Reforma fiscal profunda se posiciona como la necesidad imperiosa para México en el horizonte económico de 2026, según advierten expertos y organizaciones especializadas. Tras el reciente aval del Congreso al Paquete Económico 2026, que establece las bases para ingresos, gasto público y deuda del próximo año, surge un clamor colectivo por cambios estructurales en el sistema tributario. La Alianza por la Justicia Fiscal, un grupo conformado por diversas entidades civiles y analistas, ha emitido un posicionamiento que resalta avances puntuales, pero insiste en que el país no puede seguir postergando una transformación integral que eleve la recaudación de manera progresiva y equitativa.
Avances limitados en el Paquete Económico 2026
El Paquete Económico 2026, aprobado con algunos ajustes en la Cámara de Diputados, incorpora medidas de control recaudatorio y eficiencia administrativa que buscan optimizar los recursos existentes. Entre estos esfuerzos se encuentra el combate al conocido "huachicol fiscal", una práctica que drena miles de millones de pesos de las arcas públicas mediante evasiones y fraudes. Además, se amplían impuestos especiales a productos no saludables, una iniciativa que podría generar ingresos adicionales sin afectar desproporcionadamente a los sectores vulnerables. Sin embargo, estos pasos, aunque bienvenidos, no tocan las raíces del problema: un modelo fiscal que mantiene una presión tributaria raquítica del 15.1 por ciento del PIB, cifra que coloca a México en el sótano de la OCDE y por debajo del promedio latinoamericano en 3.6 puntos porcentuales.
Presión tributaria baja: un lastre para el desarrollo
Esta baja presión tributaria en el contexto de la reforma fiscal profunda representa un obstáculo significativo para el financiamiento de políticas públicas esenciales. Mientras la OCDE recauda cerca del doble de lo que México logra, el país enfrenta limitaciones crónicas en áreas críticas como la educación y la salud, particularmente para aquellos sin acceso a seguridad social. La reforma fiscal profunda no solo elevaría los ingresos permanentes del Estado, sino que redistribuiría la carga impositiva hacia los segmentos de mayor capacidad económica, fomentando una mayor equidad social. Organizaciones como la Alianza por la Justicia Fiscal argumentan que sin estos cambios, el potencial de crecimiento económico se ve mermado, perpetuando ciclos de desigualdad que afectan a millones de mexicanos.
Críticas al destino de los recursos recaudatorios
Una de las voces más críticas en el debate sobre la reforma fiscal profunda apunta al uso del incremento en la recaudación proyectado para 2026. Casi la totalidad de estos fondos adicionales se destinan a compensar la caída en la renta petrolera y a brindar más apoyos a Pemex, sin que ello se traduzca en una mejora sustancial en la inversión productiva de la petrolera estatal. Esta concentración de recursos genera preocupación, ya que no se acompaña de un replanteamiento del modelo de negocios de Pemex, lo que podría perpetuar ineficiencias y subsidios regresivos que benefician desproporcionadamente a sectores privilegiados. En este sentido, la reforma fiscal profunda se presenta como una oportunidad para reorientar el gasto hacia prioridades como la transición energética y la sostenibilidad ambiental, reduciendo subsidios ineficaces y promoviendo una economía más verde y resiliente.
Subsidios energéticos y concentración en pensiones
Los subsidios energéticos, que consumen una porción significativa del presupuesto, junto con la concentración del gasto en pensiones, son otro frente donde la reforma fiscal profunda podría hacer una diferencia notable. Estos elementos estructurales del Paquete Económico 2026 no solo elevan los costos de deuda, sino que limitan la flexibilidad fiscal para invertir en infraestructura y seguridad pública. Expertos en finanzas públicas destacan que una reforma fiscal profunda permitiría mitigar estos desequilibrios, liberando recursos para programas que impacten directamente en la calidad de vida de la población. Por ejemplo, una mayor recaudación progresiva podría financiar expansiones en el transporte público y la política cultural, sectores que actualmente sufren insuficiencias presupuestales crónicas.
El aumento del déficit público y sus implicaciones
El Paquete Económico 2026 proyecta un incremento en los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) al 4.1 por ciento del PIB, superando el 3.9 por ciento estimado para 2025. Este alza en el déficit público, sin un correspondiente impulso a la inversión productiva, genera alertas entre analistas económicos. Por cada peso de endeudamiento adicional, solo se destinan 61 centavos a inversión física, lo que debilita la sostenibilidad a largo plazo de la deuda soberana. Aquí, la reforma fiscal profunda emerge como una herramienta clave para equilibrar las finanzas, al elevar ingresos estables y reducir la dependencia de financiamiento externo. Esta perspectiva no solo fortalece la estabilidad macroeconómica, sino que habilita un mayor enfoque en la inversión social y la innovación tecnológica.
Insuficiencias en áreas prioritarias
Las carencias presupuestales en respuesta a la crisis climática y la transición energética son particularmente agudas, donde la reforma fiscal profunda podría canalizar recursos hacia iniciativas de mitigación y adaptación. Del mismo modo, campos como la ciencia, la tecnología y el cuidado de personas vulnerables requieren una inyección de fondos que el actual marco fiscal no puede proveer adecuadamente. La creación del Anexo Transversal 31 para monitorear recursos en materia de cuidados es un paso positivo, pero insuficiente sin la implementación real de un sistema nacional que garantice este derecho humano. Una reforma fiscal profunda, con énfasis en la progresividad, aseguraría que estos avances no queden en meras declaraciones, sino que se materialicen en políticas concretas y efectivas.
En el panorama más amplio, la urgencia de una reforma fiscal profunda tras el aval del Paquete Económico 2026 subraya la necesidad de un consenso nacional que trascienda ciclos políticos. Mientras México navega por desafíos globales como la volatilidad de los mercados energéticos y las presiones inflacionarias, fortalecer el sistema tributario se convierte en imperativo para salvaguardar el bienestar colectivo. Analistas coinciden en que solo mediante una visión integral se podrá transitar hacia un modelo económico más inclusivo y sostenible.
Como se ha observado en análisis recientes de entidades especializadas en justicia fiscal, el posicionamiento de colectivos como la Alianza por la Justicia Fiscal resalta estos puntos con datos precisos sobre la presión tributaria y el gasto público. De igual modo, informes de organismos internacionales como la OCDE proporcionan comparativos valiosos que contextualizan la posición de México en el escenario regional. Estas perspectivas, compartidas en espacios públicos y publicaciones especializadas, enriquecen el debate sobre cómo avanzar hacia una reforma fiscal profunda que beneficie a todos los sectores de la sociedad.
Finalmente, en conversaciones informales con expertos en economía, se menciona que el enfoque en el combate al huachicol fiscal, aunque loable, debe complementarse con estrategias más ambiciosas para elevar la recaudación. Fuentes como EFE han cubierto estos desarrollos con detalle, subrayando la brecha entre proyecciones y realidades presupuestarias en el Paquete Económico 2026.
