Paridad sustantiva en candidaturas políticas se ha convertido en un eje central de los debates electorales en México, especialmente para la gubernatura de Nuevo León en 2027. Esta medida, que busca equilibrar la representación de género en los altos cargos públicos, enfrenta un limbo legal que genera incertidumbre entre partidos y aspirantes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sigue sin resolver el juicio que podría definir si las candidaturas para gobernador o gobernadora en Nuevo León deben recaer exclusivamente en mujeres, un tema que resuena en todo el país ante la creciente demanda por equidad de género en la política.
El juicio clave que paraliza la definición de candidaturas
En el corazón de esta controversia se encuentra el juicio SUP-JDC-2434/2025, impulsado por Paola Alejandra Velázquez y otras activistas de una asociación civil dedicada a la promoción de derechos de las mujeres en la esfera pública. Estas promotoras exigen al Instituto Estatal Electoral (IEE) de Nuevo León que implemente una acción afirmativa radical: reservar la postulación a la gubernatura exclusivamente para candidatas mujeres en las elecciones de 2027. La paridad sustantiva, concepto que va más allá de la igualdad numérica y promueve correcciones a desigualdades históricas, se invoca aquí como herramienta para romper techos de cristal en el poder ejecutivo estatal.
Sin embargo, el avance del caso se ha estancado en la Sala Superior del TEPJF. Programado para discutirse en la sesión del 24 de septiembre de 2024, el asunto fue nuevamente diferido, sumándose a una serie de aplazamientos que mantienen en suspenso a todo el ecosistema político de Nuevo León. Esta demora no es casual; refleja las complejidades de equilibrar la autonomía local con los lineamientos nacionales del Instituto Nacional Electoral (INE), que regulan la paridad de género en todo el territorio mexicano.
Proyecto de sentencia: ¿Límites al poder del IEE?
El magistrado ponente Felipe Fuentes Barrera ha elaborado un proyecto de sentencia que marca un punto de inflexión. En este documento, Fuentes argumenta con claridad que el IEE carece de facultades legales para imponer candidaturas exclusivas por género en la gubernatura. "El Instituto Estatal Electoral de Nuevo León no cuenta con la facultad legal para establecer que las candidaturas a la gubernatura en 2027 deban recaer exclusivamente en mujeres", declara el proyecto, enfatizando que la decisión sobre el perfil de los aspirantes debe recaer en los partidos políticos, guiados por los criterios generales de paridad del INE.
Esta postura técnica subraya la tensión entre la paridad sustantiva y la flexibilidad partidista. Mientras las activistas buscan una cuota dura para empoderar a las mujeres en cargos uninominales como la gubernatura, el proyecto defiende un enfoque más amplio, permitiendo que los institutos políticos decidan internamente, siempre respetando el equilibrio de género en el conjunto de sus postulaciones. En Nuevo León, estado con una historia de alternancia política marcada por figuras masculinas dominantes, esta indefinición podría alterar drásticamente las estrategias para 2027.
Repercusiones políticas: Divisiones entre partidos en Nuevo León
La paridad sustantiva no solo es un debate legal; es un campo de batalla político que divide a las fuerzas en juego. Los representantes del PAN y del PRI, unidos en su oposición, ven en esta iniciativa un movimiento orquestado con fines electorales. Según sus declaraciones, la medida beneficiaría directamente a Movimiento Ciudadano (MC), al posicionar a figuras como Mariana Rodríguez —esposa del actual gobernador Samuel García— como una candidata natural, sin la amenaza de rivales masculinos fuertes. Adrián de la Garza, quien derrotó a Rodríguez en la contienda por la alcaldía de Monterrey en 2024, emerge como el antagonista implícito en este relato, con panistas y priistas alertando sobre un "intento de blindaje" para evitar un nuevo duelo directo.
Por su parte, las bancadas de MC y Morena adoptan una postura más mesurada, argumentando que el tiempo juega a favor de un análisis profundo. "Aún hay margen para deliberar y encontrar un consenso que respete la paridad sustantiva sin menoscabar la democracia interna de los partidos", han expresado legisladores emecistas, mientras que morenistas enfatizan la necesidad de alinear el caso con las reformas constitucionales recientes que impulsan la equidad de género a nivel nacional. Esta fractura partidista ilustra cómo la paridad sustantiva se entreteje con ambiciones locales, transformando un principio de justicia social en una herramienta de posicionamiento electoral.
