Violencia contra menores en Torreón ha cobrado un nuevo giro dramático, donde un padre de familia lucha desesperadamente por proteger a sus gemelas de nueve años de presuntos abusos físicos perpetrados por la pareja de su expareja. Esta situación, que se ha prolongado por más de ocho meses, pone en evidencia las fallas en el sistema de protección infantil y el incumplimiento de órdenes judiciales, dejando a las niñas en un limbo de incertidumbre y riesgo. Javier Vélez, el padre afectado, ha elevado su voz para denunciar no solo la separación forzada de sus hijas, sino también la aparente indiferencia de las autoridades ante evidencias de maltrato.
El inicio de la pesadilla familiar
Todo comenzó en enero de este año, cuando Javier Vélez notó marcas visibles de agresiones en el cuerpo de sus gemelas. Alarmado por lo que veía como signos claros de violencia contra menores, el padre decidió actuar de inmediato. Su plan era acudir a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para formalizar una denuncia y garantizar la seguridad de las pequeñas. Sin embargo, el destino intervino de manera cruel: la expareja de Vélez irrumpió en su domicilio con amenazas, llevándose a las niñas y cortando todo contacto desde ese momento. Esta sustracción repentina no solo impidió la denuncia inicial, sino que inició un calvario legal que hoy sigue sin resolverse.
La violencia contra menores en Torreón no es un caso aislado, pero en esta familia ha escalado a niveles preocupantes. Vélez describe cómo las niñas, que antes disfrutaban de visitas regulares con su padre, ahora están expuestas a un entorno que él califica como tóxico. Las marcas de golpes y moretones que observó en enero fueron el detonante, pero la falta de intervención inmediata ha permitido que la situación se agrave. Expertos en derechos infantiles señalan que estos casos de presunto maltrato familiar requieren una respuesta rápida para evitar daños irreversibles en el desarrollo emocional de los niños.
Batalla legal por el derecho de convivencia
Ante la ausencia total de sus hijas, Javier Vélez recurrió a los juzgados de lo familiar en Torreón. Allí, presentó una denuncia formal solicitando su derecho de convivencia, un derecho que la justicia le concedió sin ambigüedades. Sin embargo, la expareja ha ignorado sistemáticamente las órdenes judiciales, negándose a entregar a las gemelas para las visitas pactadas. Esta rebeldía ha generado múltiples apercibimientos, pero hasta ahora, no ha habido medidas coercitivas efectivas para hacer cumplir la resolución.
La desesperación de Vélez es palpable. Ha solicitado al juez una investigación exhaustiva sobre las condiciones en las que viven las menores, incluyendo evaluaciones psicológicas y médicas que confirmen o descarten la violencia contra menores. Paralelamente, ha elevado el caso a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, donde presentó una denuncia penal por las agresiones físicas reportadas. A pesar de estos esfuerzos, el proceso avanza con lentitud, dejando al padre en un estado de angustia constante. "No solo extraño a mis hijas, sino que temo por su integridad física y emocional", ha expresado Vélez en sus declaraciones.
En el contexto de Torreón, esta historia resalta los desafíos del sistema judicial en casos de custodia compartida y protección infantil. La violencia contra menores en entornos familiares a menudo se ve complicada por disputas entre exparejas, donde los niños terminan siendo las principales víctimas. Organizaciones locales de apoyo a la infancia han reportado un aumento en denuncias similares en la región de La Laguna, subrayando la necesidad de protocolos más estrictos para intervenir en tiempo real.
Fallas en la protección infantil y sus consecuencias
El rol de las autoridades en casos de maltrato
La PRONNIF y la Fiscalía juegan un papel crucial en la prevención de la violencia contra menores, pero en este caso, la respuesta ha sido criticada por su demora. Vélez esperaba que tras su denuncia inicial, se activara un mecanismo de protección inmediata, como el retiro temporal de las niñas del hogar conflictivo. En cambio, la intervención de la expareja frustró cualquier avance, y las instancias judiciales han priorizado el proceso legal sobre la urgencia humanitaria. Esta lentitud no solo prolonga el sufrimiento de las gemelas, sino que podría perpetuar un ciclo de abuso si no se actúa pronto.
La actual pareja de la expareja, señalada como la responsable de las agresiones, permanece sin ser investigada a fondo. Fuentes cercanas al caso indican que testigos han corroborado las observaciones de Vélez sobre las marcas en las niñas, lo que añade peso a las acusaciones de violencia contra menores en Torreón. Sin embargo, sin una orden de allanamiento o evaluación forense, las pruebas siguen siendo circunstanciales, lo que complica el avance penal.
Impacto emocional en la familia y la sociedad
El impacto de esta situación trasciende la familia inmediata. Las gemelas, de solo nueve años, están privadas de la estabilidad que un padre amoroso podría ofrecer, lo que podría derivar en problemas psicológicos a largo plazo. Estudios sobre violencia contra menores destacan que la separación abrupta y el exposición a maltrato físico generan traumas que afectan el rendimiento escolar y las relaciones futuras. En Torreón, donde casos similares han surgido en los últimos meses, la comunidad exige mayor vigilancia por parte de las autoridades para evitar que estos dramas se repitan.
Javier Vélez no está solo en su lucha; ha recibido apoyo de grupos de padres separados que enfrentan dilemas parecidos en la región. Estos colectivos abogan por reformas en las leyes de familia que prioricen el bienestar infantil sobre disputas adultas. Mientras tanto, el padre continúa interponiendo recursos legales, esperando que la justicia no solo le devuelva el contacto con sus hijas, sino que también las proteja de cualquier riesgo futuro.
La historia de Vélez ilustra cómo la violencia contra menores en Torreón puede escalar rápidamente si no hay intervención oportuna. En noviembre de 2024, un caso similar involucró la sustracción de una menor en la misma zona, lo que derivó en consecuencias trágicas para la familia. Autoridades locales, según reportes de medios regionales, han incrementado patrullajes en barrios vulnerables, pero insisten en que las denuncias deben ser exhaustivas para proceder. Vecinos y activistas han compartido testimonios anónimos que respaldan la versión de Vélez, destacando la importancia de escuchar a los padres preocupados en estos escenarios.
En conversaciones con representantes de la PRONNIF, se menciona que casos como este requieren colaboración interinstitucional para resolverlos eficientemente. La Fiscalía General del Estado ha registrado un alza en denuncias por violencia familiar en Coahuila, y expertos consultados por portales de noticias locales enfatizan la necesidad de capacitar mejor al personal judicial en temas de custodia infantil.