La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha salido a defender a tres instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa enfrentan acusaciones de presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo, pero el gobierno mexicano asegura que no hay pruebas concretas.
El Departamento del Tesoro estadounidense apuntó a estas instituciones como piezas clave en operaciones de blanqueo de capitales para cárteles mexicanos. Sin embargo, Hacienda insiste en que no se han presentado datos que sustenten estas acusaciones. Las únicas evidencias verificadas son transferencias electrónicas a empresas chinas legalmente constituidas, parte del comercio bilateral de 139 mil millones de dólares anuales entre México y China.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino de manera temporal a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Esta acción busca sustituir sus órganos administrativos y representantes legales para proteger a los ahorradores y garantizar el cumplimiento de regulaciones. Las autoridades mexicanas destacan que estas medidas son preventivas y no afectan la estabilidad del sistema financiero.
CIBanco, con activos por 7 mil millones de dólares, e Intercam, con 4 mil millones, han negado rotundamente cualquier vínculo con actividades ilícitas. Ambas instituciones aseguran que sus operaciones son legales y están apegadas a las normativas nacionales e internacionales. Vector Casa de Bolsa, por su parte, también rechazó las acusaciones, destacando sus 50 años de trayectoria y auditorías constantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum exigió al gobierno estadounidense pruebas claras de las acusaciones. En su conferencia matutina, señaló que sin evidencia no se puede actuar y que las investigaciones mexicanas solo han encontrado irregularidades administrativas, sancionadas con multas de 134 millones de pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó transacciones con empresas chinas realizadas por más de 300 empresas mexicanas a través de al menos diez instituciones financieras. Hacienda subraya que estas operaciones son parte del comercio habitual y no necesariamente indican actividades ilícitas.
La Asociación de Bancos de México ha respaldado la solidez del sistema financiero nacional. Según el organismo, las intervenciones no representan un riesgo sistémico y las instituciones seguirán operando con normalidad bajo supervisión. El objetivo es garantizar estabilidad y confianza para los ahorradores.
Analistas han advertido que estas acusaciones representan un golpe reputacional para las instituciones involucradas. Algunos expertos consideran que la falta de coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses podría complicar la situación, mientras otros creen que estas medidas son solo el inicio de una serie de investigaciones más amplias.
Hacienda reitera que, de existir pruebas contundentes, actuará con todo el peso de la ley. Por ahora, las instituciones financieras intervenidas continuarán bajo revisión para esclarecer los señalamientos y garantizar la protección de los clientes.
El caso ha generado debate sobre la supervisión del sistema financiero mexicano y las relaciones con Estados Unidos. Mientras las investigaciones avanzan, el gobierno mexicano mantiene su postura de exigir pruebas claras para evitar acciones injustificadas contra las instituciones señaladas.
