Estado de derecho es el pilar fundamental para impulsar un crecimiento económico sostenible y equitativo en México, según el análisis detallado del Banco de México en su más reciente reporte. Este principio no solo garantiza la protección de los derechos de propiedad y el cumplimiento estricto de contratos, sino que también fomenta un entorno de negocios confiable, esencial para atraer inversiones y maximizar el uso eficiente de los recursos disponibles. En un contexto de incertidumbre global marcada por tensiones comerciales, el estado de derecho emerge como una herramienta estratégica para potenciar las fuentes internas de desarrollo y capitalizar oportunidades como el nearshoring bajo el T-MEC.
El Banco de México enfatiza que, sin un sólido estado de derecho, las regiones del país enfrentan barreras significativas para generar mayor valor económico y bienestar social. Los expertos del banco central destacan que el combate a la inseguridad y la corrupción debe ser prioritario, ya que estos factores erosionan la confianza de los inversionistas y limitan la productividad laboral. De hecho, durante las últimas dos décadas, la productividad en México ha registrado un bajo crecimiento promedio en todas las regiones, lo que subraya la urgencia de reformas que fortalezcan este marco legal. Al promover el respeto a los contratos y la seguridad pública, el estado de derecho no solo mitiga riesgos, sino que contribuye a un desarrollo más inclusivo, donde los beneficios del crecimiento se distribuyan de manera más equitativa entre la población.
Importancia del estado de derecho en el crecimiento regional
Fortaleciendo la seguridad pública y el respeto a contratos
En el Reporte de las Economías Regionales correspondiente al segundo trimestre del año, elaborado a partir de encuestas a más de 500 empresarios regionales, el Banco de México resalta cómo el estado de derecho ha sido una demanda constante desde el inicio de esta publicación hace más de 14 años. Los directivos empresariales coinciden en que un marco legal robusto es indispensable para atraer inversiones extranjeras y fomentar el desarrollo económico local. Este enfoque no es nuevo; representa una llamada persistente a acciones concretas que aborden la inseguridad y promuevan el cumplimiento normativo, elementos que han sido identificados repetidamente como obstáculos clave para el avance.
El estado de derecho actúa como catalizador para la relocalización de empresas, un fenómeno conocido como nearshoring que ha ganado relevancia en los últimos años. Bajo el acuerdo comercial T-MEC, México ha recibido un trato preferencial que facilita la integración de cadenas de valor en América del Norte. Sin embargo, las amenazas de aranceles por parte de Estados Unidos han pausado algunos proyectos de nearshoring, lo que evidencia la vulnerabilidad de estos procesos ante un proteccionismo creciente. Los analistas del banco central observan que esta desaceleración es congruente con la intención de Washington de repatriar producción directamente a su territorio, lo que pone de manifiesto la necesidad de que México fortalezca su estado de derecho para mantener su atractivo competitivo.
Además, el estado de derecho influye directamente en la productividad laboral, un indicador crucial para el crecimiento económico a largo plazo. En México, este factor ha mostrado un estancamiento preocupante, con tasas promedio bajas que contrastan con el potencial del país. Implementar medidas que garanticen derechos de propiedad claros y reduzcan la corrupción no solo incentivaría la eficiencia en el uso de recursos, sino que también generaría condiciones propicias para la innovación y la inversión en sectores clave como la manufactura y los servicios. De esta manera, el estado de derecho se posiciona como un elemento indispensable para transitar hacia una economía más dinámica y resiliente.
Oportunidades y retos en el contexto del T-MEC
Aprovechando el nearshoring pese a las tensiones globales
El Banco de México advierte que, para enfrentar las incertidumbres derivadas de las tensiones comerciales internacionales, es imperativo generar condiciones internas que impulsen la inversión y el desarrollo. El estado de derecho juega un rol central en esta ecuación, al proporcionar la estabilidad que necesitan las empresas para expandirse y relocalizarse. En particular, el nearshoring representa una ventana de oportunidad que México no puede desaprovechar, especialmente dada su proximidad geográfica y comercial con Estados Unidos. Aunque el flujo de relocalizaciones se ha desacelerado en comparación con el año anterior, persiste un momentum que podría revitalizarse con políticas que refuercen la seguridad jurídica.
Los empresarios encuestados por el banco central coinciden en que el fortalecimiento del estado de derecho no solo atraerá capital extranjero, sino que también potenciará las cadenas de suministro regionales. Esto incluye la robustez de sectores como la automotriz, la electrónica y la agroindustria, donde México ya destaca por sus ventajas competitivas. Sin embargo, el impacto de un mayor proteccionismo estadounidense, manifestado en propuestas de aranceles a bienes adicionales, ha llevado a una pausa en varios proyectos. Aquí, el estado de derecho se erige como un diferenciador clave: un entorno donde los contratos se respetan y la corrupción se minimiza puede contrarrestar estas presiones externas y posicionar al país como un socio confiable en la región.
En este sentido, el reporte subraya la necesidad de un crecimiento inclusivo y sostenible. El estado de derecho no es solo una herramienta legal, sino un motor para la prosperidad social, al asegurar que los avances económicos beneficien a comunidades locales y reduzcan desigualdades regionales. Al integrar estos principios en estrategias nacionales, México podría elevar su productividad laboral y transformar los retos actuales en oportunidades de largo plazo.
Impacto de la productividad y la inversión en la prosperidad
Combatir la corrupción para un desarrollo equitativo
Otro aspecto crítico destacado por el Banco de México es la intersección entre estado de derecho, inversión y prosperidad económica. La baja productividad observada en las regiones del país durante dos décadas refleja deficiencias estructurales que solo pueden abordarse mediante un marco legal sólido. El estado de derecho, al combatir la inseguridad y la corrupción, crea un ambiente de negocios que incentiva la adopción de tecnologías y prácticas eficientes. Esto, a su vez, elevaría el potencial de crecimiento interno y reduciría la dependencia de factores externos volátiles.
Los expertos del banco central argumentan que estas acciones contribuirán a un desarrollo más equilibrado, donde las regiones menos favorecidas puedan integrarse efectivamente a la economía nacional. Por ejemplo, al garantizar derechos de propiedad, se fomenta la inversión en infraestructura y educación, elementos esenciales para la prosperidad a largo plazo. De igual forma, el cumplimiento de contratos estimula alianzas público-privadas que aceleran proyectos de nearshoring y diversifican la economía más allá de la manufactura tradicional.
En resumen, el estado de derecho no es un concepto abstracto, sino una prioridad práctica para México en 2025. Su implementación efectiva podría desbloquear un ciclo virtuoso de inversión, productividad y bienestar, permitiendo al país navegar las turbulencias globales con mayor confianza.
Como se detalla en el análisis del equipo de investigación económica del Banco de México, basado en datos recopilados de empresarios regionales, este enfoque ha sido consistente a lo largo de los años en reportes similares. Además, observadores del sector financiero, como aquellos vinculados a organismos internacionales, han reiterado en foros recientes la relevancia de estos principios para la estabilidad macroeconómica. Finalmente, estudios comparativos de economías emergentes, accesibles en publicaciones especializadas, confirman que naciones con un estado de derecho fortalecido experimentan tasas de crecimiento más altas y sostenidas.
