Ley General de Aguas es el eje central de la discusión legislativa actual en México, donde el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) ha elevado la voz para demandar un marco normativo que no solo responda a las necesidades inmediatas del sector agrícola, sino que garantice estabilidad a largo plazo. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno federal bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, busca reformular la gestión del recurso hídrico en un país donde el agua representa un bien escaso y vital para la soberanía alimentaria. El CNA, representando a agricultores, ganaderos y agroindustrias, ha participado activamente en foros y audiencias en la Cámara de Diputados, aportando propuestas que han sido consideradas en el proceso de análisis.
En un contexto de creciente escasez hídrica, la Ley General de Aguas emerge como una herramienta clave para equilibrar el uso productivo del agua con su preservación ambiental. El sector agropecuario, que consume alrededor del 70% del agua disponible en México, ve en esta reforma una oportunidad para fortalecer la certeza jurídica y optimizar los sistemas de riego. Sin embargo, el CNA advierte que cualquier apresuramiento podría comprometer la operación de miles de productores, afectando no solo la productividad sino también la estabilidad económica de regiones rurales dependientes de la agricultura.
La posición del CNA ante la nueva Ley General de Aguas
El Consejo Nacional Agropecuario ha sido claro en su posicionamiento: la Ley General de Aguas debe construirse sobre bases sólidas, equilibradas y de largo plazo. En un comunicado reciente, el organismo enfatizó que “el nuevo marco jurídico debe contener bases sólidas, ser eficaz, equilibrado y de largo plazo, para garantizar el patrimonio de los agricultores y el bienestar para toda la población”. Esta declaración refleja la preocupación del sector por evitar regulaciones que, aunque bien intencionadas, podrían generar incertidumbre en un momento en que el cambio climático agrava la sequía en diversas cuencas hidrográficas del país.
Durante las sesiones legislativas, el CNA ha destacado la importancia de integrar salvaguardas para el derecho humano al agua y al de la alimentación, principios constitucionales que no pueden ser subestimados. La gestión hídrica eficiente, según expertos del consejo, debe promover tecnologías de riego moderno y prácticas sostenibles que minimicen el desperdicio, sin imponer cargas administrativas excesivas a los pequeños productores. Esta visión alineada con la soberanía alimentaria busca que México no dependa de importaciones para cubrir sus necesidades básicas, un riesgo que se ha materializado en años de sequía prolongada.
Propuestas clave incorporadas en el dictamen
Entre las contribuciones del CNA que han sido incorporadas al proyecto de la Ley General de Aguas se encuentran medidas para fortalecer la certeza jurídica de los concesionarios de agua. Esto incluye la protección de derechos adquiridos y la creación de mecanismos de resolución de conflictos que involucren a comunidades locales. Además, se promueve la inversión en infraestructura hidráulica, como presas y canales de distribución, para maximizar el aprovechamiento del recurso en zonas áridas como el norte del país.
Otra propuesta relevante es la promoción de una gestión integrada de cuencas, donde se involucren no solo autoridades federales, sino también estados y municipios. Esta aproximación holística podría mitigar conflictos por el uso del agua entre sectores urbanos e industriales con el agropecuario, fomentando alianzas que beneficien a todos. El CNA confía en que estas inclusiones hagan de la Ley General de Aguas un instrumento transformador, capaz de impulsar un sector agrícola más resiliente y competitivo en el mercado global.
Contexto histórico y desafíos de la gestión del agua en México
La actual reforma a la Ley General de Aguas se enmarca en una historia de normativas que datan de la Ley de Aguas de 1992, la cual priorizaba la propiedad privada del recurso pero ha sido criticada por fomentar un uso ineficiente. Con el agotamiento de acuíferos en estados como Guanajuato y Baja California, la necesidad de actualización es imperativa. La nueva legislación busca corregir estos desequilibrios, incorporando enfoques de economía circular en el manejo del agua y penalizaciones por contaminación de cuerpos hídricos.
