Aborto en Nuevo León se ha convertido en el epicentro de una batalla crucial por los derechos reproductivos de las mujeres, donde activistas feministas no cejan en su lucha por una reforma que ponga fin a la criminalización de esta práctica. En un estado marcado por altas tasas de feminicidios y una persistente clandestinidad en los procedimientos médicos, la Colectiva Morras Feministas ha elevado la voz una vez más, presentando una iniciativa legislativa que busca despenalizar el aborto de manera integral. Esta propuesta, ingresada por segundo año consecutivo en la Oficialía de Partes del Congreso local, refleja no solo la urgencia de un cambio, sino también la frustración ante la inacción de las autoridades. Leidy López, representante del colectivo, ha sido clara al afirmar que han documentado más de cien casos de interrupciones voluntarias realizadas en condiciones precarias, lo que subraya la imperiosa necesidad de que el aborto en Nuevo León sea legal, seguro y gratuito.
La iniciativa feminista no surge en el vacío; se enmarca en un contexto nacional donde el aborto en Nuevo León contrasta con avances en otras entidades. Mientras estados como la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz han dado pasos firmes hacia la despenalización, Nuevo León permanece rezagado, pese a los reiterados emplazamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta omisión legislativa no es casual: el Congreso estatal ha ignorado resoluciones judiciales que obligan a revisar el marco penal, dejando a las mujeres expuestas a riesgos innecesarios. López ha enfatizado que la despenalización no es un capricho ideológico, sino una medida de salud pública que respeta la autonomía corporal. "Las mujeres decidimos sobre nuestros cuerpos", ha declarado, recordando que los abortos clandestinos persisten independientemente de la ley, pero con consecuencias fatales cuando no hay acceso regulado.
Historia de la lucha por el aborto en Nuevo León
Para entender la magnitud de esta propuesta, es esencial remontarnos a los orígenes de la movilización feminista en torno al aborto en Nuevo León. Desde la declaración del 28 de septiembre como Día Internacional por la Despenalización del Aborto en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en Argentina, el movimiento ha ganado terreno a nivel global y regional. En México, el hito de 2007 en la Ciudad de México abrió la puerta a reformas similares, pero en Nuevo León, la resistencia ha sido feroz. Doce años después, en 2019, Oaxaca se sumó al club de entidades progresistas, demostrando que es posible transitar de la penalización a la protección de derechos reproductivos.
Avances nacionales y retrocesos estatales
Sin embargo, el camino ha sido irregular. En 2020, iniciativas en Guanajuato, Quintana Roo, Puebla y Baja California fueron desechadas, evidenciando las divisiones políticas que frenan el aborto en Nuevo León y otros estados conservadores. Dos años más tarde, en 2021, Hidalgo y Veracruz aprobaron reformas, y la SCJN intervino declarando inconstitucionales las penalizaciones en Coahuila y Sinaloa. Estos precedentes judiciales son un faro para las feministas regiomontanas, quienes argumentan que la inercia legislativa viola tratados internacionales ratificados por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
En Nuevo León, la situación es particularmente alarmante. El estado lidera las estadísticas nacionales de feminicidios por segundo mes consecutivo en 2024, según reportes preliminares de observatorios locales. Esta violencia estructural se entrelaza con la criminalización del aborto, ya que las mujeres que buscan interrumpir embarazos no deseados terminan en redes clandestinas, expuestas a infecciones, hemorragias y hasta la muerte. Datos del Observatorio de Mortalidad Materna revelan que el aborto clandestino es la cuarta causa de fallecimiento en mujeres embarazadas en el país, con más del 54% de los embarazos no planeados culminando en procedimientos interrumpidos. Entre 2015 y agosto de 2021, se abrieron 4.087 carpetas de investigación por aborto, resultando en 53 mujeres encarceladas, muchas de ellas en condiciones de pobreza extrema.
Argumentos clave de la iniciativa feminista
La propuesta de la Colectiva Morras Feministas va más allá de la mera despenalización; aboga por un marco integral que incluya educación sexual integral, acceso a anticonceptivos y servicios de salud reproductiva. Leidy López ha detallado que, en la práctica, acompañan a más de cien mujeres al mes en procesos anónimos, canalizándolas a redes de apoyo subterráneas porque la ley actual las obliga a la sombra. "No dejan de tener abortos, entonces creo que las mujeres vamos a seguir exigiendo nuestros derechos", ha puntualizado, replicando modelos exitosos como el de Oaxaca, donde la gratuidad ha reducido drásticamente los riesgos.
Impacto en la salud pública y derechos humanos
Desde una perspectiva de salud pública, despenalizar el aborto en Nuevo León podría salvar vidas y aliviar la carga en el sistema médico. Expertos en ginecología y obstetricia han advertido que los procedimientos clandestinos no solo afectan a la gestante, sino que perpetúan desigualdades de género y clase. Mujeres indígenas, rurales o de bajos recursos son las más vulnerables, enfrentando estigmas adicionales en un estado donde la influencia religiosa y conservadora pesa en las decisiones legislativas. La iniciativa también aborda la interseccionalidad: cómo el aborto en Nuevo León intersecta con la violencia de género, la pobreza y la falta de educación, proponiendo que el Congreso incorpore protocolos de atención post-aborto en instituciones públicas.
La marcha convocada por el colectivo para este domingo a las 17:00 horas en la Macroplaza de Monterrey será un termómetro de la movilización social. Se espera la participación de cientos de activistas, quienes no solo demandarán la aprobación de la reforma, sino también un debate abierto en el pleno legislativo. Esta acción colectiva recuerda las olas feministas que han forzado cambios en otros rincones del país, donde la presión callejera ha sido clave para vencer inercias políticas.
En el panorama más amplio, la despenalización del aborto en Nuevo León representa un litigio contra el patriarcado enquistado en las leyes estatales. Mientras el gobierno federal, bajo la influencia de Morena, ha impulsado agendas de igualdad de género a nivel nacional, los congresos locales como el de Nuevo León siguen anclados en visiones obsoletas. Críticos señalan que esta discrepancia revela una desconexión entre la retórica oficial y la realidad cotidiana de las mujeres, donde la penalización no disuade, sino que criminaliza la supervivencia. Feministas como las de la Colectiva insisten en que el verdadero costo no es económico, sino humano: vidas truncadas por una legislación que ignora la evidencia científica y los derechos humanos.
A medida que la iniciativa avanza —o estanca— en las comisiones del Congreso, queda claro que la batalla por el aborto en Nuevo León es parte de una guerra más grande por la equidad. Organizaciones como el Observatorio de Mortalidad Materna han documentado exhaustivamente cómo la clandestinidad agrava la mortalidad materna, mientras que resoluciones de la SCJN, como las de 2021 en Coahuila, sirven de precedente irrefutable para cualquier intento de obstrucción. Incluso en conversaciones informales con activistas locales, se menciona cómo reportes de la CEDAW han instado repetidamente a México a uniformar sus leyes reproductivas, un llamado que Nuevo León parece decidido a ignorar por ahora.
Finalmente, la propuesta de despenalización no es solo una demanda técnica, sino un grito por dignidad. En foros como los encuentros feministas latinoamericanos, voces como la de Leidy López resuenan con las de miles que han pavimentado este camino desde 1990. Mientras tanto, en las calles de Monterrey, la marcha de este domingo podría ser el catalizador que despierte a un Congreso dormido, recordándonos que los derechos reproductivos no esperan por permisos.
