Violencia familiar en Monterrey deja a una niña de cinco años en peligro constante, mientras su madre clama justicia ante la inacción de las autoridades. Azucena Romay, una trabajadora incansable de una fábrica en la capital de Nuevo León, enfrenta el peor de sus temores: la separación forzada de su pequeña hija Estrella, quien permanece bajo el cuidado de su padre, Gerson Pérez, un hombre acusado formalmente de agredir físicamente no solo a la menor, sino también a su hermano mayor. Este caso de violencia familiar expone las grietas en el sistema de custodia compartida y la lentitud de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para intervenir en situaciones de alto riesgo para los menores.
La pesadilla comenzó el pasado 29 de julio, cuando Pérez, en un arrebato de ira, utilizó un cinturón y un palo para golpear a Estrella y a su hijo Ángel, de 12 años. Las marcas visibles en sus cuerpos no fueron solo moretones pasajeros; dejaron secuelas emocionales que aún persiguen a los niños en sus noches. Ángel, con el coraje de un niño madurado por el sufrimiento, logró escapar de la casa y refugiarse con su madre, pero Estrella, con su inocencia de cinco años, quedó atrapada en el hogar del agresor. "No quiero volver con papá, me pega mucho", le confesó la pequeña a Romay en un momento de angustia compartida, palabras que resuenan como un grito de auxilio en medio de la indiferencia burocrática.
El drama de la custodia compartida en casos de agresión
En el corazón de este conflicto late el acuerdo de custodia compartida establecido tras la separación de la pareja. Mientras Romay asume la responsabilidad diaria de sus dos hijos mayores, de 14 y 12 años, y lucha por mantenerlos con su salario modesto, Pérez solo aparece esporádicamente con empleos eventuales. La pensión alimenticia, inicialmente fijada en 600 pesos mensuales, se convirtió en un punto de fricción cuando él exigió elevarla a 3,600 pesos tras un cambio laboral, ignorando que los tres menores dependían exclusivamente de la madre en ese entonces. Esta disparidad económica agrava la situación de violencia familiar, donde el padre no solo evade sus obligaciones, sino que las convierte en arma contra sus propios hijos.
Incidente en el jardín de niños: El detonante de la sustracción
El punto de quiebre llegó en el jardín de niños Rufino Tamayo, ubicado en la colonia Santa Mónica de Monterrey. Una maestra, sin la autorización expresa de Romay, entregó a Estrella directamente a las manos de Pérez, violando los protocolos básicos de seguridad infantil. Este acto imprudente desencadenó una querella por sustracción de menores, presentada de inmediato por la madre desesperada. Desde ese día fatídico, Romay no ha podido abrazar a su hija; solo recibe informes esporádicos de familiares que la describen encerrada en la casa, aislada del mundo exterior como si fuera un secreto oscuro que nadie quiere revelar.
La violencia familiar no se limita a los golpes físicos; permea cada aspecto de la vida de estos niños. Estrella, con su edad tierna, muestra signos de retraimiento emocional, mientras Ángel lucha con pesadillas recurrentes que lo despiertan gritando. Romay, con los ojos hinchados por noches en vela, relata cómo ha intentado todo: desde visitas al Código de Juárez, donde presentó denuncias detalladas, hasta ruegos directos al DIF municipal. Sin embargo, las puertas se cierran con promesas vacías, y el expediente en la Fiscalía parece estancado en un limbo administrativo que ignora el tic-tac del reloj sobre la seguridad de una niña vulnerable.
La inacción de la Fiscalía de Nuevo León: Un llamado a la urgencia
Azucena Romay no busca venganza, sino justicia restaurativa. En su apelación pública, urge a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León a actuar con la premura que merece un caso de agresión física contra menores. "Piensen en sus propios hijos", implora a los funcionarios, recordándoles que detrás de cada carpeta judicial hay vidas en juego. La custodia compartida, diseñada para equilibrar derechos parentales, se pervierte cuando uno de los lados porta un historial de violencia, y la ley mexicana, con sus marcos protectores como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, parece letra muerta en este rincón de Monterrey.
Impacto emocional y psicológico en las víctimas infantiles
Las secuelas de la agresión física trascienden lo inmediato. Expertos en psicología infantil coinciden en que experiencias como las de Estrella y Ángel pueden derivar en trastornos de ansiedad, depresión y dificultades para formar vínculos seguros en la adultez. Romay, consciente de esto, ha buscado apoyo en centros comunitarios locales, pero sin la intervención oficial, sus esfuerzos son gotas en un océano de burocracia. La pensión alimenticia impaga agrava la precariedad económica de la familia, forzando a Romay a turnos extenuantes en la fábrica para cubrir necesidades básicas, mientras el padre evade responsabilidades con excusas laborales fugaces.
Este caso ilustra un patrón preocupante en Nuevo León: la lentitud en procesar denuncias de violencia familiar, que deja a cientos de niños expuestos a ciclos repetitivos de abuso. Organizaciones civiles han documentado un aumento en reportes similares durante los últimos años, atribuyéndolo a la sobrecarga de los sistemas judiciales estatales. Romay, con su voz quebrada pero firme, representa a miles de madres que navegan solos por laberintos legales, donde la custodia compartida se convierte en cadena en lugar de puente hacia la reconciliación familiar.
La lucha por la pensión alimenticia y el apoyo institucional
Más allá de los golpes, la batalla por la pensión alimenticia revela desigualdades profundas. Pérez, con sus ingresos inestables, argumenta incrementos irrazonables que ignoran la realidad de Romay, quien sostiene a cuatro bocas con un sueldo fijo. Esta disputa no es aislada; en México, el incumplimiento de obligaciones alimentarias afecta al 70% de los casos de divorcio con hijos menores, según datos de instancias federales. La madre, en su afán por recuperar a Estrella, ha explorado opciones como mediación familiar, pero la sombra de la agresión física lo contamina todo, convirtiendo cada negociación en un campo minado.
El DIF municipal, ente clave en la protección infantil, ha fallado en proveer el soporte prometido, dejando a Romay en un vacío de recursos. Sus visitas al Código de Juárez, un mecanismo diseñado para agilizar denuncias, resultan en trámites interminables sin resolución tangible. Mientras tanto, las fiestas navideñas se acercan, y el sueño de Romay de reunir a su familia bajo un techo seguro parece cada vez más lejano, eclipsado por el temor de que Estrella sufra más episodios de violencia familiar.
En el transcurso de esta odisea, Romay ha encontrado eco en relatos similares compartidos en foros locales y reportajes independientes, donde madres como ella denuncian la opacidad del sistema. Un informe reciente del Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Nuevo León destaca cómo casos de sustracción de menores a menudo se diluyen por falta de seguimiento, citando ejemplos paralelos en colonias como Santa Mónica. Asimismo, declaraciones de activistas del DIF estatal subrayan la necesidad de reformas para priorizar evaluaciones psicológicas inmediatas en disputas de custodia.
Amigos cercanos de la familia, al enterarse de la situación, han mencionado conversaciones informales con funcionarios del Código de Juárez que confirman el estancamiento del expediente, atribuido a sobrecarga administrativa. Por otro lado, un artículo en un medio regional de Monterrey alude a protocolos similares ignorados en incidentes pasados, recordando la importancia de la intervención temprana para prevenir escaladas en la agresión física.
Esta historia, tejida con hilos de dolor y resiliencia, urge no solo a la acción inmediata en el caso de Azucena Romay, sino a un replanteamiento sistémico que proteja a los más vulnerables de las garras de la violencia familiar en Nuevo León.
