Los pequeños comerciantes serán los grandes perdedores ante los incrementos al IEPS en 2026, según advierten diversas organizaciones empresariales. Esta medida fiscal, aprobada recientemente por la Cámara de Diputados, genera preocupación en el sector porque ignora las voces de quienes operan en el día a día del comercio minorista. En un contexto donde la economía informal ya presiona a las tienditas tradicionales, estos ajustes impositivos podrían agravar la situación, fomentando el ambulantaje y la venta ilegal de productos. El Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, una de las voces más activas en esta denuncia, destaca cómo los legisladores optaron por una política recaudatoria sin considerar datos concretos presentados por el sector.
Incrementos al IEPS: un golpe directo a la industria nacional
Los incrementos al IEPS representan un desafío significativo para la sostenibilidad de las microempresas en México. Con un alza del 200% en los cigarros y del 30% en los refrescos, estos cambios entrarán en vigor a partir de enero de 2026 y afectarán directamente a los productos que forman el grueso de las ventas en las tiendas de abarrotes. Los pequeños comerciantes, que dependen en gran medida de estos artículos para mantener sus ingresos, ven cómo se encarecen sus márgenes de ganancia sin que se ofrezca un contrapeso en forma de incentivos o apoyos gubernamentales.
El impacto en cigarros y el auge del mercado ilícito
En particular, el incremento en el IEPS a los cigarros ilustra el riesgo de impulsar la economía informal. Según estudios recientes, el consumo de cigarros ilícitos ha crecido un 240% entre 2017 y 2023, pasando del 8.5% al 20.4% del total nacional. Esta tendencia se debe en gran parte al precio accesible del contrabando, que socava la venta legal en las tienditas. Los pequeños comerciantes enfrentan no solo la competencia desleal, sino también presiones externas que complican su operación diaria.
En regiones como el norte del país, la situación es aún más alarmante. En estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se estima que hasta el 90% de las tiendas tradicionales se ven involucradas en la comercialización de productos controlados por grupos delictivos. El alza impositiva podría exacerbar esta dinámica, convirtiendo a los pequeños comerciantes en víctimas colaterales de una política que prioriza la recaudación sobre la protección del tejido productivo.
Voces del sector: el reclamo de ConComercioPequeño
Organizaciones como el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar han elevado la voz contra estos incrementos al IEPS. Su presidente, Gerardo Cleto López Becerra, lamenta que las convocatorias a mesas de diálogo hayan sido ignoradas por los legisladores de Morena. En lugar de ajustar la propuesta basándose en cifras aportadas por cámaras gremiales y centros de estudio, se optó por una aprobación exprés que envía un mensaje negativo a la sociedad.
Competencia desleal y extorsión en el comercio minorista
Los pequeños comerciantes operan en un entorno hostil marcado por la competencia de cadenas grandes y tiendas de conveniencia, que cuentan con economías de escala para absorber estos costos. Para las tienditas de barrio, sin embargo, cada centavo cuenta. La extorsión por parte del crimen organizado añade otra capa de vulnerabilidad, obligando a muchos a vender productos ilegales para sobrevivir. Este panorama hace que los incrementos al IEPS no sean solo un ajuste fiscal, sino un catalizador para la informalidad que amenaza con desmantelar el comercio local.
El sector enfatiza que estas medidas no solo afectan los ingresos directos, sino que también erosionan la confianza en el sistema fiscal. Sin un enfoque equilibrado que incluya medidas contra el contrabando y apoyos a los microempresarios, el resultado será un aumento en el ambulantaje y una mayor precariedad laboral. Los pequeños comerciantes, pilar de la economía comunitaria, merecen políticas que fomenten su crecimiento en lugar de ponerlos en desventaja.
Consecuencias económicas más amplias para 2026
Más allá del impacto inmediato en las ventas de cigarros y refrescos, los incrementos al IEPS podrían tener ramificaciones en toda la cadena de suministro. Proveedores locales verán reducida la demanda de sus productos, lo que a su vez afecta a agricultores y fabricantes pequeños que dependen del canal minorista tradicional. En un país donde el 90% de las unidades comerciales son microempresas, ignorar este sector equivale a socavar la base de la economía nacional.
Expertos en finanzas públicas señalan que, aunque el objetivo es aumentar la recaudación, el costo social podría ser mayor. La proliferación de la economía informal no solo evade impuestos, sino que también priva al Estado de contribuciones indirectas como el IVA generado por ventas formales. Los pequeños comerciantes, atrapados entre regulaciones estrictas y mercados negros, representan el eslabón más débil en esta ecuación fiscal.
Proyecciones y alternativas para mitigar el daño
Proyecciones indican que, sin intervenciones, el mercado de cigarros ilícitos podría capturar hasta un 30% adicional del consumo total para finales de 2026. Esto no solo reduce ingresos fiscales a largo plazo, sino que también impacta la salud pública al promover productos no regulados. Alternativas como campañas contra el contrabando y subsidios focalizados para tienditas podrían equilibrar la balanza, pero hasta ahora, no forman parte del paquete legislativo aprobado.
El debate alrededor de estos incrementos al IEPS subraya la necesidad de un diálogo inclusivo en la formulación de políticas. Los pequeños comerciantes no son meros contribuyentes; son el motor de la inclusión económica en comunidades marginadas. Su rol en la generación de empleo local y la distribución de bienes esenciales hace imperativo considerar su perspectiva en decisiones que alteran el panorama fiscal.
En el análisis de estas medidas, surge la interrogante sobre cómo equilibrar objetivos de salud pública con la viabilidad económica. El IEPS, diseñado originalmente para desincentivar consumos nocivos, termina afectando desproporcionadamente a quienes menos recursos tienen para adaptarse. Los pequeños comerciantes, con sus operaciones a pequeña escala, ilustran esta disparidad de manera clara.
Recientemente, en foros como el del Instituto Nacional de Salud Pública, se han presentado datos que respaldan estas preocupaciones, mostrando cómo el cigarro ilegal no solo evade impuestos, sino que también evade controles de calidad. De igual modo, reportes de cámaras empresariales han circulado ampliamente, detallando el impacto en el norte del país. Estas referencias, compartidas en mesas de trabajo con gremios, refuerzan la urgencia de una revisión.
Organismos como ConComercioPequeño han reiterado en declaraciones públicas que la aprobación sin consulta amplía la brecha entre el gobierno y el sector privado. Fuentes cercanas a estos grupos mencionan que, en encuentros informales con legisladores, se expusieron cifras que proyectan pérdidas millonarias para el comercio minorista. Esta desconexión, según analistas consultados en publicaciones especializadas, podría tener ecos en futuras reformas fiscales.
Al final, el camino adelante depende de una mayor sensibilidad hacia los pequeños comerciantes, quienes sostienen la economía de base en México.
