En Nuevo León, el delito de extorsión ha alcanzado cifras preocupantes, colocando al estado en el cuarto lugar a nivel nacional con 412 casos reportados de enero a mayo de 2025. Esto significa que, en promedio, 1.3 personas son víctimas de este crimen cada hora, una situación que pone en alerta a la ciudadanía.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, encabezada por el fiscal, asegura que el aumento en las denuncias no refleja un incremento real en los delitos, sino una mayor confianza de la población para reportar estos actos. Según las autoridades, las víctimas están perdiendo el miedo a denunciar, lo que ha elevado las estadísticas oficiales.
Sin embargo, la realidad en las calles de Monterrey y otros municipios parece contar otra historia. Los ciudadanos enfrentan diariamente llamadas telefónicas, mensajes intimidatorios y hasta cobros de piso, prácticas que han ido en aumento y que generan un clima de inseguridad constante.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que Nuevo León se encuentra solo por detrás de Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México en el número de extorsiones. Este panorama ubica al estado en una posición crítica dentro del contexto nacional.
La fiscalía estatal destaca que el 100 por ciento de los casos denunciados se resuelve con éxito, sin que las víctimas tengan que pagar a los extorsionadores. No obstante, la percepción ciudadana apunta a que las autoridades no están haciendo lo suficiente para prevenir estos delitos.
La estrategia de seguridad en el estado, liderada por el gobierno de Nuevo León, incluye operativos como el de Fuerza Civil, pero los resultados parecen insuficientes ante el avance de este delito. La coordinación entre niveles de gobierno se menciona como clave, pero los números muestran que el problema persiste.
En el caso de las extorsiones telefónicas, muchas se originan desde centros penitenciarios, lo que pone en evidencia las fallas en el sistema carcelario. Estas operaciones, conocidas como “call centers” del crimen, aprovechan la vulnerabilidad de las víctimas para exigir dinero bajo amenazas.
La ciudadanía, aunque más dispuesta a denunciar, exige medidas más efectivas para frenar esta ola delictiva. La sensación de inseguridad no disminuye, y los habitantes de Nuevo León esperan respuestas concretas de las autoridades para recuperar la tranquilidad.