Presión en gasto de salud representa uno de los mayores desafíos para los estados mexicanos que han decidido sumarse al programa IMSS-Bienestar. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno federal, busca universalizar la atención médica gratuita para la población sin seguridad social, pero ha generado tensiones presupuestales significativas en las entidades federativas participantes. Según análisis especializados, la centralización de recursos ha provocado reducciones drásticas en las transferencias federales, obligando a los gobiernos estatales a recurrir a fondos propios para cubrir las brechas operativas. En este contexto, la presión en gasto de salud no solo afecta la operación diaria de las secretarías de salud locales, sino que también se suma a otras demandas financieras como pensiones y obras públicas, limitando la flexibilidad presupuestal de los estados.
El programa IMSS-Bienestar, lanzado en 2022, ha transformado el panorama de la atención médica en México al asumir directamente la gestión de unidades de salud en los estados adheridos. Sin embargo, esta transición ha implicado una reconfiguración de los flujos de recursos, particularmente a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Los estados que firman convenios ceden parte de su infraestructura y personal, pero reciben menos fondos directos, lo que intensifica la presión en gasto de salud. Para 2025, se estima que esta brecha adicional equivaldrá al 0.7% de los ingresos operativos proyectados, un porcentaje que, aunque manejable en isolation, agrava el panorama fiscal general.
Reducciones en el FASSA y su impacto en estados participantes
La presión en gasto de salud se evidencia de manera clara en las asignaciones del FASSA para el ejercicio 2025. Los estados con convenio experimentaron una reducción del 20% en estos recursos, en contraste con el 5% observado en las entidades sin adhesión. Esta disparidad obliga a los participantes a destinar mayores porciones de sus participaciones federales y recursos locales para sostener los servicios de salud, alterando el equilibrio presupuestario tradicional. Moody’s, en su evaluación reciente, destaca que esta dinámica no es transitoria, sino parte de una tendencia hacia la centralización que podría persistir en el mediano plazo.
Evolución histórica del FASSA desde 2020
Entre 2020 y 2023, los recursos del FASSA crecieron en promedio un 6.5% anual para todos los estados, reflejando un esfuerzo por fortalecer la cobertura sanitaria post-pandemia. No obstante, los estados integrados al IMSS-Bienestar transfirieron estos incrementos directamente al instituto, lo que diluyó sus beneficios locales. A partir de 2024, un decreto presidencial modificó la Ley de Coordinación Fiscal, permitiendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descontar automáticamente las porciones convenidas, lo que aceleró la presión en gasto de salud. En ese año, la caída general en el FASSA fue del 23%, con un impacto desproporcionado del 34% —equivalente a 38,000 millones de pesos— para los estados con convenio, mientras que los no adheridos vieron un crecimiento del 7%.
Estas cifras ilustran cómo la presión en gasto de salud ha evolucionado de un ajuste gradual a una contracción abrupta, forzando a los gobiernos estatales a reevaluar sus prioridades. Por ejemplo, la cobertura del FASSA en el gasto total de salud de las secretarías estatales bajó del 47% en 2023 a solo el 37% en 2024 para los participantes, proyectándose un 35% para 2025. Esta disminución obliga a una mayor dependencia de fondos propios, lo que podría comprometer la sostenibilidad de otros rubros esenciales como la educación o la infraestructura.
Ajustes presupuestarios en secretarías de salud estatales
La respuesta inmediata a la presión en gasto de salud ha sido un recorte en los presupuestos de las secretarías de salud locales. Desde la implementación del programa, los estados con convenio han reducido su gasto en un 13% promedio, en comparación con el incremento del 9% registrado por los no participantes. Para 2025, esta tendencia se mantendrá con una contracción proyectada del 12% versus un leve ajuste del 1% en los demás. Estos recortes no han sido proporcionales a las reducciones en el FASSA, lo que subraya la rigidez inherente al gasto en salud, donde los compromisos fijos como salarios y suministros médicos limitan la flexibilidad.
Brecha financiera y recursos propios en el horizonte
En términos absolutos, la presión en gasto de salud implica que los estados participantes deberán inyectar recursos adicionales de sus participaciones y presupuestos locales para cubrir la operación residual de sus sistemas de salud. Moody’s estima que esta brecha, aunque contenida en el 0.7% de los ingresos operativos para 2025, se acumula con otras cargas como el pago de pensiones, incrementos salariales, adeudos pendientes con la federación y el financiamiento de obra pública. Esta confluencia de factores podría erosionar los márgenes de maniobra fiscal, especialmente en entidades con economías menos diversificadas.
Además, la centralización promovida por el IMSS-Bienestar busca eficiencia en la prestación de servicios, pero a costa de autonomía estatal en materia de salud. Los 23 estados actualmente adheridos —que representan una porción significativa de la población mexicana— enfrentan esta presión en gasto de salud de manera uniforme, independientemente de su alineación política, lo que resalta el carácter estructural de la reforma. En este sentido, la optimización de recursos federales se traduce en un desafío local que demanda innovación en la gestión presupuestaria.
Contexto y objetivos del programa IMSS-Bienestar
El IMSS-Bienestar surgió el 31 de agosto de 2022 bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la meta de garantizar atención integral gratuita a quienes carecen de seguridad social. Mediante convenios, los estados transfieren unidades médicas, personal y fondos del FASSA al instituto, permitiendo una operación centralizada que prioriza la universalidad. Sin embargo, esta noble intención choca con la realidad fiscal, donde la presión en gasto de salud emerge como un subproducto no previsto en la fase inicial de implementación. Expertos coinciden en que, si bien el programa amplía la cobertura, su modelo financiero requiere ajustes para mitigar impactos en los estados.
Comparaciones entre estados adheridos y no adheridos
Una comparación reveladora muestra que, mientras los estados sin convenio mantienen un crecimiento moderado en sus asignaciones del FASSA —del 7% en 2024 al -5% en 2025—, los participantes lidian con contracciones del 34% al 20% en el mismo periodo. Esta asimetría en la presión en gasto de salud no solo afecta la equidad entre entidades, sino que también plantea interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo del esquema. Para 2025, la cobertura del FASSA en el gasto total de salud será del 41% para no adheridos, versus 35% para los demás, obligando a una redistribución interna de recursos que podría desbalancear otros sectores.
En el ámbito más amplio de las finanzas públicas, la presión en gasto de salud impulsada por el IMSS-Bienestar ilustra las tensiones entre centralización y federalismo en México. Aunque el programa ha logrado avances en la accesibilidad médica, su huella fiscal en los estados demanda una revisión continua. Analistas como los de Moody’s advierten que, sin mecanismos compensatorios, esta dinámica podría generar desequilibrios regionales, particularmente en estados con menor capacidad recaudatoria.
De acuerdo con evaluaciones recientes de agencias de calificación crediticia, la presión en gasto de salud derivada de estos convenios es un factor a monitorear en el corto plazo, ya que podría influir en las calificaciones soberanas de ciertos estados. Informes del sector salud federal también señalan que la transición hacia el IMSS-Bienestar ha requerido inversiones iniciales que, casualmente, han repercutido en las arcas locales sin compensaciones inmediatas.
Por otro lado, datos de la Secretaría de Hacienda indican que las proyecciones para 2025 incorporan ajustes para amortiguar estas brechas, aunque su efectividad dependerá de la ejecución en terreno. En conversaciones con funcionarios estatales, se menciona de manera informal que la presión en gasto de salud ha fomentado alianzas intergubernamentales para optimizar el uso de participaciones, un paso hacia una mayor resiliencia fiscal.
