Delta y Aeroméxico enfrentan una orden inminente del gobierno de Estados Unidos para disolver su empresa conjunta antes del 1 de enero de 2026, una medida que marca un punto de inflexión en las relaciones comerciales aéreas entre ambos países. Esta decisión, impulsada por la administración de Donald Trump, responde a preocupaciones sobre efectos anticompetitivos en las rutas entre Estados Unidos y México, particularmente en el mercado de la Ciudad de México. La alianza, que ha permitido a ambas aerolíneas coordinar precios, horarios y capacidad de vuelos durante años, ahora se ve amenazada por tensiones regulatorias que podrían reconfigurar el panorama de la aviación regional.
Antecedentes de la empresa conjunta entre Delta y Aeroméxico
La colaboración entre Delta Air Lines y Aeroméxico se remonta a 2010, cuando firmaron un acuerdo de joint venture que les otorgaba inmunidad antimonopolio para operar como una sola entidad en rutas transfronterizas. Esta empresa conjunta ha sido clave para expandir la conectividad aérea, beneficiando a millones de pasajeros con opciones más eficientes y precios competitivos. Sin embargo, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) ha argumentado que esta alianza genera una ventaja injusta, especialmente en el concurrido corredor México-Estados Unidos, donde el tráfico de pasajeros ha crecido exponencialmente en la última década.
En julio de 2025, el DOT propuso formalmente la terminación de esta inmunidad, como parte de una serie de acciones contra prácticas en la aviación mexicana. La orden final, emitida el lunes 15 de septiembre de 2025, establece un plazo perentorio: la disolución debe completarse antes del 1 de enero. Esta no es una medida aislada; surge en el contexto de disputas bilaterales que se intensificaron en 2022, cuando México rescindió abruptamente franjas horarias de vuelo asignadas a aerolíneas estadounidenses, afectando directamente la operativa de Delta y sus socios.
Razones detrás de la orden del gobierno de Trump
El gobierno de Trump ha justificado esta intervención alegando "continuos efectos anticompetitivos" que perjudican a los consumidores y a otras aerolíneas. Según el DOT, la empresa conjunta proporciona a Delta y Aeroméxico un dominio desproporcionado en el mercado entre Estados Unidos y la Ciudad de México, el aeropuerto más transitado de Latinoamérica. Esta ventaja se manifiesta en la coordinación de precios que, aunque inicialmente diseñada para eficiencia, ahora se percibe como un mecanismo para excluir competidores.
Además, México no ha cumplido con el acuerdo aéreo bilateral vigente desde 2016, que buscaba equilibrar el acceso a slots aeroportuarios. En 2023, el gobierno mexicano obligó a aerolíneas de carga exclusivamente estadounidenses a reubicar sus operaciones en la Ciudad de México, una decisión que el DOT califica de retaliatoria y contraria al espíritu de la cooperación. Fuentes regulatorias indican que estas acciones han exacerbado las tensiones, llevando a la administración Trump a adoptar una postura más agresiva en defensa de los intereses estadounidenses en el sector aéreo.
La orden no exige que Delta venda su participación del 20% en Aeroméxico, una inversión que data de 2017 y que ha sido un pilar financiero para la aerolínea mexicana durante su reestructuración post-pandemia. Sin embargo, la disolución de la joint venture implicará la pérdida de sinergias operativas, como el codesharing y la optimización de rutas, lo que podría elevar los costos para ambas compañías en un mercado ya volátil.
Impactos en la aviación México-Estados Unidos
La disolución de la empresa conjunta entre Delta y Aeroméxico podría tener repercusiones significativas en el ecosistema aéreo binacional. Para los pasajeros, esto significa potenciales aumentos en tarifas aéreas, ya que la coordinación previa permitía economías de escala que mantenían precios accesibles. En 2024, el tráfico entre ambos países superó los 20 millones de pasajeros, impulsado por turismo, negocios y migración, y cualquier disrupción podría ralentizar esta recuperación post-pandemia.
Desde el punto de vista económico, la medida afecta no solo a las aerolíneas, sino a toda la cadena de valor: aeropuertos, proveedores de servicios y el turismo. La Ciudad de México, como hub principal, podría ver una redistribución de slots que beneficie a competidores como American Airlines o United, pero también generaría incertidumbre en un sector que contribuye con miles de millones de dólares al PIB mexicano. Analistas estiman que la joint venture ha generado ahorros anuales de hasta 100 millones de dólares en costos operativos, una cifra que se evaporará con la separación.
Consecuencias regulatorias y futuras negociaciones
En el ámbito regulatorio, esta orden del gobierno de Trump refuerza una tendencia hacia el proteccionismo en la aviación, similar a acciones previas contra alianzas con aerolíneas de Oriente Medio. Para Aeroméxico, que depende en gran medida de su asociación con Delta para su red internacional, la disolución representa un golpe estratégico. La aerolínea mexicana, aún en fase de consolidación tras su salida de quiebra en 2023, deberá buscar nuevos aliados o invertir en expansiones independientes, lo que podría dilatar su crecimiento.
Por su parte, Delta Air Lines, con una flota robusta y presencia global, absorberá el impacto con mayor facilidad, pero no sin costos. La compañía ha expresado en comunicados preliminares su decepción con la decisión, argumentando que la joint venture ha fomentado la competencia saludable y no ha dañado a los consumidores. No obstante, el DOT mantiene que la ventaja injusta persiste, citando datos de mercado que muestran una cuota combinada del 40% en rutas clave.
A nivel bilateral, esta medida podría catalizar nuevas rondas de negociaciones entre Washington y Ciudad de México. Expertos en derecho aeronáutico sugieren que México podría responder con contramedidas, como restricciones adicionales a vuelos estadounidenses, exacerbando el ciclo de retaliaciones. Sin embargo, en un contexto de integración económica vía el T-MEC, ambas partes tienen incentivos para buscar un equilibrio que preserve la fluidez del tráfico aéreo.
La aviación comercial entre Estados Unidos y México no es solo un asunto de empresas; es un puente vital para el comercio y la movilidad humana. La orden de disolución de la empresa conjunta subraya cómo las disputas políticas pueden reverberar en la economía cotidiana, afectando desde el empresario que viaja por negocios hasta la familia que se reúne en vacaciones. Mientras el plazo del 1 de enero se acerca, tanto Delta como Aeroméxico preparan planes de contingencia, aunque el futuro de sus operaciones coordinadas pende de un hilo.
En los círculos regulatorios de Washington, se menciona que esta decisión se basa en revisiones exhaustivas del Departamento de Transporte, que han analizado datos de tráfico aéreo desde 2022. Por otro lado, reportes de agencias como Reuters destacan cómo el incumplimiento mexicano de slots ha sido un factor desencadenante, recordando episodios similares en acuerdos aéreos globales. Finalmente, observadores en la industria aérea señalan que, aunque la joint venture termina, la participación accionaria de Delta en Aeroméxico podría servir de base para futuras colaboraciones menos formales.


