Domicilio legal rompe exclusión de adultos mayores
Domicilio legal para adultos mayores se convierte en la clave para combatir la marginación burocrática que afecta a miles de personas en Nuevo León. La diputada Anylú Bendición Hernández, del Grupo Legislativo de Morena, impulsa una iniciativa que obliga al Estado a otorgar un domicilio cierto a través del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. Esta medida coloca el domicilio legal para adultos mayores como derecho fundamental y busca que nadie quede fuera de los programas sociales por carecer de dirección fija.
El círculo vicioso que atrapa a la tercera edad
Sin domicilio legal, los adultos mayores no obtienen credencial del INE; sin credencial, quedan excluidos de pensiones, consultas médicas gratuitas y apoyos alimentarios. El domicilio legal para adultos mayores propuesto por Hernández corta ese nudo gordiano. El Instituto actuaría como dirección oficial para quienes duermen en la calle o en refugios temporales. De esta forma, el domicilio legal para adultos mayores deja de ser privilegio y pasa a ser garantía estatal.
En Monterrey y su área metropolitana, cientos de personas mayores de 65 años enfrentan esta realidad diariamente. Según datos del propio Instituto, al menos 8 de cada 10 solicitudes de ingreso a programas se rechazan por falta de comprobante de domicilio. El domicilio legal para adultos mayores eliminaría esa barrera de un plumazo y abriría la puerta a la reinserción plena.
Cómo funcionaría el nuevo domicilio legal
Paso a paso: del papeleo a la dignidad
La reforma a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Nuevo León establece tres pasos claros. Primero, el adulto mayor acude al Instituto con cualquier identificación parcial o testimonio de dos vecinos. Segundo, el personal registra el Instituto como domicilio legal para adultos mayores en un plazo no mayor a 48 horas. Tercero, se expide una constancia oficial que sirve ante cualquier dependencia: IMSS, ISSSTE, DIF o bancos.
Este domicilio legal para adultos mayores no sustituye la búsqueda de vivienda permanente, pero sí desbloquea derechos inmediatos. La legisladora enfatiza que “un domicilio es el primer ladrillo de la dignidad”. Con él, los adultos mayores acceden a medicamentos del Seguro Popular, a la tarjeta del INAPAM y a los depósitos bimestrales de la pensión estatal.
Inspiración europea que Nuevo León adapta
Países como Bélgica y Reino Unido llevan décadas usando domicilios administrativos para personas sin techo. En Bruselas, el CPAS otorga dirección postal a 12 mil indigentes cada año; en Londres, el Ayuntamiento registra 9 mil. El domicilio legal para adultos mayores que propone Hernández toma lo mejor de esos modelos y lo ajusta a la realidad regiomontana, donde el calor extremo y las lluvias agravan la situación de calle.
Si el Congreso local aprueba la iniciativa, Nuevo León se convertiría en pionero nacional. Ningún otro estado contempla el domicilio legal para adultos mayores como obligación expresa del gobierno. Morelos y Jalisco han intentado programas piloto, pero sin rango de ley. Aquí, la reforma blindaría el derecho contra futuros cambios de administración.
Impacto real en la vida diaria
Imagina a doña María, 72 años, que duerme bajo el puente de Avenida Constitución. Con el nuevo domicilio legal para adultos mayores, doña María tramitaría su INAPAM en una semana y recibiría lentes gratuitos, transporte subsidiado y despensa mensual. Su historia se repetiría en San Nicolás, Guadalupe y Apodaca, donde los albergues temporales desbordan capacidad.
Organizaciones civiles que trabajan con adultos mayores celebran la propuesta. Aunque no emitieron posicionamiento oficial, coinciden en que el domicilio legal para adultos mayores es el eslabón faltante entre la calle y la reinserción. El Instituto ya prepara módulos móviles para llevar el trámite a las colonias más vulnerables: Independencia, Tierra y Libertad, San Bernabé.
Presupuesto y viabilidad técnica
El costo anual estimado ronda los 18 millones de pesos: personal extra, papelería y difusión. Comparado con los 420 millones que Nuevo León gasta en pensiones, representa menos del 4%. Además, el domicilio legal para adultos mayores ahorraría recursos a largo plazo al reducir hospitalizaciones por desatención crónica y emergencias callejeras.
La iniciativa ya circula en las comisiones de Desarrollo Social y de Derechos Humanos del Congreso. El dictamen podría votarse antes de que termine noviembre. Mientras tanto, el Instituto capacita a 120 promotores para explicar el beneficio en ferias de servicios y centros comunitarios.
Domicilio legal para adultos mayores no es solo una reforma; es un cambio de paradigma. Pasa de ver al adulto mayor como carga a reconocerlo como sujeto de derechos plenos. En palabras de la propia diputada, “nadie debería elegir entre comer o tener dirección”. Nuevo León está a un paso de demostrarlo.
Información recabada por reporteros de ABC Noticias durante la rueda de prensa en el Congreso local confirma cada detalle de la iniciativa. Testimonios de trabajadores del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores refuerzan la urgencia. Fuentes del propio Grupo Legislativo de Morena filtraron el texto completo de la reforma horas antes de su presentación oficial.