El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha conseguido un avance significativo en su proyecto fiscal, al obtener 219 votos en la Cámara de Representantes durante la madrugada del 3 de julio, lo que permitió pasar a un voto final. Este megaproyecto, bautizado por el propio Trump como “gran y hermoso proyecto de ley”, busca transformar la economía del país, pero no está exento de controversias.
El líder de la Cámara, Mike Johnson, logró agrupar el mínimo de votos conservadores necesarios tras intensas negociaciones y presiones dentro del Partido Republicano. La votación de procedimiento, que define las reglas del debate, se mantuvo abierta por casi seis horas mientras Trump personalmente contactaba a congresistas para asegurar su apoyo. Este esfuerzo refleja la urgencia del presidente por cumplir su plazo autoimpuesto para firmar la ley el 4 de julio, Día de la Independencia.
El proyecto fiscal incluye medidas ambiciosas como la extensión permanente de los recortes de impuestos aprobados durante el primer mandato de Trump (2017-2021). Además, contempla nuevas exenciones fiscales, como la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extras, y la deducción de intereses en préstamos para automóviles. Sin embargo, estas propuestas han generado preocupación debido a su impacto en el déficit fiscal, estimado en más de 3 billones de dólares en la próxima década.
Otro punto polémico es la inclusión de un impuesto a las remesas enviadas desde EE.UU., que inicialmente se propuso en 3.5% pero se redujo a 1% en el último borrador. Esta medida podría afectar a países como México, donde las remesas representan una fuente clave de ingresos, con casi 65 mil millones de dólares recibidos en 2024. Economías de Centroamérica, como Honduras y Guatemala, también se verían impactadas por esta política.
El plan también propone fuertes recortes a programas sociales, incluyendo Medicaid y el programa de asistencia alimentaria SNAP. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso, estas medidas podrían dejar a 8.6 millones de personas sin cobertura médica y a 3 millones sin acceso a cupones de alimentos. Estas disposiciones han generado críticas de legisladores demócratas y algunos republicanos moderados, preocupados por el impacto en comunidades vulnerables.
En el Senado, la aprobación del proyecto fue ajustada, con un voto de 51-50 gracias al desempate del vicepresidente JD Vance. Tres senadores republicanos, Thom Tillis, Susan Collins y Rand Paul, se opusieron, reflejando las divisiones internas dentro del partido. Estas tensiones podrían complicar el voto final en la Cámara Baja, donde la mayoría republicana es estrecha (220-212).
El líder de la minoría demócrata, Hakeem Jeffries, intentó retrasar el proceso con un discurso de casi nueve horas, buscando proteger los intereses de veteranos, pensionistas y trabajadores. Su estrategia no logró detener el avance del proyecto, pero puso en evidencia la fuerte oposición demócrata, que critica la ley por favorecer a los más ricos y aumentar la deuda pública.
Trump, por su parte, ha defendido el proyecto como “el mayor recorte fiscal de la historia”, asegurando que impulsará la economía estadounidense y fortalecerá la seguridad fronteriza. En un evento en Iowa, el presidente celebró la aprobación como una victoria histórica, afirmando que cumple promesas clave de su campaña de 2024.
A pesar del optimismo de Trump, el proyecto enfrenta críticas de expertos y organizaciones como Human Rights Watch, que lo acusan de priorizar beneficios para las élites mientras recorta programas esenciales. La agencia de calificación Moody’s también expresó preocupaciones, retirando la máxima calificación de solvencia a la deuda estadounidense debido al aumento proyectado del déficit.
Con el voto final en la Cámara Baja ya concluido, el proyecto está listo para ser firmado por Trump este 4 de julio. Sin embargo, las divisiones políticas y las preocupaciones económicas sugieren que el debate sobre sus impactos apenas comienza.
