El alza del 30% al IEPS en cigarros representa una amenaza inminente para la economía mexicana, al duplicar potencialmente el mercado ilegal de tabaco y erosionar la recaudación fiscal. Esta propuesta, presentada el 8 de septiembre ante el Congreso de la Unión, busca elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en más de 30% sobre el precio de los cigarros, con un incremento mínimo de 20 pesos por cajetilla a partir de 2026. Según el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), esta medida podría impulsar el contrabando y el comercio ilícito, que ya representa una quinta parte del consumo nacional, generando pérdidas anuales de entre 13,000 y 15,000 millones de pesos para el erario público.
La industria tabacalera, integrada por gigantes como Philip Morris México, British American Tobacco y Japan Tobacco International, ha alertado sobre las graves consecuencias de esta reforma fiscal. El alza del 30% al IEPS en cigarros no solo encarecería los productos legales, sino que incentivaría a los consumidores a optar por opciones ilegales más baratas, elevando la participación del mercado ilícito del actual 20% al 50%. Este fenómeno no es nuevo: entre 2017 y 2023, el mercado ilegal de cigarros creció un alarmante 240%, pasando de un 8.5% a un 20.4% del consumo total, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública. La propuesta incluye además una modificación en la cuota específica del impuesto, que pasaría de 0.6445 pesos por cigarro en 2025 a 1.1584 pesos por unidad en 2030, lo que agravaría la distorsión en el mercado.
Impacto económico del alza del 30% al IEPS en cigarros
El impacto económico del alza del 30% al IEPS en cigarros se extendería más allá de los fumadores habituales, afectando a pequeños comercios y la cadena de suministro formal. En 2024, a pesar de incrementos previos en los impuestos, la recaudación del IEPS por tabacos labrados cayó un 7%, de 50,400 millones de pesos en 2023 a 46,900 millones en el año corriente. Esta disminución evidencia la ineficacia de las políticas fiscales agresivas, que no han logrado reducir el número de fumadores ni cumplir con las metas de ingresos proyectadas por el gobierno federal.
Conainta enfatiza que el mercado ilegal de cigarros ya financia actividades delictivas graves, como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero. Un estudio del Colegio de México, titulado "Cigarros Ilegales y Crimen Organizado", revela cómo las organizaciones criminales utilizan el contrabando de tabaco como una fuente rentable de recursos. Con el alza del 30% al IEPS en cigarros, estos grupos podrían consolidarse como los principales distribuidores, incrementando la extorsión a tienditas y el riesgo de consumo entre menores de edad, quienes son más vulnerables a productos no regulados.
Además, la propuesta incorpora un impuesto especial del 200% sobre productos de nicotina alternativos, como bolsas orales, lo que desincentivaría opciones menos dañinas. Estudios internacionales respaldan que estos productos, al evitar la combustión, generan hasta un 99% menos de sustancias tóxicas que los cigarros tradicionales. Países como Suecia han visto su tasa de tabaquismo descender al 5% gracias a la adopción de estas alternativas, un modelo que México podría emular para equilibrar salud pública y economía.
Consecuencias fiscales y sociales del mercado ilegal
El duplicamiento del mercado ilegal de cigarros traería consigo una cascada de consecuencias fiscales y sociales. La pérdida de recaudación no solo mermaría los fondos destinados a salud, sino que también debilitaría la capacidad del Estado para invertir en prevención y control del tabaquismo. Actualmente, una de cada cinco cajetillas consumidas en México es ilegal, lo que ya representa un desafío para la autoridad fiscal. Con el alza del 30% al IEPS en cigarros, este porcentaje podría dispararse, dejando al gobierno con menos recursos de los anticipados y fomentando un ciclo vicioso de evasión impositiva.
Desde una perspectiva social, el fortalecimiento del contrabando implicaría mayores riesgos para la salud pública. Los productos ilegales carecen de controles de calidad, aumentando la exposición a contaminantes y sustancias adictivas no declaradas. Conaintra urge a las autoridades a considerar estas realidades antes de aprobar la reforma, proponiendo un enfoque equilibrado que incluya medidas contra el comercio ilícito, como mayor vigilancia aduanera y campañas de educación.
Propuestas para mitigar el alza del 30% al IEPS en cigarros
Para contrarrestar los efectos negativos del alza del 30% al IEPS en cigarros, Conainta aboga por una reforma fiscal más integral. Esto incluye fomentar el diálogo entre legisladores, industria y expertos en salud, con el fin de promover productos de nicotina menos dañinos sin penalizarlos excesivamente. La industria sugiere incentivos para la innovación en alternativas al cigarro tradicional, alineados con evidencia científica global que prioriza la reducción de daños sobre la prohibición absoluta.
En el contexto mexicano, donde el consumo de tabaco afecta a millones, una estrategia equilibrada podría elevar la recaudación sin impulsar el mercado ilegal de cigarros. Países europeos han implementado impuestos graduales combinados con regulaciones estrictas contra el contrabando, logrando tanto avances en salud como estabilidad fiscal. México, con su vasta frontera y desafíos en seguridad, requiere un modelo adaptado que integre tecnología para rastreo de productos y cooperación internacional.
El debate alrededor del alza del 30% al IEPS en cigarros resalta la tensión entre objetivos de salud pública y viabilidad económica. Mientras el gobierno busca destinar más recursos al bienestar, la industria tabacalera advierte sobre un rebote contraproducente que beneficie a redes criminales. Analistas coinciden en que sin medidas complementarias, como fortalecimiento de la fiscalización, la propuesta podría agravar problemas existentes en lugar de resolverlos.
En discusiones recientes con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales, se ha subrayado cómo el crecimiento del mercado ilegal de cigarros desde 2017 refleja fallas en políticas pasadas. Expertos del Instituto Nacional de Salud Pública han documentado este ascenso en informes detallados, destacando la necesidad de datos actualizados para informar decisiones legislativas. Asimismo, el análisis del Colegio de México sobre vínculos con el crimen organizado proporciona un marco para entender las ramificaciones más amplias.
Finalmente, voces dentro de Conainta han compartido en foros especializados que una aproximación colaborativa, inspirada en experiencias como la de Suecia, podría transformar el panorama del tabaco en México, priorizando tanto la salud como la equidad fiscal.
