Grupo de las Seis denuncia con vehemencia los abusos presupuestales del Congreso local en Nuevo León, un escándalo que expone cómo los legisladores priorizan sus caprichos personales por encima de las urgentes necesidades de la ciudadanía. En un video difundido en redes sociales, María Elena Assad, vocera del colectivo, destapó una serie de incrementos injustificables que los diputados se han autoaprobado, mientras el rezago legislativo se acumula como una montaña de promesas incumplidas. Este caso de excesos presupuestales en el Congreso no es aislado, sino parte de un patrón de opacidad y derroche que erosiona la confianza pública en las instituciones estatales.
Los excesos presupuestales en el Congreso se manifiestan en incrementos salariales y bonos que parecen diseñados para engordar los bolsillos de los representantes, no para servir al pueblo. Por ejemplo, los diputados aprobaron un 20% más en sus bonos legislativos, un 6.6% de alza en sus salarios base y un desmesurado 40% adicional para gastos en posadas y fiestas, como si el erario fuera una piñata personal. No contentos con eso, destinaron un 20% extra para celebraciones del Día del Niño y del Día de la Madre, y un 45% más en recursos para promocionar sus informes de labores, que en muchos casos son meras formalidades vacías de resultados tangibles. Estos movimientos presupuestales, aprobados en sesiones cerradas y sin debate público, revelan una desconexión total con la realidad de miles de familias neoleonesas que luchan por acceder a servicios básicos.
Compra de vehículos: el colmo de los excesos presupuestales
La gota que colmó el vaso en estos excesos presupuestales del Congreso fue la adquisición de 48 vehículos nuevos, con un costo estimado en casi 20 millones de pesos. ¿La justificación? Supuestamente, para modernizar la flotilla, pero el colectivo Grupo de las Seis señala que el Congreso ya cuenta con una flota operativa y en buen estado, muchos de ellos con bajo kilometraje y mantenimiento al día. Esta compra, aprobada sin licitación transparente, equivale a asignar prácticamente un auto por diputado, más unidades para las áreas administrativas, en un estado donde el transporte público colapsa y las vialidades se deterioran por falta de inversión.
Liliana Flores Benavides, ex legisladora independiente y miembro del Grupo de las Seis, no escatimó en críticas: "Prácticamente quieren un vehículo para cada uno de los 42 diputados y seis más para áreas administrativas. Me parece una total insensibilidad". En su análisis, estos excesos presupuestales no solo drenan recursos públicos, sino que perpetúan una cultura de privilegios que aleja a los legisladores de la gente común. Flores Benavides propone medidas drásticas, como vender los vehículos obsoletos con altos costos de mantenimiento y limitar las nuevas adquisiciones a casos estrictamente justificados, distribuyéndolas por fracciones parlamentarias en lugar de asignaciones individuales.
Rezago legislativo: el precio de la ineficiencia
Mientras los diputados se regalan bonos y camionetas, el Congreso arrastra un rezago legislativo que ha crecido un 9% en los últimos meses, alcanzando cerca de 1,900 expedientes sin resolver. Este backlog incluye iniciativas clave en salud, seguridad y movilidad, áreas donde Nuevo León enfrenta crisis crónicas. El Grupo de las Seis argumenta que los excesos presupuestales distraen de las prioridades reales, como la implementación de reformas para mejorar la atención médica en zonas marginadas o fortalecer la vigilancia en colonias vulnerables. En lugar de avanzar en leyes que impacten positivamente la vida cotidiana, los legisladores parecen más interesados en autopromocionarse que en legislar con eficiencia.
La crítica del colectivo resuena en un contexto de creciente descontento ciudadano con los gobiernos estatales, donde la percepción de corrupción y favoritismo socava cualquier esfuerzo por la transparencia. María Elena Assad exigió en su video: "Exigimos la revisión de estos incrementos, la reasignación de recursos a prioridades sociales y un plan para reducir el rezago legislativo". Estas demandas no son caprichos, sino un llamado a la cordura en un sistema que gasta fortunas en lujos mientras ignora el clamor por justicia social.
Transparencia y rendición de cuentas: la deuda pendiente
Los excesos presupuestales en el Congreso también destacan la falta de mecanismos efectivos para la rendición de cuentas. El Grupo de las Seis, formado por activistas y ciudadanas comprometidas con el escrutinio público, ha sido consistente en su vigilancia. En julio pasado, ya habían alertado sobre la "grave ineficiencia" del Legislativo, señalando cómo el retraso en aprobaciones legislativas afecta directamente el bienestar de la población. Ahora, con esta nueva denuncia, refuerzan su rol como watchdog de la democracia local, recordando que los 42 diputados perciben alrededor de 200 mil pesos mensuales, incluyendo dietas y bonos, una cifra que choca con el estancamiento en temas vitales.
Flores Benavides fue aún más contundente: "Cada legislador debe llegar a su trabajo como cualquier trabajador de esta ciudad, en transporte público o en sus propios vehículos". Esta propuesta, aunque radical, ilustra el abismo entre la élite política y la base social. Los excesos presupuestales no solo representan un mal uso de fondos, sino un insulto a la inteligencia colectiva, especialmente en un estado industrial como Nuevo León, donde la economía depende de la confianza en instituciones sólidas.
En el fondo, el Grupo de las Seis busca catalizar un cambio cultural en el Congreso, promoviendo una gestión austera y orientada al servicio público. Sus acciones, desde videos virales hasta comunicados formales, han amplificado voces marginadas y forzado debates que de otro modo quedarían en el olvido. Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo cómo se destinan millones a caprichos legislativos, en detrimento de inversiones en educación y medio ambiente, dos pilares que el colectivo defiende con fervor.
Pero más allá de las cifras frías, estos excesos presupuestales revelan un sistema donde el poder se ejerce con opacidad, y la vigilancia ciudadana se convierte en el único contrapeso viable. El compromiso del Grupo de las Seis con la transparencia no flaquea, y su llamado a la acción resuena en foros locales donde se discute el futuro de la gobernanza en Nuevo León. En conversaciones informales con observadores políticos, se menciona cómo reportes de medios regionales han respaldado estas denuncias, aportando datos sobre licitaciones pasadas y comparativos presupuestales.
Finalmente, la batalla contra los excesos presupuestales en el Congreso continúa, con el colectivo insistiendo en que solo una ciudadanía activa puede revertir esta tendencia. Fuentes cercanas al Legislativo, consultadas de manera discreta, admiten que el debate interno sobre recortes ya circula en pasillos, aunque sin compromisos firmes. Y en círculos activistas, se comparte que análisis independientes de think tanks locales coinciden en la necesidad de auditorías exhaustivas para restaurar la fe pública.
