El recorte en el presupuesto de salud para 2025 está generando una crisis en el sistema sanitario mexicano, con hospitales enfrentando serios problemas para realizar cirugías programadas. La reducción de recursos federales, aprobada en el Paquete Económico 2025, ha obligado a instituciones de salud públicas a postergar intervenciones quirúrgicas, afectando principalmente a la población sin seguridad social. Este ajuste financiero, que reduce el gasto en salud en un 12.2% respecto al año anterior, compromete la calidad y accesibilidad de los servicios médicos en todo el país, dejando a miles de pacientes en espera de tratamientos esenciales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha calificado este recorte en el presupuesto de salud como un “ajuste” necesario para garantizar la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, expertos y trabajadores del sector advierten que la disminución de fondos pone en riesgo la vida de pacientes y agrava las carencias ya existentes en hospitales y clínicas. En particular, los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad enfrentan recortes significativos, con reducciones que alcanzan hasta el 337% en algunos casos, como en el Instituto Nacional de Cancerología. Esta situación ha generado indignación entre médicos y enfermeras, quienes denuncian la falta de insumos básicos y la imposibilidad de atender a los pacientes de manera oportuna.
El impacto del recorte en el presupuesto de salud se siente con mayor fuerza en la atención a personas sin seguridad social, quienes dependen exclusivamente de los servicios públicos. Según análisis recientes, el gasto per cápita para esta población disminuirá en un 22.6% en comparación con 2024, lo que se traduce en menos recursos para medicamentos, equipos médicos y programas preventivos. En estados como Querétaro, los hospitales han tenido que reprogramar cirugías no urgentes, dejando a pacientes con enfermedades crónicas o condiciones que requieren intervención quirúrgica en una espera incierta. Esta demora no solo afecta la calidad de vida de los pacientes, sino que, en algunos casos, puede poner en riesgo su supervivencia.
La crisis derivada del recorte en el presupuesto de salud también ha generado preocupación entre las organizaciones civiles. Más de 100 colectivos han exhortado a la Cámara de Diputados a reconsiderar estas medidas, argumentando que la reducción de 122 mil 668 millones de pesos en el sector salud para 2025 compromete el derecho constitucional a la salud. Los programas de vacunación, atención a personas con discapacidad y tratamientos para enfermedades como el cáncer o la diabetes son algunos de los más afectados. En este contexto, la población sin acceso a instituciones como el IMSS o el ISSSTE enfrenta barreras cada vez mayores para recibir atención médica adecuada.
El personal médico, por su parte, describe un panorama desolador. Enfermeras y doctores de hospitales públicos han reportado que la falta de insumos, como medicamentos, material quirúrgico y equipo especializado, ha obligado a suspender procedimientos. En algunos casos, las cirugías que deberían realizarse en pocos días se posponen por meses, lo que reduce las posibilidades de recuperación total de los pacientes. En el Centro de Salud Doctor Juan Manuel González Ureña, en Morelia, Michoacán, el personal ha denunciado que la escasez de recursos afecta incluso a hospitales de alta especialidad, como los dedicados a oncología y pediatría, donde el recorte en el presupuesto de salud tiene consecuencias directas en la atención a los sectores más vulnerables.
A pesar de las promesas del gobierno federal de garantizar un cuadro básico de medicamentos en los centros de salud, la realidad en las clínicas y hospitales dista mucho de ser alentadora. La Secretaría de Salud ha anunciado licitaciones para la compra de medicamentos para el periodo 2025-2026, asegurando que cubrirán el 97.6% de las necesidades del sector. Sin embargo, la falta de claridad en la distribución de estos recursos y los recortes presupuestales generan escepticismo entre los trabajadores de la salud, quienes temen que las licitaciones no resuelvan los problemas estructurales del sistema sanitario.
El recorte en el presupuesto de salud también ha reavivado el debate sobre la priorización de los recursos públicos. Mientras el IMSS-Bienestar y el ISSSTE recibirán incrementos en sus presupuestos, estas alzas no compensan las reducciones en otras áreas críticas del sector salud. Por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que apoya a los sistemas estatales de salud, sufrirá una disminución de 51.7 mil millones de pesos, afectando la capacidad de los estados para mantener sus servicios médicos. Esta fragmentación en la asignación de recursos pone de manifiesto las desigualdades en la atención médica entre la población con y sin seguridad social.
Organizaciones como México Evalúa han advertido que el recorte en el presupuesto de salud podría llevar al sistema sanitario mexicano a un retroceso de hasta 20 años. Los hospitales generales, como el Hospital Infantil y el Hospital Juárez, enfrentan reducciones de hasta el 12.3% en sus recursos, lo que limita su capacidad para atender a una población creciente y envejecida. Asimismo, la falta de inversión en infraestructura y la saturación de las unidades médicas agravan los tiempos de espera para consultas y procedimientos, afectando especialmente a los sectores más pobres.
La información sobre los efectos del recorte en el presupuesto de salud ha sido recopilada a partir de diversos análisis realizados por centros de investigación especializados en políticas públicas. Estos estudios, que han circulado ampliamente en medios nacionales, destacan la gravedad de la situación y la necesidad de una reforma fiscal que garantice una inversión adecuada en el sector salud. Además, las declaraciones de trabajadores de la salud y colectivos ciudadanos han sido clave para visibilizar las carencias en los hospitales públicos.
Voces dentro del sector médico, particularmente de enfermeras y doctores en activo, han compartido testimonios que reflejan las dificultades diarias para atender a los pacientes bajo las condiciones actuales. Estas experiencias, documentadas en reportes recientes, muestran un sistema de salud al borde del colapso, donde la falta de recursos no solo afecta a los pacientes, sino también al personal que lucha por cumplir con su labor. La preocupación por el impacto del recorte en el presupuesto de salud es un tema recurrente en los análisis de especialistas, quienes insisten en la necesidad de priorizar la salud como un derecho humano fundamental.
A pesar de las negativas del gobierno federal, que insiste en que no hay recortes sino “ajustes” presupuestales, la evidencia presentada por diversas organizaciones y medios independientes apunta a una crisis innegable. Los datos disponibles, provenientes de informes detallados sobre el Paquete Económico 2025, muestran que la reducción de recursos en el sector salud tendrá consecuencias duraderas, especialmente para los más vulnerables. La sociedad civil y los expertos en salud pública continúan exigiendo una revisión urgente de estas políticas para garantizar que el sistema de salud mexicano pueda responder a las necesidades de la población.
