Despenalización del aborto en Querétaro ha vuelto a encender las pasiones en el Congreso local, donde un dictamen en contra de esta iniciativa generó un nuevo caos legislativo. La tensión entre defensores de la vida y colectivos feministas alcanzó niveles críticos durante una sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dejando claro que el debate sobre los derechos reproductivos sigue siendo uno de los temas más divisivos en la entidad. En un ambiente cargado de protestas y acusaciones, los diputados optaron por rechazar la propuesta, argumentando que las decisiones judiciales ya protegen a las mujeres sin necesidad de cambios legislativos profundos. Esta resolución no solo ha avivado el fuego de la confrontación, sino que ha puesto en el centro del escrutinio público la postura conservadora de la mayoría panista en la LXI Legislatura.
La sesión que desató el desorden en la comisión
La sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se anunció de manera vaga, bajo el pretexto de discutir “asuntos pendientes”. Sin embargo, el verdadero propósito era votar sobre la iniciativa presentada por el diputado Paul Ospital Carrera de Movimiento Ciudadano, que buscaba avanzar en la despenalización del aborto. Esta omisión en la convocatoria fue el primer detonante de las críticas por parte del grupo parlamentario de Morena, que denunció un “desaseo” en el procedimiento. Mientras tanto, grupos provida, liderados por ocho integrantes de Acción Nacional, irrumpieron con pancartas que proclamaban “Sí a la Vida”, estableciendo un frente de resistencia inmediata contra cualquier avance en la propuesta.
Manifestaciones y tensiones iniciales
Las colectivas feministas, decididas a hacer valer su voz, lograron sortear los controles de seguridad y acceder al recinto legislativo. Su presencia transformó la sesión en un campo de batalla verbal y físico. Durante la lectura del dictamen a cargo del secretario Enrique Correa Sada, las activistas alzaron la voz en defensa de los derechos de las mujeres, exigiendo un cambio que evite la criminalización de interrupciones voluntarias de embarazo. El presidente de la comisión, Guillermo Vega Guerrero, no escatimó en su rechazo rotundo, declarando un enfático “No pasará”, que resonó como un veredicto final en medio del bullicio.
La votación fue rápida y predecible: en contra por parte de Correa Sada y Vega Guerrero, y una abstención de Homero Barrera McDonald. El dictamen rechazó la iniciativa al considerar que no es competencia de la legislatura imponer modificaciones normativas, sino que esta responsabilidad recae en los tribunales y juzgados, alineándose con fallos previos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta interpretación jurídica fue presentada como un escudo contra lo que los opositores ven como una imposición ideológica, pero para los defensores de la despenalización del aborto en Querétaro, representa un retroceso en la lucha por la autonomía corporal femenina.
Confrontaciones físicas y escoltas de seguridad
El clímax del caos llegó al finalizar la votación, cuando las tensiones estallaron en confrontaciones directas. Al menos tres conatos de bronca se registraron, con jalones, empujones y gritos entre los grupos provida y las feministas. El personal de seguridad tuvo que intervenir de manera enérgica para contener la situación, escoltando a los diputados fuera del salón en un despliegue que recordaba más a un operativo policial que a una deliberación democrática. Las activistas, visiblemente frustradas, lanzaron reclamos airados contra los legisladores, cuestionando su compromiso con la igualdad de género y recordando casos emblemáticos de mujeres penalizadas por decisiones sobre su salud reproductiva.
Acusaciones de irregularidades procesales
Desde el lado de Morena, la fracción no se quedó callada. El diputado Arturo Maximiliano García Pérez, junto con el colectivo feminista ADAX Digitales, reiteró que su iniciativa permanece “viva” pese al rechazo. Anunciaron la intención de explorar vías administrativas para impugnar el proceso, alegando falta de transparencia y un manejo sesgado de la agenda. Esta postura resalta la fractura partidista en torno a la despenalización del aborto en Querétaro, donde Morena se posiciona como el principal impulsor de cambios progresistas, en contraste con la mayoría panista que defiende valores tradicionales.
El contexto de esta sesión no surge de la nada. Querétaro ha sido escenario de debates intensos sobre derechos reproductivos durante años, con fallos judiciales que han presionado por reformas, pero sin avances concretos en el pleno legislativo. La Suprema Corte ha emitido dictámenes que despenalizan el aborto en casos específicos, como violaciones o riesgos a la salud, pero la criminalización general persiste, afectando desproporcionadamente a mujeres de bajos recursos. Esta realidad ha sido el combustible para movimientos feministas que ven en cada rechazo una perpetuación de desigualdades estructurales.
El llamado federal que resuena en el estado
La discusión local adquiere mayor relevancia al intersectarse con voces nacionales. Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del gobierno federal, ha elevado el tono con un exhorto público dirigido directamente a los legisladores queretanos. Recordando el caso de Esmeralda, una menor de 14 años que sufrió una violación familiar, embarazo forzado y un aborto espontáneo, Hernández Mora enfatizó la urgencia de evitar injusticias similares. Su mensaje, difundido en redes sociales, apela al respeto por la dignidad humana y presiona por la aprobación de la despenalización del aborto en Querétaro, alineándose con la agenda de equidad de género impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Implicaciones para los derechos de las mujeres
Este episodio en la comisión no es aislado; forma parte de un patrón donde la despenalización del aborto en Querétaro enfrenta barreras sistemáticas. Organizaciones como ADAX Digitales han documentado innumerables casos de mujeres procesadas judicialmente por interrupciones de embarazo, muchas de ellas en contextos de pobreza extrema o violencia. La abstención de algunos diputados, como la de Barrera McDonald, sugiere grietas en el bloque conservador, pero no han sido suficientes para inclinar la balanza. En cambio, han alimentado esperanzas de que futuras sesiones puedan abrirse a un diálogo más inclusivo.
La confrontación legislativa en torno a la despenalización del aborto revela las profundas divisiones ideológicas en Querétaro. Mientras los grupos provida celebran el rechazo como una victoria moral, las feministas lo interpretan como un obstáculo a la justicia reproductiva. Morena, por su parte, se erige como el contrapeso progresista, prometiendo no cejar en su lucha. La Suprema Corte, con sus precedentes, ofrece un marco legal que podría inclinar el debate hacia la despenalización, pero depende de la voluntad política local para materializarse.
En medio de este torbellino, las voces de las afectadas resuenan con fuerza. Historias como la de Esmeralda no son excepciones, sino síntomas de un sistema que prioriza el castigo sobre el apoyo. La sesión caótica sirve como recordatorio de que la despenalización del aborto en Querétaro no es solo una cuestión jurídica, sino un imperativo ético para garantizar la salud y la libertad de las mujeres.
Observadores cercanos al Congreso estatal han señalado que este tipo de sesiones irregulares podrían derivar en revisiones más amplias de los procedimientos legislativos. Fuentes internas de la comisión mencionan que la convocatoria ambigua fue intencional para evitar una mayor polarización, aunque esto solo exacerbó las tensiones. Por otro lado, reportes de colectivos feministas destacan cómo la seguridad reforzada limita el acceso ciudadano, perpetuando un ciclo de exclusión en debates que les conciernen directamente.
Finalmente, el rechazo al dictamen no cierra el capítulo de la despenalización del aborto en Querétaro. Con Morena explorando opciones administrativas y el apoyo federal de figuras como Citlalli Hernández Mora, el tema regresará al pleno con mayor fuerza. Mientras tanto, la confrontación entre panistas y progresistas continúa definiendo el panorama político local, donde cada voto cuenta en la balanza de los derechos humanos.