Reforma fiscal en México no se implementará hasta agotar medidas administrativas para ampliar la base de recaudación, según directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta estrategia busca asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, fortaleciendo así las finanzas públicas sin necesidad de cambios legislativos inmediatos. El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Lerma, enfatizó esta postura durante una conferencia en el Foro Nacional Fiscal 2025 organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Enfoque Administrativo Antes de la Reforma Fiscal
La reforma fiscal representa un tema crucial en la agenda económica del país, pero el gobierno federal opta por un camino cauteloso. En lugar de apresurarse a modificar leyes tributarias, la prioridad es optimizar los procesos existentes. Esto incluye el uso de herramientas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas para identificar y cobrar impuestos a quienes evaden sus responsabilidades. De esta manera, se pretende elevar la recaudación de manera eficiente y equitativa.
Carlos Lerma, en su intervención, aclaró que el mandato presidencial es claro: no avanzar en una reforma fiscal hasta resolver pendientes administrativos. Esta aproximación se alinea con los objetivos del Paquete Económico 2026, aprobado recientemente por el Congreso de la Unión. El paquete busca equilibrar el presupuesto público mediante la ampliación de la base de recaudación, sin generar cargas adicionales innecesarias a los contribuyentes formales.
Lecciones de la Reforma Fiscal de 2013
Para entender el contexto actual, es útil revisar la última reforma fiscal implementada en 2013. Aquella iniciativa logró un incremento significativo en la recaudación, pasando del 10% al 12% del Producto Interno Bruto (PIB). Este avance se debió a una combinación de medidas legislativas y administrativas que ampliaron la base gravable y mejoraron la fiscalización. Hoy, el gobierno busca replicar ese éxito, pero priorizando acciones no legislativas para evitar resistencias políticas y económicas.
En el sexenio anterior, esfuerzos similares del SAT y la Agencia Nacional de Aduanas elevaron la recaudación en dos puntos porcentuales del PIB. Con las medidas ya en marcha y las autorizadas en el Paquete Económico 2026, se espera alcanzar metas comparables. Esta estrategia no solo fortalece las arcas públicas, sino que promueve una cultura de cumplimiento fiscal voluntario entre empresas y particulares.
Componentes Clave del Paquete Económico 2026
El Paquete Económico 2026 se presenta como un instrumento equilibrado y responsable. Uno de sus pilares es la reforma a la Ley Aduanera, que busca agilizar procesos y combatir el contrabando, contribuyendo indirectamente a una mayor base de recaudación. Otra medida importante involucra modificaciones al Código Fiscal de la Federación (CFF), dirigidas a intensificar la lucha contra las factureras fantasmas y prácticas fraudulentas en la emisión de comprobantes fiscales.
Adicionalmente, se incorporan impuestos relacionados con la salud, como gravámenes a productos no saludables, que no solo generan ingresos sino que fomentan hábitos positivos en la población. Finalmente, el paquete incluye apoyos para el Plan México, un esquema que impulsa el desarrollo regional y la inversión productiva. Todas estas acciones se diseñan para sostener el crecimiento económico sin depender de una reforma fiscal abrupta.
Impacto Esperado en la Economía Nacional
La ampliación de la base de recaudación tiene implicaciones profundas para la estabilidad macroeconómica. Al cobrar impuestos a sectores informales o evasores, el gobierno puede destinar más recursos a infraestructura, educación y salud, áreas críticas para el desarrollo sostenible. Expertos coinciden en que esta vía administrativa es menos disruptiva que una reforma fiscal integral, que podría generar incertidumbre en los mercados.
En términos de proyecciones, se anticipa que estas medidas eleven la recaudación en al menos dos puntos del PIB en el corto plazo. Esto permitiría financiar programas sociales sin recurrir a endeudamiento excesivo, manteniendo la calificación crediticia del país. La reforma fiscal, por ende, queda como opción de reserva, sujeta a evaluaciones periódicas de efectividad administrativa.
Perspectivas de la Iniciativa Privada
Durante el Foro Nacional Fiscal 2025, representantes de Coparmex expresaron su respaldo a este enfoque gradual. La confederación, que agrupa a empresarios de diversos sectores, valora la predictibilidad que ofrece evitar cambios legislativos prematuros. Sin embargo, instan a que la ampliación de la base de recaudación se haga con transparencia y respeto a los derechos de los contribuyentes, evitando abusos en la fiscalización.
Esta colaboración entre gobierno y sector privado es esencial para el éxito de la estrategia. Diálogos como el de Coparmex permiten ajustar medidas en tiempo real, asegurando que la reforma fiscal futura, si llega, sea consensuada y bien fundamentada. En este sentido, el Paquete Económico 2026 se ve como un puente hacia una fiscalidad más justa y eficiente.
Desafíos en la Implementación
A pesar de las ventajas, implementar estas medidas administrativas presenta retos. La digitalización del SAT ha avanzado, pero aún hay brechas en la cobertura geográfica y en la capacitación de auditores. Además, la informalidad económica, que afecta a millones de unidades productivas, requiere incentivos para la formalización, más allá de la coerción fiscal.
La reforma fiscal, en su momento, deberá abordar estos huecos estructurales. Por ahora, el énfasis en la base de recaudación busca construir consensos y datos sólidos para futuras decisiones. Analistas destacan que esta pausa legislativa permite al gobierno demostrar resultados concretos antes de proponer cambios mayores.
En discusiones recientes en foros especializados, como el organizado por Coparmex, se ha subrayado la importancia de monitorear estos avances mensualmente. Fuentes cercanas a la SHCP indican que informes preliminares muestran un cumplimiento fiscal en aumento, gracias a campañas de concientización y herramientas tecnológicas.
Por otro lado, observadores independientes, que han seguido el tema desde la aprobación del Paquete Económico 2026, coinciden en que la estrategia es viable a mediano plazo. Ellos recomiendan integrar retroalimentación de la iniciativa privada para refinar las medidas, asegurando que la eventual reforma fiscal sea inclusiva.
Finalmente, en conversaciones informales con expertos en finanzas públicas, se menciona que el legado de la reforma fiscal de 2013 sirve de guía, adaptado al contexto actual de recuperación post-pandemia y tensiones comerciales globales.
