El gobierno de Costa Rica está explorando medidas drásticas para enfrentar la creciente ola de violencia que azota al país. En una visita reciente a El Salvador, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, se reunió con su homólogo salvadoreño para analizar la política de seguridad impulsada por Nayib Bukele, conocida por su enfoque de mano dura contra el crimen.
Costa Rica, que en 2023 registró un récord de 907 homicidios y cerró 2024 con 880 asesinatos, enfrenta un problema cada vez más grave. La mayoría de estos crímenes están ligados al narcotráfico y a bandas organizadas, una situación que ha puesto en jaque la imagen de tranquilidad que el país solía proyectar.
El modelo de Bukele, que incluye un régimen de excepción y la construcción de una megacárcel como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, ha reducido los homicidios en El Salvador de manera notable. Sin embargo, esta estrategia también ha sido criticada por organismos internacionales debido a las detenciones masivas y la suspensión de derechos básicos.
Campos destacó que el crimen está intentando apoderarse de las calles costarricenses, pero afirmó que su gobierno no lo permitirá. Aunque no se trata de copiar exactamente el plan salvadoreño, el ministro señaló que tomarán nota de ciertas directrices para adaptarlas a su realidad.
La visita incluyó un recorrido por la megacárcel salvadoreña, donde ahora también se envían deportados desde Estados Unidos. Este intercambio refleja el interés de Costa Rica por endurecer sus políticas ante una violencia que no da tregua.
El contraste entre ambos países es evidente: mientras El Salvador celebra una disminución histórica de la delincuencia, Costa Rica lucha por contener un problema que amenaza con salirse de control. La pregunta es si este enfoque será viable en un país tradicionalmente pacífico.