El 7 de diciembre de 2022, tras el mensaje a la nación en el que Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso peruano, policías bloquearon el acceso a legisladores al Palacio Legislativo. Este hecho ocurrió en el marco de un intento de autogolpe que buscaba quebrar el orden constitucional.
Testigos, como la congresista Adriana Tudela, relataron que agentes armados y rejas metálicas les impidieron entrar por la avenida Abancay, argumentando órdenes superiores. Tudela y su colega Vivian Olivos tuvieron que buscar otro ingreso para finalmente acceder al recinto.
La orden, según la investigación fiscal, habría venido del general PNP Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, aunque él lo niega. El teniente Eder Infanzón, acusado de ejecutar el bloqueo, señaló a Lozada y al comandante Jesús Venero como responsables, pero ambos rechazan las acusaciones.
El impedimento fue temporal y no evitó que el Congreso sesionara para destituir a Castillo ese mismo día. Sin embargo, el episodio marcó un momento crítico en la crisis política peruana, evidenciando la tensión entre poderes del Estado.
El juicio por estos hechos, iniciado en marzo de 2025, sigue su curso contra Castillo y exfuncionarios, con pedidos de hasta 34 años de prisión. La actuación policial continúa bajo escrutinio como parte de las pruebas del fallido autogolpe.
