Alza del 87% en el IEPS a bebidas azucaradas genera rechazo inmediato de las refresqueras, que argumentan un golpe directo a sus ganancias en un mercado saturado. Esta propuesta, impulsada por el gobierno federal en el Paquete Económico 2026, busca elevar el impuesto de 1.6451 pesos a 3.0818 pesos por litro, con el fin de desincentivar el consumo excesivo y recaudar recursos para la salud pública. Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, ha sido claro al señalar que la oposición de las empresas refresqueras se debe precisamente a que conocen el efecto disuasorio de estas medidas fiscales. "Las refresqueras se enojan porque saben que funcionan y les pegan a sus ingresos", declaró Clark, enfatizando que sin una reducción real en el consumo, las compañías no mostrarían tal resistencia.
El debate alrededor del alza del 87% en el IEPS no es nuevo en México, donde el país lidera el consumo per cápita mundial de refrescos con 24,000 millones de litros anuales. Desde la implementación inicial del IEPS en 2014, con un monto de un peso por litro, se registró una caída del 5.5% en el primer año y del 9.7% en el segundo, según datos oficiales. Esta experiencia local se alinea con tendencias globales observadas en 119 países que han adoptado impuestos similares a bebidas azucaradas. El objetivo principal trasciende la mera recaudación: se estima que el nuevo ajuste generará 41,000 millones de pesos, destinados íntegramente a combatir enfermedades crónicas ligadas al sobrepeso y la obesidad, como diabetes e hipertensión.
Impacto del alza del 87% en el IEPS en el sector refresquero
Argumentos de las refresqueras contra el incremento fiscal
Las refresqueras han elevado la voz contra el alza del 87% en el IEPS, advirtiendo sobre consecuencias catastróficas para su cadena de valor. Representantes de cámaras empresariales, como la Asociación Nacional de la Industria de Bebidas Refrescantes, han alertado que este salto impositivo podría duplicar los precios finales al consumidor, provocando el cierre masivo de tiendas de conveniencia y un desequilibrio en el empleo del sector. Estas afirmaciones, sin embargo, han sido calificados por Clark como exageraciones alarmistas destinadas a presionar al Congreso. En su lugar, el funcionario proyecta un ajuste modesto: una lata de refresco que cuesta 20 pesos subiría apenas a 20.50, mientras que una botella de 600 mililitros pasaría de 25 a 26 pesos, y una de tres litros aumentaría unos tres pesos. Tal impacto, argumenta, no empobrece a los hogares, sino que incentiva elecciones más saludables.
El rechazo de las refresqueras al alza del 87% en el IEPS se enmarca en un contexto de márgenes ajustados por la inflación y la competencia feroz. Empresas líderes como Coca-Cola y PepsiCo, que dominan más del 70% del mercado mexicano, dependen de volúmenes altos para mantener rentabilidad. Un descenso del 7% en el consumo, como se prevé con esta medida, representaría miles de millones en ventas perdidas, afectando no solo ganancias directas sino también la distribución y el empleo en regiones rurales donde la industria refresquera es pilar económico. Críticos del sector señalan que estas compañías han invertido en campañas de marketing para contrarrestar regulaciones pasadas, promoviendo versiones "light" o "cero", pero el nuevo IEPS abarca todas las bebidas con contenido calórico, cerrando escapes regulatorios.
Evidencias internacionales del éxito de impuestos a bebidas azucaradas
Reducción de consumo y beneficios para la salud pública
Experiencias globales respaldan la efectividad del alza del 87% en el IEPS como herramienta de salud pública. En Sudáfrica, un impuesto similar provocó una caída del 29% en el consumo de refrescos en solo un año, mientras que en Chile se registró una disminución del 21%. Más impactante aún es el caso de Berkeley, California, donde tras tres años de aplicación, el consumo se redujo en un 52%, con ahorros significativos en tratamientos médicos. Estos datos, citados por Clark, ilustran cómo el IEPS no solo modera hábitos, sino que alivia sistemas de salud sobrecargados. En México, donde cuatro de cada diez consultas en el IMSS giran en torno a obesidad y diabetes, el potencial es enorme: se realizan 27,000 amputaciones anuales por complicaciones diabéticas, y más de 100,000 muertes se atribuyen directamente a esta enfermedad.
El Paquete Económico 2026, que incluye el alza del 87% en el IEPS, destina los 41,000 millones de pesos recaudados a expandir servicios clave. Esto abarca más sesiones de hemodiálisis para las 100,000 personas que la requieren anualmente, trasplantes renales y adquisición de medicamentos innovadores contra la obesidad. Clark resalta que el IMSS-Bienestar, con un presupuesto de 200,000 millones para 50 millones de afiliados, vería un impulso del 20% gracias a estos fondos. Actualmente, el gasto en enfermedades relacionadas con el sobrepeso —diabetes, hipertensión e infartos— consume 180,000 millones de pesos solo en IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar. La medida, por tanto, no es punitiva, sino estratégica: fomenta la transición a agua potable o infusiones naturales, reduciendo la carga fiscal futura.
Desafíos económicos y políticos del IEPS a refrescos
Presión al Congreso y rol del gobierno federal
El rechazo de las refresqueras al alza del 87% en el IEPS ha intensificado el escrutinio sobre el Paquete Económico 2026 en el Congreso, donde Morena y aliados buscan su aprobación rápida. Eduardo Clark, alineado con la visión de la Secretaría de Salud, defiende que el impuesto no prohíbe el placer de una bebida ocasional, sino que corrige externalidades negativas: el costo social de la obesidad supera con creces los ingresos fiscales perdidos por las empresas. En un país donde una de cada tres muertes por infarto vincula a hipertensión diabética, ignorar estas estadísticas sería negligente. Las refresqueras, por su parte, proponen alternativas como etiquetado frontal más estricto o campañas educativas, pero Clark las ve como dilatorias, ya que no alteran el patrón de consumo masivo.
La industria refresquera, con plantas en todo el territorio nacional, genera miles de empleos directos e indirectos, desde agricultores de caña hasta transportistas. El alza del 87% en el IEPS podría ripplear hacia estos eslabones, elevando costos logísticos y presionando a pequeños distribuidores. Sin embargo, defensores de la medida argumentan que los ahorros en salud compensan ampliamente: México gasta más en tratar diabetes que en educación básica en algunas regiones. Clark ha instado a legisladores a priorizar evidencia científica sobre lobbies corporativos, recordando que el IEPS de 2014 no destruyó el sector, sino que lo obligó a innovar con fórmulas bajas en azúcar.
En el panorama más amplio, el alza del 87% en el IEPS refleja una apuesta del gobierno federal por la prevención sobre la curación reactiva. Mientras las refresqueras calculan pérdidas en ganancias, el enfoque en salud integral podría transformar hábitos nacionales a largo plazo. Expertos en políticas públicas coinciden en que medidas como esta, aunque controvertidas, han probado su valía en contextos similares, equilibrando economía y bienestar.
Como se desprende de análisis en publicaciones especializadas en economía y salud, como reportes del IMSS y estudios internacionales citados por funcionarios, la dinámica entre impuestos y consumo revela patrones consistentes. Además, declaraciones recientes de representantes gubernamentales en foros sobre el Paquete Económico 2026 subrayan la necesidad de fondos dedicados, mientras que observadores del sector privado, en entrevistas con medios financieros, cuestionan el timing en un entorno inflacionario. Estas perspectivas, recopiladas de diversas fuentes confiables, ilustran la complejidad del debate sin resolver tensiones inherentes.
