En Nuevo León, los días de los montachoques podrían estar contados. El diputado del Partido Acción Nacional, Miguel Lechuga, ha presentado una iniciativa para castigar con severidad a quienes practican esta modalidad de extorsión. La propuesta busca incluir el delito de “montachoques” en el Código Penal del estado, con penas de hasta 12 años de prisión para quienes simulen accidentes viales con el fin de obtener dinero de manera ilícita.
Los montachoques han convertido las calles de municipios como Monterrey, Santa Catarina, Guadalupe y San Pedro en un escenario de temor para los conductores. Estos grupos organizados provocan colisiones intencionales, aprovechando la confusión y el miedo de las víctimas para exigir pagos en efectivo. En muchos casos, incluso acompañan a los afectados a cajeros automáticos para asegurarse de recibir el dinero.
La iniciativa de Lechuga busca reformar el Artículo 395 del Código Penal estatal. Propone añadir una fracción específica que sancione la extorsión mediante choques simulados. El diputado argumenta que, aunque la extorsión ya está penada, esta nueva modalidad no está claramente tipificada, lo que permite a los delincuentes evadir la justicia al clasificar los casos como incidentes civiles.
El aumento de estos delitos ha generado preocupación en Nuevo León. Reportes ciudadanos han denunciado tácticas cada vez más agresivas, como el uso de vehículos previamente dañados para fingir accidentes o la intimidación con falsos testigos. En algunos casos, los montachoques incluso recurren a la violencia física o moral para presionar a las víctimas.
Lechuga ha señalado que esta práctica no solo afecta el patrimonio de los ciudadanos, sino también su seguridad y confianza en las vías públicas. “Es un crimen que abusa de la vulnerabilidad de los conductores”, afirmó el legislador, destacando que su propuesta busca enviar un mensaje claro: las calles deben ser un espacio seguro, no un terreno para extorsionadores.
La propuesta también responde a la falta de acción efectiva por parte de las autoridades locales. En municipios gobernados por partidos como Movimiento Ciudadano, los señalamientos de inacción han sido recurrentes. Aunque la iniciativa no menciona directamente a las administraciones, el diputado ha criticado la incapacidad de algunos gobiernos para abordar el problema de raíz.
Si la reforma es aprobada, los montachoques podrían enfrentar de 6 a 12 años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso. Además, se contemplan multas significativas para disuadir a purus operandi. La severidad de las penas busca desincentivar esta práctica delictiva que ha ido en aumento en los últimos años.
La ciudadanía ha recibido la noticia con opiniones divididas. Mientras algunos conductores aplauden la medida, otros consideran que las penas podrían ser excesivas. Sin embargo, el consenso general es que la inseguridad vial debe ser combatida con firmeza. La propuesta aún debe pasar por el proceso legislativo en el Congreso de Nuevo León.
Este esfuerzo legislativo refleja un intento por recuperar la confianza de los ciudadanos en la seguridad de las carreteras. Los montachoques, que operan con tácticas cada vez más sofisticadas, han puesto en jaque la tranquilidad de los automovilistas. La aprobación de esta ley podría marcar un antes y un después en la lucha contra este delito.
El debate en el Congreso estatal será clave para determinar el futuro de esta iniciativa. De prosperar, Nuevo León podría convertirse en un ejemplo para otros estados que enfrentan problemas similares. Por ahora, los conductores esperan medidas concretas que les permitan circular sin el temor a ser víctimas de una extorsión.