Contexto histórico de la paridad en Nuevo León
Para entender la magnitud de este impasse, es esencial repasar el trayecto de la paridad de género en Nuevo León. Desde las reformas de 2014, que introdujeron cuotas mínimas del 50% para candidatas mujeres en elecciones locales, el estado ha visto avances progresivos, pero la gubernatura —cargo de elección uninominal— ha permanecido como un bastión masculino. Gobernadores como Jaime Rodríguez "El Bronco" o el actual Samuel García representan esta tradición, mientras que la ausencia de mujeres en el puesto ha motivado litigios como el actual.
La paridad sustantiva, inspirada en tratados internacionales como la CEDAW y respaldada por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exige acciones correctivas para remediar subrepresentaciones crónicas. En el ámbito federal, México ha sido pionero con la paridad en el Congreso, pero los estados como Nuevo León aún navegan aguas turbulentas, donde la indefinición del TEPJF podría sentar precedentes para otras entidades. Esta evolución no solo afecta a 2027, sino que redefine el panorama de equidad política en un país donde las mujeres representan más del 50% de la población, pero menos del 10% de los gobernadores estatales históricos.
Implicaciones para la equidad de género y el futuro electoral
Más allá de las pugnas partidistas, la paridad sustantiva en candidaturas para la gubernatura de Nuevo León en 2027 plantea preguntas profundas sobre el rol de las mujeres en la toma de decisiones estatales. Si el proyecto de Fuentes se aprueba, los partidos podrían optar por candidatas mujeres sin obligación exclusiva, lo que, aunque promueve la inclusión, podría diluir el impacto de las medidas afirmativas. Activistas como Velázquez insisten en que solo una reserva total garantizará que una mujer ocupe la silla gubernamental, corrigiendo décadas de exclusión y fomentando políticas públicas sensibles al género en áreas como seguridad, educación y desarrollo económico.
En un estado industrializado como Nuevo León, donde la economía gira en torno a la manufactura y la innovación, una gobernadora podría impulsar agendas transformadoras, desde la formalización laboral femenina hasta la inversión en STEM para niñas. Sin embargo, la demora del TEPJF —con sesiones aplazadas que evocan burocracia electoral— genera frustración entre observadores, quienes ven en esta parálisis un riesgo para la confianza pública en las instituciones democráticas. La paridad sustantiva, en esencia, no es solo sobre números; es sobre poder real y representación auténtica.
Políticamente, el caso ilustra las dinámicas de coaliciones frágiles. El PAN y PRI, heridos por derrotas recientes, buscan capitalizar la indefinición para fortalecer a De la Garza como un candidato viable, mientras MC defiende su hegemonía actual. Morena, con su enfoque nacional en la Cuarta Transformación, observa de cerca, potencialmente posicionando a sus propias figuras femeninas si el terreno se allana. Esta intersección de género y ambición partidista define el pulso de Nuevo León rumbo a 2027.
Legalmente, el fallo pendiente del TEPJF podría influir en casos similares en otros estados, consolidando o desafiando la doctrina de paridad sustantiva. Fuentes Barrera, con su trayectoria en materia electoral, emerge como árbitro clave, equilibrando tecnicismos con principios constitucionales. Mientras tanto, el INE mantiene su rol supervisor, recordando que la paridad debe ser horizontal y vertical, abarcando todos los niveles de gobierno sin excepciones arbitrarias.
En el ámbito social, la movilización de Velázquez y su grupo resalta el activismo feminista en Nuevo León, un estado con tasas altas de violencia de género que demandan liderazgo femenino. La paridad sustantiva podría catalizar cambios en políticas de prevención y justicia, alineándose con metas nacionales de igualdad. No obstante, críticos advierten que forzar exclusividades podría percibirse como discriminación inversa, complicando el consenso social.
Como se ha discutido en foros especializados, el proyecto de sentencia de Fuentes parece alinearse con interpretaciones previas del TEPJF, priorizando la flexibilidad partidista. En conversaciones con expertos electorales, se menciona que este enfoque evita sobrecargar a órganos locales como el IEE, preservando la uniformidad nacional. Asimismo, reportes de medios locales han destacado las posturas de PAN y PRI, describiendo el juicio como un "movimiento táctico" de MC, aunque sin pruebas concluyentes.
Finalmente, en análisis de observadores independientes, la demora del tribunal se atribuye a la complejidad del tema, permitiendo un escrutinio más detallado que beneficie a todas las partes. Estas perspectivas, extraídas de debates en plataformas jurídicas, subrayan que la resolución, sea cual sea, marcará un hito en la paridad sustantiva para elecciones estatales.
