Moody’s advierte que México enfrentará serios desafíos fiscales si no eleva su recaudación fiscal de manera significativa. La agencia calificadora internacional ha puesto el dedo en la llaga al señalar que las medidas actuales del gobierno federal no bastan para cubrir los crecientes gastos fijos, como los programas sociales y el soporte a Petróleos Mexicanos (PEMEX). En un contexto donde la deuda pública se proyecta a superar el 50% del PIB para 2027, esta alerta resuena con fuerza en el panorama económico nacional, obligando a un replanteamiento de las estrategias tributarias.
La recaudación fiscal en México, que actualmente ronda el 16% del PIB, se encuentra en un punto crítico. Según análisis de expertos en calificaciones crediticias, el país necesita implementar reformas estructurales para evitar que los compromisos inamovibles devoren los recursos disponibles. Renzo Merino, oficial sénior de Moody’s, enfatizó durante un foro en Ciudad de México que “PEMEX sigue siendo un problema” para las finanzas públicas, destacando cómo el lastre de la petrolera estatal agrava la situación. Este diagnóstico no es aislado; refleja una tendencia donde los pagos de intereses por la deuda consumen cerca del 17% de los ingresos federales, dejando poco margen para inversiones en áreas clave como infraestructura o educación.
Desafíos en la recaudación fiscal de México
El peso de los gastos rígidos en el presupuesto
Los gastos rígidos representan una carga cada vez más pesada para el erario público. En el primer año de la administración actual, se ha observado un incremento en las transferencias sociales directas a familias vulnerables, una política emblemática que, aunque socialmente loable, presiona las arcas estatales. Paralelamente, el financiamiento continuo a PEMEX, que desde 2019 dejó de ser un contribuyente neto a las finanzas públicas, agrava el desequilibrio. Moody’s mantiene la calificación crediticia de México en ‘Baa2’, el escalón más bajo del grado de inversión, precisamente por estos factores. Sin una elevación en la recaudación fiscal, el margen operativo para otros rubros se reduce drásticamente, limitando el crecimiento económico sostenido.
El Plan de Presupuesto para 2026 anticipa un déficit fiscal del 4.1% del PIB, una cifra superior al 3.5% inicialmente estimado por la Secretaría de Hacienda. Esta revisión al alza subraya la urgencia de medidas más ambiciosas. La recaudación fiscal no solo debe cubrir lo esencial, sino también generar excedentes para amortiguar shocks externos, como fluctuaciones en los precios del petróleo o tensiones comerciales globales. En este sentido, el gobierno ha propuesto iniciativas como aranceles a importaciones de países sin tratados de libre comercio, como China, y un fortalecimiento en la recaudación aduanera. Sin embargo, analistas coinciden en que estas son parches temporales; una verdadera transformación pasa por una reforma fiscal integral que amplíe la base tributaria sin asfixiar a los contribuyentes.
PEMEX como obstáculo clave en las finanzas públicas
Problemas operativos y deuda persistente en la petrolera
PEMEX emerge como el talón de Aquiles en la ecuación de la recaudación fiscal de México. A pesar de inyecciones gubernamentales por miles de millones de dólares en 2025, la calificación de la empresa sin apoyo estatal se mantiene en ‘Caa’, un nivel alarmante que refleja deficiencias crónicas en refinación de crudo y falta de inversión estructural. Roxana Muñoz, especialista en Moody’s, proyecta que la deuda de PEMEX podría reducirse a 78 mil millones de dólares para 2027, desde los actuales 99 mil 900 millones, lo que ahorraría unos 5 mil millones en pagos de intereses. No obstante, esta mejora depende de factores volátiles, como los precios internacionales del crudo, que han sido impredecibles en los últimos años.
La dependencia del gobierno en PEMEX no solo drena recursos, sino que distorsiona el equilibrio presupuestal general. La recaudación fiscal debe, por tanto, priorizar la diversificación de ingresos más allá de los hidrocarburos. El Plan México, enfocado en fomentar el consumo nacional y el desarrollo industrial, podría ser un catalizador, pero requiere complementos como una mayor eficiencia en la administración tributaria. Moody’s insiste en que, sin elevar la recaudación fiscal al menos al 20% del PIB en el mediano plazo, México arriesga una degradación crediticia que encarecería aún más el endeudamiento soberano.
En el ámbito de la deuda pública, las proyecciones de Moody’s pintan un panorama mixto. Aunque el 50% del PIB no es un umbral catastrófico comparado con otros emergentes, el costo de servicio —ese 17% de ingresos federales— es lo que realmente inquieta. Esto obliga a un escrutinio detallado de cada peso recaudado. La recaudación fiscal en México ha mostrado avances marginales gracias a digitalizaciones en el SAT, pero persisten evasiones en sectores informales que representan hasta el 50% de la economía. Abordar esto demandaría no solo herramientas tecnológicas, sino también incentivos para la formalización, integrando a más actores en el esquema tributario sin generar resistencias sociales.
Hacia una reforma fiscal estructural
Medidas temporales vs. soluciones permanentes
Las propuestas del subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, como el impulso al consumo interno y la optimización aduanera, son pasos en la dirección correcta, pero insuficientes para una elevación sostenida de la recaudación fiscal. Moody’s advierte que México deberá confrontar la necesidad de una reforma fiscal profunda, a pesar de las reticencias oficiales. Esta reforma podría incluir ajustes en impuestos al valor agregado, gravámenes a grandes fortunas o incentivos fiscales para industrias verdes, todo ello alineado con metas de sostenibilidad económica.
La recaudación fiscal también se ve influida por el contexto macroeconómico. Con un crecimiento proyectado modesto para 2026, impulsado por el nearshoring y la integración en cadenas de suministro globales, el gobierno tiene una ventana para actuar. Sin embargo, ignorar las alertas de Moody’s podría perpetuar un ciclo vicioso: más deuda, mayores intereses y menos espacio para políticas contracíclicas. En este marco, la estabilidad macroeconómica depende de equilibrar equidad social con responsabilidad fiscal, un delicado malabarismo que definirá el legado de la actual administración.
Expertos en calificaciones soberanas, como los consultados en foros recientes, subrayan que la trayectoria de la deuda no es irreversible si se actúa con prontitud. La recaudación fiscal en México podría beneficiarse de benchmarks internacionales, adaptando modelos exitosos de países como Chile o Colombia, que han elevado sus bases tributarias mediante campañas de compliance y digitalización. Moody’s, en su informe detallado, destaca que el pago de intereses ya roza niveles insostenibles, un recordatorio de que la prudencia fiscal no es opcional.
En discusiones especializadas sobre solvencia pública, se ha mencionado que el incremento en transferencias sociales, aunque vital para la cohesión, debe calibrarse con proyecciones realistas de ingresos. De igual modo, el análisis de la deuda de PEMEX, según perspectivas de agencias internacionales, revela oportunidades en la transición energética, donde una mayor eficiencia operativa podría liberar recursos para la recaudación fiscal general. Finalmente, agencias como EFE han reportado en coberturas recientes que estas dinámicas fiscales no solo afectan al gobierno federal, sino que repercuten en la confianza de inversionistas globales, subrayando la interconexión entre políticas internas y percepciones externas.
