Aumento 5.8% en el gasto en salud representa un paso modesto en el presupuesto federal para 2024, pero expertos coinciden en que no alcanza para materializar un sistema de salud universal en México. Este incremento, detallado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), eleva los recursos destinados a la salud a 962,369 millones de pesos, un crecimiento nominal respecto al año anterior. Sin embargo, en términos reales y ajustados por inflación, el avance es limitado, manteniendo al sector en niveles históricamente bajos que perpetúan desigualdades en el acceso a servicios médicos. El gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) apenas rozará el 2.8% en 2024, lejos del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar cobertura adecuada en naciones en desarrollo.
Este panorama refleja desafíos estructurales en la política pública mexicana, donde la salud compite con prioridades como pensiones y deuda pública. Mientras el rubro de pensiones absorberá el 22% del presupuesto total proyectado en 9.06 billones de pesos, y el servicio de la deuda el 13.9%, la salud se conforma con el 10.6%. Analistas destacan que, para igualar el nivel de pensiones, el gasto en salud requeriría duplicarse a unos 2 billones de pesos, una cifra que parece inalcanzable sin reformas profundas. El aumento 5.8% en el gasto en salud, aunque bienvenido, no revierte la tendencia descendente observada desde 2018, cuando el porcentaje del PIB en este sector era similar, pero la población sin acceso a servicios ha crecido drásticamente.
Desafíos en el Gasto en Salud Pública Mexicana
Bajo Financiamiento y su Impacto en la Cobertura
El bajo nivel de financiamiento ha exacerbado la carencia de acceso a la salud, pasando del 16.2% de la población en 2018 al 39.1% en 2022, según datos de organismos independientes. Este deterioro se atribuye no solo a la pandemia de COVID-19, sino a la desarticulación de sistemas previos como el Seguro Popular, reemplazado por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuya implementación ha enfrentado críticas por ineficiencias operativas. El gasto per cápita en salud para 2024 se estima en 2,200 pesos, una cifra inferior a los 2,700 pesos de 2012, lo que significa menos recursos por persona en un contexto de envejecimiento poblacional y enfermedades crónicas en aumento.
Expertos en presupuestos públicos subrayan que el aumento 5.8% en el gasto en salud no considera estos factores demográficos. Por ejemplo, la atención a adultos mayores y niños en zonas rurales demanda inversiones focalizadas que el presupuesto actual no prioriza suficientemente. Además, la dependencia de ingresos petroleros volátiles y una recaudación tributaria estancada limita la capacidad de expansión. En este sentido, el techo de endeudamiento interno solicitado por el gobierno, de 1.9 billones de pesos, podría destinarse a salud, pero en la práctica se diluye en otros compromisos fiscales.
Hacia un Sistema de Salud Universal: Obstáculos y Propuestas
Necesidad de Reforma Fiscal para Fortalecer el Sector
Lograr un sistema de salud universal exige más que incrementos marginales; requiere una reforma fiscal progresiva que incremente los ingresos públicos sin sobrecargar a la población de bajos recursos. La última reforma fiscal data de 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón, y desde entonces, México ha perdido oportunidades para gravar a grandes contribuyentes. Organizaciones especializadas proponen revisar los gastos fiscales que benefician a empresas y altos ingresos, estimados en 1.33% del PIB solo en el Impuesto Sobre la Renta para el ejercicio actual. Estos recursos, redirigidos, podrían impulsar el gasto en salud y educación, dos áreas críticas para el desarrollo nacional.
El Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), creado para centralizar recursos, representa un avance, pero su operación enfrenta retos en transparencia y eficiencia. Investigadores recomiendan limitar su uso discrecional y fortalecer mecanismos de rendición de cuentas para evitar desvíos. Sin estas mejoras, el aumento 5.8% en el gasto en salud se diluirá en burocracia en lugar de llegar a hospitales y clínicas. En comparación con países de la región como Brasil o Chile, que destinan cerca del 5% de su PIB a salud, México queda rezagado, lo que impacta en indicadores como la esperanza de vida y la mortalidad infantil.
Otro aspecto clave es la integración de servicios públicos y privados. Actualmente, el sector privado cubre a un segmento privilegiado, mientras el público lucha con desabasto de medicamentos y equipo. Para transitar a la universalidad, se necesita un modelo híbrido que incentive la participación privada bajo regulaciones estrictas, financiado por un presupuesto robusto. El aumento 5.8% en el gasto en salud podría ser un catalizador si se acompaña de políticas que fomenten alianzas público-privadas, pero la ausencia de una estrategia clara genera escepticismo entre analistas.
Comparación Histórica del Gasto en Salud en México
Mirando hacia atrás, el gasto en salud ha fluctuado sin una tendencia ascendente sostenida. Entre 2018 y 2023, se mantuvo por debajo del 3% del PIB, un umbral que la OMS califica como insuficiente para prevenir crisis sanitarias. En 2020, durante la pandemia, hubo un pico temporal, pero los recortes posteriores revirtieron ganancias. El presupuesto para 2024, con su aumento 5.8% en el gasto en salud, posiciona al sector como la cuarta función más financiada, por detrás de energía y desarrollo social, pero aún vulnerable a ajustes por déficits fiscales.
La deuda pública, que absorbe una porción significativa del presupuesto, complica el panorama. Con ingresos por deuda representando el 19.2% de los totales, según evaluaciones independientes, hay menos margen para salud. Esto resalta la urgencia de diversificar fuentes de ingresos, como impuestos verdes o digitales, que podrían inyectar fondos sin elevar la carga impositiva general. En este contexto, el aumento 5.8% en el gasto en salud se percibe como un parche temporal, no como una solución estructural.
Para el próximo sexenio, los pendientes son claros: elevar el gasto per cápita, optimizar fondos como Fonsabi y asegurar transparencia en la asignación de recursos. Sin embargo, sin una reforma fiscal integral, estos objetivos permanecerán en el papel. Países vecinos han avanzado mediante coaliciones multipartidistas, un modelo que México podría emular para priorizar la salud sobre intereses sectoriales.
En discusiones recientes con investigadores del sector, se ha enfatizado que el análisis del CIEP sobre el PPEF revela patrones recurrentes de subfinanciamiento, similares a los observados en informes anuales de México Evalúa. Por otro lado, organizaciones como Fundar han documentado cómo la carencia de acceso ha evolucionado desde 2018, basándose en datos del Coneval que confirman el salto al 39.1% en 2022. Finalmente, proyecciones de la OCDE, citadas en foros presupuestarios, insisten en que duplicar el gasto a 2 billones de pesos alinearía a México con estándares internacionales, un llamado que resuena en evaluaciones independientes del Instituto Mexicano para la Competitividad.
