Alza 30% IEPS cigarros representa una amenaza inminente para la economía formal y la salud pública en México, según advierten expertos del sector tabacalero. Esta propuesta fiscal, que busca elevar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en más del 30% a partir de 2026, podría disparar el mercado ilegal de tabaco hasta duplicar su tamaño actual, alcanzando el 50% del consumo total. Con un incremento mínimo de 20 pesos por cajetilla, el impacto no solo afectaría a los consumidores habituales, sino que potenciaría el contrabando y el financiamiento de actividades ilícitas, dejando al erario con pérdidas millonarias.
El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), que agrupa a las principales empresas como Philip Morris México, British American Tobacco y Japan Tobacco International, ha elevado la voz de alerta ante esta medida. Actualmente, una de cada cinco cajetillas vendidas en el país es ilegal, lo que ya genera un déficit fiscal de entre 13,000 y 15,000 millones de pesos al año, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Si se aprueba el alza 30% IEPS cigarros, las organizaciones criminales podrían monopolizar la distribución, convirtiendo el tabaco en una fuente aún más lucrativa para el crimen organizado.
Impacto económico del alza 30% IEPS cigarros en el mercado ilícito
El crecimiento explosivo del mercado ilegal de tabaco en México es un fenómeno bien documentado. Entre 2017 y 2023, este segmento se expandió en un impresionante 240%, pasando de una participación del 8.5% al 20.4% del consumo nacional, según el estudio "El consumo de cigarros ilícitos en México" del Instituto Nacional de Salud Pública. Este avance se debe en gran medida a incrementos previos en el IEPS, que han hecho que los productos formales sean menos competitivos frente a las alternativas contrabandeadas, a menudo procedentes de países vecinos con regulaciones más laxas.
Crecimiento del contrabando y pérdidas fiscales
La propuesta no solo ignora estas tendencias históricas, sino que las acelera. El alza 30% IEPS cigarros elevaría la cuota específica del impuesto de 0.6445 pesos por cigarro en 2025 a 1.1584 pesos por unidad en 2030, un salto que desincentivaría las compras legales y fomentaría el ingreso de marcas falsificadas o importadas ilegalmente. Expertos estiman que esto podría resultar en una evasión fiscal adicional de miles de millones, ya que el gobierno no ha fortalecido los mecanismos de control aduanero ni las inspecciones en puntos de venta minoristas.
Además, el impacto se extendería a los pequeños comercios, que enfrentarían extorsiones crecientes por parte de grupos delictivos que buscan imponer su dominio en la distribución informal. En regiones fronterizas como Tijuana o Ciudad Juárez, donde el contrabando ya es rampante, el alza 30% IEPS cigarros podría transformar el tabaco en un commodity tan atractivo como otras mercancías ilícitas, exacerbando la inseguridad y el lavado de dinero.
Consecuencias para la salud y la sociedad por el alza 30% IEPS cigarros
Más allá de lo económico, el alza 30% IEPS cigarros plantea serios riesgos para la salud pública, especialmente entre poblaciones vulnerables. Los productos ilegales carecen de controles de calidad, lo que aumenta la exposición a sustancias tóxicas no reguladas, incrementando el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Paradójicamente, esta medida podría elevar el consumo entre menores de edad, ya que el tabaco ilícito se vende a precios más accesibles y sin restricciones en mercados informales, como tianguis o puestos callejeros.
Financiamiento al crimen organizado mediante tabaco ilegal
Un aspecto alarmante es el vínculo entre el mercado ilegal de tabaco y el crimen organizado. Estudios recientes, como "Cigarros Ilegales y Crimen Organizado" del Colegio de México, revelan que los recursos generados por el contrabando de cigarros financian operaciones más graves, incluyendo narcotráfico, trata de personas y extorsión. En un país donde la violencia relacionada con el crimen organizado ya cobra miles de vidas al año, el alza 30% IEPS cigarros actuaría como un catalizador involuntario, fortaleciendo las redes delictivas que operan en puertos y rutas terrestres clave.
La industria tabacalera legal argumenta que, en lugar de incrementos punitivos, se necesita una estrategia integral que incluya tecnología de rastreo en empaques y campañas de sensibilización. Sin embargo, la propuesta actual, presentada el 8 de septiembre ante el Congreso de la Unión, prioriza la recaudación inmediata para destinarla a salud y bienestar, sin considerar las distorsiones a largo plazo. En 2024, pese a alzas previas, la recaudación por IEPS en tabacos labrados cayó un 7%, de 50,400 millones de pesos en 2023 a 46,900 millones, demostrando la ineficacia de esta aproximación.
Alternativas al alza 30% IEPS cigarros para una fiscalidad equilibrada
Frente a estos desafíos, el Conainta propone una reforma fiscal equilibrada que combata el mercado ilegal de tabaco sin penalizar a los consumidores responsables. Esto incluye la promoción de productos de nicotina menos dañinos, como bolsas orales o dispositivos de vaporización, que según evidencia científica internacional generan hasta un 99% menos de sustancias tóxicas al evitar la combustión. Países como Suecia han visto su tasa de tabaquismo descender al 5% gracias a la adopción masiva de estas alternativas, un modelo que México podría emular.
Impuesto del 200% a productos de nicotina: ¿Un paso atrás?
La iniciativa también contempla un impuesto especial del 200% a estos productos alternativos, lo que la industria califica como contraproducente. En vez de fomentar la transición hacia opciones más seguras, este gravamen desincentivaría su uso, manteniendo a los fumadores atados a los cigarros tradicionales y perpetuando los riesgos asociados al humo. Organizaciones como la Conainta exhortan a un diálogo multipartita con legisladores y autoridades para evaluar impactos reales, priorizando datos sobre proyecciones optimistas.
En este contexto, el alza 30% IEPS cigarros no solo amenaza la recaudación esperada, sino que podría erosionar la confianza en el sistema fiscal. La industria formal, que genera empleo y paga impuestos puntualmente, se ve amenazada por un ecosistema donde el ilícito gana terreno. Implementar medidas como inspecciones aleatorias en expendios y alianzas con aduanas fortalecería la cadena de suministro legal, reduciendo la brecha entre formal e informal.
Para mitigar estos efectos, expertos sugieren una actualización gradual del IEPS, acoplada a incentivos para la innovación en productos de bajo riesgo. Esto no solo preservaría la salud pública, sino que alinearía la política fiscal con objetivos de desarrollo sostenible, evitando que el alza 30% IEPS cigarros se convierta en un boomerang para el gobierno.
En discusiones recientes con representantes de la Confederación de Cámaras Industriales, se ha resaltado cómo datos del Instituto Nacional de Salud Pública subrayan la urgencia de equilibrar impuestos con prevención. Del mismo modo, análisis del Colegio de México sobre el nexo entre tabaco ilegal y crimen organizado invitan a una reflexión más profunda, recordando que soluciones unilaterales rara vez abordan la complejidad del problema.
Finalmente, voces desde la industria, como las de Philip Morris México, enfatizan en foros cerrados la necesidad de evidencia científica para guiar reformas, citando casos internacionales que priorizan la reducción de daños sobre prohibiciones absolutas.
