Medio Ambiente Nuevo León ha elevado su voz contra la arbitrariedad en el cierre temporal del Zoológico La Pastora, una medida impuesta por la autoridad federal que ha desatado un conflicto entre el estado y la Federación. Este incidente pone en el centro del debate la responsabilidad compartida en el cuidado de animales rescatados y el cumplimiento de convenios establecidos desde hace años. La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, liderada por Raúl Lozano, acusa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de actuar de manera unilateral y sin notificación previa, dejando al descubierto fallas en la coordinación intergubernamental que afectan directamente el bienestar animal y la gestión ambiental en la región.
Arbitrariedad en el cierre de La Pastora: El reclamo de Nuevo León
La controversia surgió tras la suspensión abrupta del Zoológico La Pastora, operado por el Parque Fundidora, que resguarda a más de 90 animales confiscados por autoridades federales. Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente Nuevo León, denunció en el programa Cambios que esta acción viola los protocolos establecidos en un convenio vigente desde 2018 entre el estado y la Federación. "Lo que no vamos a permitir fue lo que sucedió el viernes, es de manera arbitraria, sin decirnos, sin avisar, te llevo, te suspendo", expresó Lozano, destacando la falta de comunicación que ha caracterizado la relación con Profepa.
Medio Ambiente Nuevo León argumenta que la Federación entrega los animales y se desentiende de su cuidado, sin proporcionar el apoyo necesario para su mantenimiento. Esto ha llevado al estado a tomar una decisión firme: no recibir más animales de Profepa hasta que se asuma la corresponsabilidad. Lozano respaldó la postura del director del Parque Fundidora de rechazar futuros envíos, enfatizando que tales medidas unilaterales no pueden repetirse. El cierre de La Pastora no solo interrumpe las operaciones diarias, sino que expone vulnerabilidades en el sistema de resguardo animal, donde el estado asume cargas económicas y logísticas sin respaldo federal.
El caso de la osa Mina: Origen del conflicto
En el corazón de esta disputa está la osa Mina, cuyo caso se volvió viral recientemente por sus lesiones visibles. Sin embargo, Medio Ambiente Nuevo León aclara que estas heridas datan de 2022, cuando Profepa la dejó en resguardo definitivo en La Pastora, según el acta de recepción. A diferencia de los otros 91 animales, cuyo resguardo es temporal, Mina fue transferida con tenencia completa al zoológico. Durante dos años, el equipo de La Pastora envió múltiples oficios a Profepa solicitando colaboración para su atención, pero nunca recibieron respuesta. "No se vale venir ahora a lavar cara y a querer decir: ‘Oye, vengo a rescatar a la osa’, cuando ustedes nos la vinieron a dejar aquí", criticó Lozano, señalando la hipocresía de la autoridad federal que ahora pretende intervenir como salvadora.
Esta situación ilustra las tensiones en la gestión de resguardos animales, donde la arbitrariedad en el cierre de La Pastora agrava problemas preexistentes. El estado ha invertido recursos significativos en el cuidado de estos ejemplares, desde alimentación especializada hasta atención veterinaria, todo sin el soporte prometido por el convenio de 2018. Expertos en bienestar animal coinciden en que tales incumplimientos no solo afectan a los individuos como Mina, sino al ecosistema de protección en Nuevo León, donde el zoológico funge como un refugio clave para especies en riesgo.
Negligencias internas y la llamada a la corresponsabilidad
Aunque Medio Ambiente Nuevo León critica duramente la actuación federal, también reconoce fallas internas en La Pastora. El exdirector del zoológico fue despedido por negligencia, y se iniciaron investigaciones para proceder legalmente contra él. "Se están haciendo investigaciones para proceder, también, por la negligencia que existió", afirmó Lozano. Esta autocrítica demuestra el compromiso del estado por mejorar sus prácticas, pero subraya que la solución no puede recaer únicamente en autoridades locales cuando la Federación evade su rol.
La diputada local del PAN, Claudia Caballero, quien ha seguido el caso desde 2019, aportó una perspectiva legislativa al debate. Desde el Congreso de Nuevo León, se solicitó la intervención de Profepa con un listado de preocupaciones compartidas por ciudadanos, veterinarios y grupos ambientalistas. Caballero descartó motivaciones políticas en la suspensión: "Yo creo que no es la osa Mina, yo creo que tampoco se está politizando". En cambio, enfatizó problemas heredados de administraciones anteriores, como el descuido del elefante Monty, la soledad de la chimpancé Lala y el mal estado del rinoceronte, atribuido erróneamente a la edad. La ausencia de bitácoras adecuadas para el seguimiento de los animales agrava estas irregularidades, convirtiendo a La Pastora en un ejemplo de lo que no debe ser un resguardo ambiental.
Impactos en el bienestar animal y la gestión ambiental
El cierre arbitrario de La Pastora tiene repercusiones directas en el bienestar animal y la gestión ambiental en Nuevo León. Con 91 ejemplares bajo resguardo temporal, el zoológico enfrenta desafíos logísticos para reubicaciones de emergencia, afectando no solo a los animales sino a visitantes regulares, incluyendo niños con discapacidad que encuentran en el espacio un lugar de aprendizaje y recreación. Medio Ambiente Nuevo León destaca que el convenio de 2018 pretendía fomentar una colaboración armónica, pero la realidad muestra un desbalance donde el estado absorbe costos operativos estimados en millones de pesos anuales, sin reembolsos federales.
En términos de sostenibilidad, este conflicto resalta la necesidad de protocolos claros en la protección de especies confiscadas. Organizaciones ambientalistas locales han expresado su apoyo al reclamo de Nuevo León, argumentando que la arbitrariedad en el cierre de La Pastora podría desincentivar esfuerzos estatales en conservación. Lozano insistió en que la Federación debe revisar sus prácticas, asegurando que futuros resguardos incluyan planes de apoyo integral, desde financiamiento hasta monitoreo continuo. Esta demanda no es aislada; refleja un patrón en la relación federal-estatal en materia ambiental, donde la falta de coordinación pone en riesgo avances en biodiversidad regional.
Medio Ambiente Nuevo León continúa monitoreando la situación, con planes para fortalecer inspecciones internas y presionar por reformas al convenio. Mientras tanto, el caso de Mina sirve como recordatorio de que el cuidado animal trasciende fronteras administrativas, requiriendo un enfoque unificado que priorice la vida sobre burocracias. La resolución de este impasse podría sentar precedentes para otros estados enfrentando dilemas similares, promoviendo una política ambiental más equitativa.
En conversaciones recientes con funcionarios estatales, se ha mencionado que detalles adicionales sobre el convenio de 2018 provienen de documentos oficiales revisados en sesiones legislativas pasadas. Asimismo, el testimonio de veterinarios involucrados en el cuidado de Mina fue clave para contextualizar las solicitudes ignoradas a Profepa, según relatos compartidos en foros ambientales locales. Finalmente, la perspectiva de grupos ambientalistas, como los que colaboraron con el Congreso en 2019, subraya la urgencia de transparencia en estos procesos, tal como se discutió en paneles recientes sobre bienestar animal en la región.
