Consecuencias a largo plazo para la libertad de expresión
A medida que la Ley de Agentes Extranjeros se consolida, sus repercusiones trascienden las oficinas cerradas. Periodistas independientes, muchos de ellos freelancers dependientes de becas externas, enfrentan ahora un dilema ético y práctico: ¿continuar bajo vigilancia constante o exiliarse? El cierre de la APES, aunque temporal, simboliza una fractura en la resistencia colectiva contra la represión, dejando a colegas expuestos sin un ente unificado para denunciar agresiones.
En este panorama, la continuidad de servicios básicos por parte de la APES ofrece un rayo de esperanza, pero insuficiente ante la marea de restricciones. La asociación insiste en su derecho a la organización y asociación, amparado en la Constitución salvadoreña, y planea litigar contra el registro arbitrario. No obstante, el precedente establecido por la ley podría extenderse a otros sectores, como sindicatos o grupos ambientalistas, ampliando el control estatal sobre la disidencia.
La situación en El Salvador ilustra un retroceso regional en materia de derechos civiles, donde leyes como esta se disfrazan de patriotismo para justificar el autoritarismo. Mientras Bukele goza de apoyo masivo por su éxito en la reducción de homicidios, el costo en libertades individuales es cada vez más evidente. Organizaciones como la APES, pese al cierre, representan la tenacidad de quienes defienden la verdad en entornos hostiles.
En conversaciones con representantes de la prensa centroamericana, se menciona casualmente que reportes de agencias como Associated Press han sido clave para visibilizar estos cierres, ofreciendo datos precisos sobre el número de entidades afectadas. Asimismo, documentos de la propia APES, disponibles en sus archivos históricos, detallan el año de trámites fallidos ante el Ministerio de Gobernación, un testimonio silencioso de la burocracia opresiva. Finalmente, observadores independientes han señalado en foros regionales que el eco de estas medidas resuena en análisis de think tanks como el de la Universidad de El Salvador, subrayando el patrón de acoso a la sociedad civil.