En términos de soberanía alimentaria, la Ley General de Aguas juega un rol pivotal. México, como productor clave de maíz, frijol y otros cultivos básicos, no puede permitirse interrupciones en su cadena productiva por falta de agua. El CNA ha abogado por incentivos fiscales para la adopción de sistemas de riego por goteo, que podrían reducir el consumo en un 40%, según estudios del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Esta transición tecnológica es esencial para enfrentar los retos del calentamiento global, que pronostica una reducción del 20% en las precipitaciones anuales para 2050.
El rol del Gobierno federal en la reforma legislativa
Bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal ha mostrado apertura al diálogo con el sector privado, un contraste con procesos legislativos previos más centralizados. Las audiencias en la Cámara de Diputados han permitido que voces del campo influyan en el dictamen, programado para votación el 3 de diciembre de 2025. Esta colaboración es vista como un paso hacia una gobernanza más inclusiva, donde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) coordina esfuerzos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Sin embargo, persisten desafíos como la armonización con leyes estatales, que en algunos casos regulan pozos y ríos de manera fragmentada. La Ley General de Aguas podría establecer lineamientos nacionales para estandarizar estas prácticas, asegurando equidad en la distribución del recurso. Expertos en derecho ambiental subrayan que sin un fondo federal dedicado, la implementación podría enfrentar obstáculos presupuestales, un tema que el CNA ha insistido en abordar durante las discusiones.
Impacto esperado en el sector agropecuario y la economía nacional
Una Ley General de Aguas bien diseñada podría generar un impacto multiplicador en la economía mexicana, al potenciar la productividad agrícola en un 15-20%, según proyecciones de la CNA. Esto se traduciría en miles de empleos rurales preservados y un aumento en las exportaciones de productos agroalimentarios, que ya representan el 10% del PIB. La sostenibilidad ambiental, integrada como eje transversal, alinearía a México con compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
En regiones como el Bajío, donde la agricultura intensiva depende de acuíferos sobreexplotados, la reforma introduciría planes de recarga artificial y monitoreo digital para prevenir colapsos ecológicos. El CNA enfatiza que estas medidas no solo protegen el medio ambiente, sino que aseguran la viabilidad de industrias derivadas, como la agroindustria láctea y el procesamiento de frutas. De esta forma, la Ley General de Aguas se posiciona como un pilar para el desarrollo equitativo, beneficiando desde pequeños ejidatarios hasta grandes corporativos.
Además, la legislación podría fomentar alianzas público-privadas para proyectos de desalación en costas, abordando la salinización de suelos en el noroeste. Estas innovaciones, combinadas con educación en prácticas conservacionistas, empoderarían a comunidades indígenas que custodian tradiciones ancestrales de manejo del agua. El compromiso del CNA con esta causa resalta la urgencia de una ley que trascienda ciclos políticos, enfocándose en el legado para generaciones futuras.
En las deliberaciones finales, se ha observado que el diálogo ha sido fructífero, con aportes de diversas cámaras empresariales que coinciden en la necesidad de flexibilidad regulatoria. Fuentes cercanas al proceso legislativo, como reportes de El Economista, indican que el dictamen incorpora enmiendas puntuales para mitigar riesgos operativos, basadas en testimonios de productores de Sinaloa y Sonora. Asimismo, análisis de la Conagua sugieren que con esta reforma, la eficiencia en el uso del agua podría incrementarse significativamente, evitando crisis como la vivida en 2024 en el Valle de México.
Por otro lado, observadores del sector, inspirados en publicaciones especializadas en economía rural, destacan cómo la inclusión de cláusulas de revisión periódica permitirá ajustes ante emergencias climáticas. Estos elementos, extraídos de sesiones públicas en el Congreso, refuerzan la percepción de un avance consensuado, aunque persisten llamados a una implementación gradual para no desestabilizar mercados locales.
