Gasto salud 2026 sigue priorizando a quienes ya tienen acceso a servicios protegidos, dejando en la sombra a millones de mexicanos vulnerables. Según análisis independientes, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el próximo año destina solo 996,254 millones de pesos al sector salud, un incremento del 5.9% respecto a 2025, pero que apenas alcanza el 2.6% del PIB nacional. Esta cifra queda muy lejos del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que evidencia una persistente brecha en la atención universal. La población sin seguridad social, que representa el 34% de los habitantes del país —equivalente a 44.5 millones de personas según la Medición de la Pobreza Multidimensional—, continúa expuesta a riesgos innecesarios por la falta de recursos en prevención y atención básica.
El diseño del gasto salud 2026 genera preocupación entre expertos, ya que fortalece principalmente los programas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 557,232 millones de pesos asignados, un aumento del 11.7%. Esto beneficia a quienes ya cuentan con cobertura laboral, pero ignora a los sectores más desprotegidos. En contraste, el IMSS-Bienestar recibe solo 172,492 millones de pesos, un mísero 0.8% más que en el ejercicio actual, mientras que la Secretaría de Salud ve reducidos sus fondos a 66,826 millones de pesos, un recorte del 3.2%. Esta distribución desigual no solo perpetúa desigualdades, sino que debilita la estructura de un sistema de salud inclusivo, priorizando curación sobre prevención en comunidades marginadas.
Desigualdad en el presupuesto de salud pública
La crítica al gasto salud 2026 se centra en cómo se debilitan los esfuerzos para la población sin acceso a seguridad social. Organizaciones especializadas destacan que, aunque el monto total crece, su orientación favorece a los afiliados formales, dejando de lado iniciativas clave para los vulnerables. Por ejemplo, diez programas de la Secretaría de Salud relacionados con la prevención de enfermedades crónicas, el control del VIH/SIDA, la capacitación de personal médico y el mejoramiento de infraestructura hospitalaria no reciben proyección de recursos. Esto implica un retroceso en la lucha contra epidemias y en la formación de profesionales, afectando directamente a regiones rurales y urbanas marginadas donde la demanda es mayor.
En este contexto, el gasto salud 2026 refleja una visión miope que no aborda las raíces de la inequidad. La OMS ha insistido en que invertir en prevención genera ahorros a largo plazo, reduciendo hospitalizaciones y muertes prematuras. Sin embargo, en México, el enfoque reactivo predomina, con énfasis en atención hospitalaria en lugar de chequeos preventivos o campañas de vacunación masiva. Esta tendencia no es nueva; desde años anteriores, el presupuesto ha mostrado patrones similares, agravados por la pandemia de COVID-19 que expuso las grietas del sistema. Expertos en políticas públicas advierten que, sin ajustes, el gasto salud 2026 podría incrementar la carga económica familiar, obligando a hogares pobres a endeudarse por tratamientos básicos.
Impacto en la prevención de enfermedades crónicas
Uno de los aspectos más alarmantes del gasto salud 2026 es la desatención a la prevención de enfermedades crónicas, que representan la principal causa de mortalidad en el país. Diabetes, hipertensión y obesidad afectan a más del 70% de la población adulta, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pero los fondos para programas de detección temprana y educación nutricional se evaporan. En lugar de eso, se canalizan recursos hacia el IMSS para cubrir demandas de sus asegurados, lo que genera listas de espera interminables en clínicas públicas para el resto. Esta priorización no solo agrava la crisis de salud, sino que impacta la productividad nacional, con millones de días laborales perdidos por ausentismo médico.
Además, el gasto salud 2026 incluye un modesto aumento del 93.3% en el programa Salud Casa por Casa, con 4,000 millones de pesos destinados a atención primaria para adultos mayores y personas con discapacidad. Si bien es un paso positivo, su escala es insignificante frente al presupuesto total de 10.1 billones de pesos. Este programa podría expandirse para cubrir chequeos domiciliarios en zonas remotas, pero la falta de inversión en personal y equipo lo limita a un piloto insuficiente. Analistas señalan que, para ser efectivo, debería integrarse con redes locales de salud comunitaria, incorporando tecnología como telemedicina para monitoreo remoto, algo que el actual esquema presupuestal ignora por completo.
Brechas en la cobertura universal de salud
La noción de cobertura universal de salud en México suena prometedora en el papel, pero el gasto salud 2026 la convierte en una quimera para 44.5 millones de personas sin protección. El IMSS-Bienestar, diseñado para atender a este grupo, opera con limitaciones crónicas: clínicas saturadas, medicamentos escasos y personal insuficiente. El incremento mínimo del 0.8% no compensa la inflación ni el crecimiento demográfico, dejando a familias indígenas y migrantes en la intemperie. En estados como Chiapas o Guerrero, donde la pobreza multidimensional supera el 70%, esta desatención se traduce en tasas de mortalidad infantil elevadas y epidemias descontroladas, como el dengue reciente que cobró cientos de vidas.
Expertos en finanzas públicas argumentan que reasignar solo el 10% de los fondos del IMSS a prevención general podría transformar el panorama. Sin embargo, el gasto salud 2026 mantiene el statu quo, influido por presiones sindicales y lobbies sectoriales que defienden sus tajadas. Esta dinámica no solo frena reformas estructurales, sino que contradice compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, donde México se comprometió a equidad en salud para 2030. La consecuencia es un ciclo vicioso: más enfermedad, menos desarrollo y mayor dependencia de remesas para cubrir gastos médicos privados.
Desafíos en infraestructura y capacitación médica
Otro pilar debilitado por el gasto salud 2026 es la infraestructura hospitalaria y la capacitación de médicos. Con el recorte en la Secretaría de Salud, proyectos de construcción y remodelación de unidades quedan en el limbo, exacerbando el hacinamiento en hospitales públicos. En 2024, el promedio de espera para una consulta superó las cuatro horas en muchas regiones, según reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Invertir en hospitales modulares y equipo diagnóstico podría mitigar esto, pero el presupuesto opta por lo inmediato sobre lo sostenible.
La capacitación también sufre: sin fondos para becas o especializaciones, el déficit de especialistas —uno por cada 10,000 habitantes en áreas rurales— persiste. Esto afecta la calidad de la atención, con errores médicos en aumento y confianza pública erosionada. El gasto salud 2026 podría revertir esta tendencia con alianzas público-privadas para formación continua, pero la ausencia de visión integral lo impide.
En el análisis de la situación presupuestaria, queda claro que el gasto salud 2026 no responde a las necesidades reales de la mayoría. Mientras el gobierno federal destaca el crecimiento nominal, voces expertas como las de Ethos Innovación en Políticas Públicas subrayan la exclusión sistemática, basándose en datos de la Medición de la Pobreza Multidimensional que pintan un panorama desolador para 44.5 millones. De manera similar, referencias a indicadores del INEGI sobre enfermedades crónicas refuerzan la urgencia de un replanteamiento, y observaciones de la CNDH sobre esperas en consultas añaden peso a las críticas por la infraestructura deficiente, recordándonos que la salud no es un lujo, sino un derecho postergado.
