Derecho a los cuidados representa el pilar esencial para sostener no solo la vida cotidiana, sino también el marco completo de los derechos humanos en nuestra sociedad. En un fallo histórico emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 7 de agosto de 2025, se reconoce formalmente este derecho como un trabajo fundamental, remunerado o no, que demanda la intervención activa de los Estados y las empresas. Esta opinión consultiva, impulsada por Argentina, marca un avance significativo en la perspectiva de género y la equidad laboral, al obligar a las naciones a crear condiciones que permitan conciliar las responsabilidades familiares con las profesionales. El derecho a los cuidados no es un lujo, sino una necesidad básica que impacta directamente en la discriminación laboral y la brecha salarial, especialmente para las mujeres que han cargado históricamente con esta labor invisible.
El Reconocimiento Histórico del Derecho a los Cuidados por la CIDH
El derecho a los cuidados se erige como un concepto transformador en el ámbito de los derechos humanos. Verónica Carpani, abogada laboralista argentina y experta en perspectiva de género, lo describe como la "base necesaria" para garantizar cualquier otro derecho. En su análisis, este fallo de la CIDH no solo visibiliza el valor económico y social del cuidado, sino que lo posiciona como una responsabilidad colectiva que trasciende el ámbito familiar. Según Carpani, "el cuidado es la base necesaria, se tiene que garantizar el cuidado y el derecho al cuidado para poder garantizar otros derechos humanos". Esta declaración resuena en el contexto del Día Internacional de los Cuidados, donde se conmemora el esfuerzo invisible que sostiene a las sociedades enteras.
La opinión consultiva 3125 establece obligaciones claras para los Estados: deben implementar políticas que eviten el impacto negativo del cuidado en el mercado laboral. Esto incluye medidas para reducir la brecha salarial, que en muchos países de América Latina alcanza cifras alarmantes debido a la asignación cultural de roles de género. El derecho a los cuidados, por tanto, se convierte en una herramienta para combatir la discriminación laboral, permitiendo que las personas, mayoritariamente mujeres, no tengan que elegir entre su carrera y sus obligaciones familiares. Empresas y gobiernos ahora enfrentan la presión de adoptar acciones concretas, como licencias parentales compartidas o programas de flexibilidad horaria, para hacer efectivo este derecho.
Principios Clave del Fallo: Igualdad y No Discriminación
Uno de los pilares del derecho a los cuidados es el principio de igualdad y no discriminación. La CIDH subraya que las condiciones para ejercer este derecho deben diseñarse de manera que no perpetúen desigualdades. En palabras de Carpani, "la Corte busca contrarrestar la discriminación laboral y la brecha salarial que resulta de la asignación cultural del rol de cuidadora a la mujer". Este enfoque pone el dedo en la llaga de un problema estructural: el trabajo de cuidado no remunerado, realizado principalmente en el hogar, equivale a horas extras invisibles que restan oportunidades profesionales a millones de mujeres. Al reconocerlo como un derecho humano, se abre la puerta a reformas legislativas que valoren económicamente esta labor, integrándola en cálculos de pensiones y beneficios sociales.
En América Latina, donde el 70% del trabajo de cuidado recae en mujeres según datos de organismos internacionales, este fallo representa un catalizador para el cambio. Países como México y Brasil, con altos índices de desigualdad de género, podrían beneficiarse enormemente al alinear sus políticas con esta directriz. El derecho a los cuidados no solo alivia la carga individual, sino que fortalece la economía al incorporar más talento femenino al mercado laboral, impulsando el crecimiento inclusivo.
Impacto en la Perspectiva de Género y la Equidad Laboral
La perspectiva de género es el hilo conductor en la discusión sobre el derecho a los cuidados. Históricamente, las mujeres han absorbido la mayor parte de estas tareas, lo que genera una cadena de desventajas: menor acceso a promociones, salarios más bajos y, en última instancia, mayor vulnerabilidad en la vejez. El fallo de la CIDH rompe con esta narrativa al declarar que el cuidado es una responsabilidad societal, no solo personal. Carpani enfatiza que "ya no es una cuestión particular, doméstica, personal, familiar, sino que pasa a ser una responsabilidad de toda la sociedad: los estados, la sociedad civil, las personas, las empresas". Esta visión colectiva invita a un replanteamiento profundo de las dinámicas laborales.
