La esterilización forzada de mujeres inuit en Groenlandia durante las décadas de 1960 y 1970 representa uno de los capítulos más oscuros de la historia colonial de Dinamarca. Este miércoles, los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia ofrecieron disculpas públicas a las víctimas de estas prácticas, que afectaron a miles de mujeres y niñas indígenas, muchas de las cuales fueron sometidas a la implantación de dispositivos intrauterinos (DIU) sin su consentimiento. Este acto, llevado a cabo con el objetivo de controlar el crecimiento demográfico en la isla ártica, dejó profundas heridas físicas y emocionales en las comunidades inuit, y las disculpas marcan un paso hacia la reconciliación histórica.
Entre los años 60 y 70, las autoridades danesas implementaron una política de control de natalidad que impactó a unas 4,500 mujeres y niñas, aproximadamente la mitad de la población fértil de Groenlandia en ese momento. La esterilización forzada se llevó a cabo mediante la colocación de DIU, a menudo sin informar a las afectadas sobre el procedimiento o sus consecuencias. Muchas de las víctimas, algunas de tan solo 12 o 13 años, sufrieron complicaciones de salud, infertilidad y traumas psicológicos duraderos. La práctica se justificaba por el rápido aumento de la población en Groenlandia, atribuido a mejores condiciones de vida y avances en la atención sanitaria, pero resultó en una violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres inuit.
El caso, conocido como el “escándalo de la espiral”, salió a la luz en 2022 gracias a una investigación periodística de la cadena pública danesa DR. Desde entonces, las víctimas han alzado la voz, exigiendo justicia y reparación. En 2024, 143 mujeres inuit demandaron al Estado danés, solicitando una compensación colectiva de aproximadamente 43 millones de coronas (unos 6.3 millones de dólares). Entre ellas se encuentra Naja Lyberth, quien tenía 14 años cuando le implantaron un DIU sin su consentimiento. Lyberth ha compartido cómo el procedimiento le causó un dolor indescriptible y una sensación de pérdida de control sobre su cuerpo, reflejando el impacto devastador de la esterilización forzada en su vida y en la de muchas otras.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reconoció la responsabilidad de su país en estas prácticas, afirmando que las mujeres inuit fueron objeto de una “discriminación sistemática” que resultó en daños físicos y psicológicos. En un comunicado, Frederiksen expresó: “No podemos cambiar lo sucedido, pero sí podemos asumir la responsabilidad. Lo siento”. Por su parte, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, también ofreció disculpas y anunció que se facilitará una compensación para las afectadas que lo soliciten. Estas disculpas se suman a las emitidas en 2022 a seis inuit que fueron separados de sus familias en los años 50 como parte de un experimento social, evidenciando un patrón de abusos históricos hacia la población indígena de Groenlandia.
La esterilización forzada no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de políticas coloniales que buscaban “modernizar” Groenlandia a costa de los derechos de sus habitantes. Durante el mismo período, miles de pescadores y cazadores inuit fueron reubicados de aldeas costeras a bloques de apartamentos en Nuuk, la capital, en un intento de reorganizar la economía pesquera. Estas reubicaciones forzadas generaron desarraigo, alcoholismo y depresión en muchas comunidades. Además, en los años 50, un grupo de niños inuit fue enviado a Dinamarca para ser educados como una “élite” que modernizaría la isla, pero muchos perdieron su lengua y su conexión con sus familias, agravando el trauma colectivo.
El impacto de la esterilización forzada sigue siendo palpable en Groenlandia, donde la población inuit, que constituye el 90% de los 56,000 habitantes de la isla, lucha por sanar las heridas del pasado colonial. La investigación conjunta entre Dinamarca y Groenlandia, iniciada en 2022, busca esclarecer los detalles de estas prácticas y está programada para publicar sus resultados en septiembre de 2025. Sin embargo, las víctimas, muchas de las cuales superan los 80 años, han expresado su urgencia por recibir justicia antes de que sea demasiado tarde. La demanda colectiva no solo busca una compensación económica, sino también el reconocimiento del daño infligido y la restauración de la dignidad de las afectadas.
La relación entre Dinamarca y Groenlandia ha sido compleja desde que la isla dejó de ser una colonia en 1953 para convertirse en una provincia danesa. En 1979, Groenlandia obtuvo autonomía, y en 2009 amplió sus competencias, aunque Dinamarca aún controla sus asuntos de defensa y exteriores. Las disculpas por la esterilización forzada son un intento de abordar las heridas de esta historia compartida, pero también han reavivado el debate sobre la independencia de Groenlandia. Algunos líderes locales, como el primer ministro Múte Egede, han expresado su deseo de profundizar en la autonomía, mientras que las recientes declaraciones de figuras como Donald Trump, quien ha manifestado interés en controlar la isla por razones geopolíticas, han complicado aún más el panorama.
El caso de la esterilización forzada ha resonado en la comunidad internacional, recordando otros episodios de violaciones a los derechos reproductivos de poblaciones indígenas en el mundo. En Groenlandia, las mujeres afectadas han encontrado apoyo en iniciativas como el grupo de Facebook creado por Naja Lyberth, donde más de 70 mujeres han compartido sus experiencias. Este espacio ha permitido visibilizar el trauma colectivo y fortalecer la lucha por la justicia. La cobertura mediática, liderada por investigaciones periodísticas, ha sido clave para sacar a la luz estas historias, que durante décadas permanecieron en las sombras.
Organizaciones de derechos humanos en Groenlandia y Dinamarca han respaldado las demandas de las mujeres inuit, destacando la importancia de reconocer las violaciones del pasado para construir un futuro más equitativo. Las disculpas de Frederiksen y Nielsen han sido bien recibidas, pero las víctimas insisten en que las palabras deben ir acompañadas de acciones concretas, como compensaciones justas y políticas que garanticen que estas prácticas no se repitan. La investigación en curso, según fuentes cercanas al proceso, promete arrojar luz sobre la magnitud de los procedimientos realizados entre 1960 y 1991, cuando Groenlandia asumió el control de su sector sanitario.
Voces locales han señalado que el impacto de la esterilización forzada trasciende a las víctimas directas, afectando a generaciones enteras que crecieron en un contexto de desconfianza hacia las autoridades. La narrativa de modernización que justificó estas políticas en su momento es hoy cuestionada por historiadores y activistas, quienes argumentan que reflejaba una visión colonial arrogante hacia la cultura inuit. La prensa internacional ha seguido de cerca este caso, comparándolo con otros episodios históricos de abuso en contextos coloniales, lo que ha amplificado la presión sobre Dinamarca para actuar con celeridad.
El camino hacia la reconciliación entre Dinamarca y Groenlandia es largo, pero las disculpas por la esterilización forzada representan un avance significativo. Las mujeres inuit, al alzar la voz, no solo buscan justicia para sí mismas, sino también un reconocimiento de la resiliencia de su pueblo frente a décadas de políticas opresivas. Este episodio, según observadores locales, podría ser un punto de inflexión para redefinir la relación entre ambas naciones, promoviendo un diálogo basado en el respeto mutuo y la reparación histórica.
