La violencia política en razón de género en Querétaro ha vuelto a ser tema de atención en lo que va de 2025, con cuatro denuncias registradas ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ). Este organismo, encargado de velar por la equidad en los procesos electorales, ha señalado que las quejas reflejan un problema persistente en la participación política de las mujeres, aunque los números muestran una aparente disminución en comparación con años anteriores. Entre los casos destacados está la querella presentada por la regidora de Cadereyta, Juanita García, contra la presidenta municipal Astrid Ortega Vázquez, un hecho que ha generado controversia en el ámbito local.
El IEEQ, encabezado por Grisel Muñiz Rodríguez, ha informado que las denuncias de violencia política en razón de género se tramitan con estricta confidencialidad. Este proceso implica recibir las quejas, recopilar pruebas y evidencias, y remitir los expedientes al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, que es la instancia encargada de emitir resoluciones y sanciones. La confidencialidad, según Muñiz Rodríguez, es un elemento clave para proteger a las denunciantes, dado que la violencia política en razón de género puede manifestarse de formas complejas, desde agresiones verbales hasta actos que buscan limitar el ejercicio de derechos políticos de las mujeres.
En 2024, Querétaro cerró con alrededor de 13 denuncias por violencia política en razón de género, una cifra similar a la de 2023. Este 2025, con solo cuatro casos registrados hasta agosto, podría interpretarse como una tendencia a la baja. Sin embargo, la presidenta del IEEQ ha enfatizado que esta disminución no necesariamente implica una mejora en las condiciones para las mujeres en la política, sino que podría reflejar barreras en el acceso a la denuncia o una falta de sensibilización sobre lo que constituye violencia política en razón de género. Entre las conductas denunciadas se incluyen omisiones en tareas editoriales, ataques verbales y acciones que vulneran los derechos de las mujeres en cargos públicos.
La violencia política en razón de género no es un problema exclusivo de Querétaro. A nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha reportado cientos de casos desde 2020, muchos de ellos relacionados con ataques en redes sociales, amenazas y agresiones físicas. En Querétaro, las autoridades electorales han impulsado acciones para prevenir y atender este tipo de violencia, como jornadas de sensibilización en los 18 municipios del estado, en colaboración con el INE y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Estas iniciativas buscan informar a las mujeres sobre sus derechos político-electorales y las vías para denunciar cualquier acto que intente menoscabar su participación.
Uno de los retos más significativos en la lucha contra la violencia política en razón de género es la falta de una cultura de denuncia. Muchas mujeres, ya sea por temor a represalias o por desconocimiento, no formalizan sus quejas ante las autoridades competentes. Para abordar esta problemática, el IEEQ ha trabajado en la difusión de información y en la creación de lineamientos que obliguen a los partidos políticos a prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia. En julio de 2025, el Consejo General del IEEQ aprobó nuevos lineamientos que incluyen el formato “8 de 8” y la obligación de los partidos de presentar un informe anual sobre sus acciones en este ámbito.
La violencia política en razón de género no solo afecta a las mujeres en campaña, sino también a aquellas que ya ocupan cargos públicos. Casos como el de la regidora Juanita García en Cadereyta muestran cómo las tensiones políticas locales pueden derivar en acusaciones de violencia de género, lo que pone en evidencia la necesidad de mecanismos más robustos para proteger a las mujeres en la política. La presidenta municipal Astrid Ortega Vázquez, señalada en una de las denuncias, ha sido centro de críticas, lo que añade un matiz de controversia a la gestión municipal en Cadereyta.
El panorama en Querétaro refleja un esfuerzo institucional por combatir la violencia política en razón de género, pero también deja al descubierto los desafíos pendientes. La disminución de denuncias en 2025 podría ser una señal positiva, pero también podría indicar que las mujeres enfrentan obstáculos para denunciar, como el temor a ser estigmatizadas o la falta de confianza en las instituciones. Las autoridades electorales han insistido en que el acompañamiento a las víctimas es una prioridad, canalizando los casos a instancias como la Secretaría de la Mujer o la Fiscalía cuando es necesario.
La experiencia de Querétaro no es aislada. Reportes de organismos electorales en otros estados, como Oaxaca, que lidera el número de casos a nivel nacional, muestran que la violencia política en razón de género sigue siendo un problema estructural en México. En este contexto, las acciones del IEEQ, como la colaboración con universidades y la implementación de talleres, buscan generar un cambio cultural que fomente la participación política de las mujeres sin temor a represalias.
Diversas organizaciones han señalado que la violencia política en razón de género no solo afecta a las candidatas, sino que también tiene un impacto en la democracia en su conjunto. Al limitar la participación de las mujeres, se restringe la diversidad de voces en la toma de decisiones, lo que perpetúa desigualdades estructurales. Las jornadas de sensibilización, como las organizadas por el IEEQ y el INE, han sido bien recibidas por la comunidad académica, que ve en estas iniciativas una oportunidad para educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la igualdad de género en la política.
En el ámbito local, algunos reportes han destacado que las denuncias de violencia política en razón de género suelen surgir en contextos de alta competencia electoral, como en Cadereyta. Sin embargo, las autoridades electorales han evitado especular sobre los detalles de los casos en trámite, priorizando la confidencialidad y el debido proceso. Esta postura ha sido respaldada por especialistas en derecho electoral, quienes consideran que la protección de las denunciantes es esencial para garantizar que más mujeres se animen a alzar la voz.
La información sobre los avances en la atención de la violencia política en razón de género en Querétaro ha sido recopilada a partir de declaraciones de la presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, durante conferencias y eventos públicos. Estas declaraciones han sido difundidas ampliamente, lo que ha permitido un mayor entendimiento de la problemática en el estado. Además, las jornadas de sensibilización han contado con la participación de expertos que han compartido datos relevantes sobre la situación a nivel nacional.
Por otro lado, algunos análisis locales han señalado que la disminución de denuncias podría estar relacionada con una mayor conciencia sobre los derechos de las mujeres, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. La colaboración entre el IEEQ, el INE y la UAQ ha sido clave para visibilizar el problema y ofrecer herramientas a las mujeres que enfrentan violencia política en razón de género. Estas instituciones han trabajado de manera conjunta para garantizar que las denuncias se tramiten con eficiencia y que las víctimas reciban el apoyo necesario.
Finalmente, la lucha contra la violencia política en razón de género en Querétaro sigue siendo un desafío que requiere el compromiso de todas las partes involucradas, desde las autoridades electorales hasta la sociedad civil. Las cuatro denuncias registradas en 2025 son un recordatorio de que, aunque se han dado pasos importantes, aún queda un largo camino por recorrer para garantizar que las mujeres puedan participar en la política sin enfrentar obstáculos derivados de su género. La labor del IEEQ y otras instituciones será crucial para consolidar un entorno político más equitativo y libre de violencia.