En el ámbito empresarial, el derecho a los cuidados implica acciones específicas, como la creación de entornos inclusivos que faciliten la conciliación. Por ejemplo, políticas de teletrabajo o guarderías en el sitio pueden transformar la cultura corporativa, reduciendo la rotación de personal y aumentando la productividad. La equidad de género, como palabra clave secundaria en este debate, emerge como un objetivo tangible: al garantizar el derecho a los cuidados, se pavimenta el camino para que las mujeres alcancen posiciones de liderazgo sin sacrificar su rol familiar. Este equilibrio no solo beneficia a las individuos, sino que enriquece la diversidad en las salas de juntas y los equipos de innovación.
Desafíos en Gobiernos Regresivos: El Caso de Argentina
Sin embargo, el camino no está exento de obstáculos. En regiones con gobiernos de tendencias regresivas, como el actual en Argentina, se han desarticulado políticas públicas que promovían el reconocimiento del derecho a los cuidados, relegándolo a un asunto "personal y familiar". Carpani critica esta postura, argumentando que ignora el impacto macroeconómico del cuidado no valorado, que según estimaciones representa hasta el 10% del PIB en algunos países. A pesar de estos retrocesos, el fallo de la CIDH ofrece un escudo normativo para activistas y sindicatos, recordando que los derechos humanos trascienden las agendas políticas coyunturales.
La negociación colectiva se perfila como una herramienta poderosa para sortear estos desafíos. La sinergia entre colectivos feministas y mujeres sindicalistas ha demostrado su eficacia, como en la adopción del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2019, que aborda la violencia y el acoso en el trabajo. Este convenio, complementario al derecho a los cuidados, refuerza la necesidad de entornos laborales seguros y equitativos. En México, por instancia, sindicatos podrían inspirarse en este modelo para negociar cláusulas específicas sobre cuidados en contratos colectivos, avanzando hacia una verdadera inclusión.
Obligaciones de Estados y Empresas en el Derecho a los Cuidados
Los Estados enfrentan obligaciones concretas derivadas del derecho a los cuidados: desde la implementación de leyes que protejan la conciliación hasta la inversión en infraestructuras como centros de cuidado accesibles. En el contexto latinoamericano, donde la informalidad laboral agrava las desigualdades, estas medidas son urgentes. La CIDH exige que se evite la penalización del cuidado en el empleo, promoviendo incentivos fiscales para empresas que adopten prácticas inclusivas. Este enfoque holístico asegura que el derecho a los cuidados no quede en papel, sino que se traduzca en realidades cotidianas.
Para las empresas, el llamado es a la responsabilidad social: integrar el derecho a los cuidados en sus estrategias de recursos humanos. Esto no solo cumple con estándares internacionales, sino que genera ventajas competitivas, como una fuerza laboral más leal y diversa. La brecha salarial, otro pilar de la equidad de género, se reduce cuando se valora el tiempo dedicado al cuidado como experiencia equivalente a la laboral remunerada. En última instancia, este derecho fortalece la resiliencia social, preparando a las naciones para desafíos como el envejecimiento poblacional.
El Rol de la Negociación Colectiva en la Implementación
La negociación colectiva emerge como el motor para hacer operativo el derecho a los cuidados. Carpani destaca que, incluso en contextos conservadores, los sindicatos pueden presionar por cambios estructurales. La unión entre la sociedad civil y los actores laborales ha sido clave en avances previos, y ahora se posiciona para traducir el fallo de la CIDH en políticas concretas. En países como Colombia o Chile, donde movimientos feministas han influido en reformas laborales, este modelo podría replicarse ampliamente.
El derecho a los cuidados, al final, es un llamado a la acción colectiva. Proporciona un marco normativo sólido para militantes, policymakers y ejecutivos, asegurando que el valor del cuidado se integre en la agenda global de derechos humanos. Su implementación efectiva podría redefinir la equidad de género, cerrando brechas que han persistido por décadas y fomentando sociedades más justas y prósperas.
En discusiones recientes durante el Día Internacional de los Cuidados, expertos como los de la OIT han respaldado esta visión, recordando que el Convenio 190 sirve de complemento perfecto. Asimismo, informes de la CIDH sobre discriminación laboral en la región subrayan la urgencia de estas medidas. Y en foros como los de El Economista, se ha explorado cómo Argentina lideró esta iniciativa, ofreciendo lecciones valiosas para el resto del continente.
