Estado de derecho es fundamental para impulsar el crecimiento económico con prosperidad en México, según advierte el Banco de México en su más reciente análisis. En un contexto de tensiones comerciales globales y oportunidades como el nearshoring, el banco central subraya que sin un marco sólido de seguridad jurídica, el país no podrá maximizar su potencial productivo ni atraer inversiones sostenibles. Este principio no solo garantiza derechos de propiedad y cumplimiento de contratos, sino que también combate la inseguridad y la corrupción, elementos que han sido señalados consistentemente por empresarios como barreras clave al desarrollo.
El Reporte sobre las Economías Regionales del Banco de México, correspondiente al segundo trimestre de 2025, revela que la productividad laboral ha crecido de manera modesta en las últimas dos décadas, con un promedio bajo en todas las regiones del territorio nacional. La región centro-norte destaca con un ligero avance, seguida por las zonas norte y centro, pero el panorama general indica la necesidad de reformas estructurales. Aquí, el estado de derecho emerge como pilar esencial para incentivar el uso eficiente de recursos y fomentar un ambiente de negocios competitivo. Sin estas bases, el crecimiento económico podría limitarse a avances temporales, sin traducirse en prosperidad compartida.
Fortaleciendo el estado de derecho para un crecimiento inclusivo
Seguridad pública como motor de inversión
El estado de derecho no es un concepto abstracto, sino una herramienta concreta para el crecimiento económico. El Banco de México enfatiza que garantizar la seguridad pública es prioritario, ya que la inseguridad disuade a las empresas de invertir en proyectos de largo plazo. En las encuestas trimestrales realizadas a más de 500 directivos empresariales, se ha repetido durante más de 14 años la demanda de acciones firmes contra la violencia y el crimen organizado. Estas medidas no solo protegen los activos, sino que también elevan la confianza en el sistema judicial, permitiendo que el nearshoring —ese flujo de relocalizaciones industriales desde Asia hacia México— se acelere sin interrupciones.
Además, el respeto a los contratos y los derechos de propiedad son inseparables del estado de derecho. Sin ellos, las cadenas de suministro regionales, fortalecidas por el T-MEC, enfrentan riesgos innecesarios. El acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá ofrece un trato preferencial que podría posicionar a México como hub manufacturero, pero solo si se resuelven estos desafíos internos. El banco central advierte que la corrupción, otro lastre, erosiona la eficiencia y desvía recursos que podrían destinarse a innovación y capacitación laboral.
Oportunidades del nearshoring en medio de tensiones globales
El nearshoring representa una ventana única para el estado de derecho en el contexto del crecimiento económico. Aunque el proceso de relocalización de empresas ha desacelerado en comparación con años previos, debido a amenazas de aranceles y un mayor proteccionismo en Estados Unidos, México aún atrae inversiones por su proximidad geográfica y costos competitivos. El Banco de México destaca que para capitalizar esta coyuntura, es imprescindible generar condiciones propicias para la inversión, donde el estado de derecho actúe como ancla de estabilidad.
En este sentido, el reporte regional ilustra cómo las regiones norte y centro podrían beneficiarse más de estas dinámicas, siempre que se combata la inseguridad de manera efectiva. La productividad, clave para la prosperidad, depende de entornos donde las empresas operen sin temor a expropiaciones arbitrarias o incumplimientos contractuales. El estado de derecho, por ende, no solo mitiga riesgos, sino que amplifica los beneficios del T-MEC, promoviendo un comercio más fluido y cadenas de valor robustas en América del Norte.
Impacto de la corrupción en la productividad laboral
La baja productividad laboral observada en México durante las últimas dos décadas subraya la urgencia de fortalecer el estado de derecho. Factores como la corrupción y la debilidad institucional han frenado el avance, limitando el crecimiento económico a tasas insuficientes para una prosperidad generalizada. El Banco de México propone que, al reducir estos obstáculos, se liberen recursos para educación técnica y tecnología, elevando la eficiencia en sectores como la manufactura y los servicios.
En regiones como el centro-norte, donde la productividad ha sido marginalmente superior, se evidencia que inversiones en infraestructura segura y marcos legales claros generan retornos positivos. Sin embargo, sin un compromiso nacional con el estado de derecho, estas ventajas regionales no se extenderán al resto del país, perpetuando desigualdades que socavan la cohesión social y el potencial exportador.
Desafíos globales y fuentes internas de crecimiento
Las tensiones comerciales internacionales, incluyendo posibles aranceles sobre bienes adicionales, han pausado algunos proyectos de nearshoring, según el análisis del Banco de México. Esto resalta la vulnerabilidad de depender exclusivamente de flujos externos; por ello, el estado de derecho se posiciona como catalizador para fuentes internas de crecimiento. Fortalecer el ambiente de negocios mediante políticas anticorrupción y judiciales ágiles permitiría a las pymes mexicanas integrarse mejor a las cadenas globales, diversificando la economía más allá de la asamblea transfronteriza.
El reporte también alude a la necesidad de un desarrollo inclusivo, donde el estado de derecho no solo impulse el PIB, sino que distribuya sus frutos de manera equitativa. En un país con disparidades regionales marcadas, ignorar este principio podría exacerbar brechas, convirtiendo el crecimiento en un lujo para unos pocos. En cambio, un enfoque integral, con énfasis en la seguridad y la transparencia, pavimentaría el camino hacia una prosperidad sostenible.
Para contextualizar estas recomendaciones, vale la pena mencionar que el equipo de investigación económica del Banco de México basa sus conclusiones en datos recopilados de encuestas directas a empresarios, un método que ha perdurado por más de una década y media. De igual modo, observadores como Yolanda Morales, con años de experiencia en macroeconomía, han destacado en coberturas especializadas cómo estos elementos se entrelazan con la política monetaria diaria. Finalmente, informes complementarios de organismos financieros internacionales refuerzan que, en economías emergentes como la nuestra, el estado de derecho es el hilo conductor entre volatilidad global y estabilidad local.
