Tamayo Capital, una firma que opera como Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI), se dedica al fondeo de desarrollos inmobiliarios en estados como Nuevo León, Querétaro y Veracruz. Los inversionistas, atraídos por promesas de hasta un 18 por ciento de rendimiento anual, invirtieron sumas que van desde los 500 mil hasta el millón de pesos. Sin embargo, la empresa no ha cumplido con los pagos ni ha devuelto el capital invertido.
Raúl Castro, vocero de los afectados, expresó la frustración del grupo: en marzo les prometieron que en junio recibirían su dinero, pero esa fecha llegó y pasó sin ninguna respuesta. La paciencia se agota mientras los días transcurren sin avances, y los inversionistas exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto contra los directivos de la compañía.
La empresa, por su parte, ha intentado calmar las aguas. En un comunicado del 14 de junio, Tamayo Capital anunció el inicio de una nueva etapa en su plan para resolver la situación, asegurando que están diseñando un esquema con visión a largo plazo. Sin embargo, los inversionistas consideran que estas palabras son vacías, ya que no se han especificado compromisos concretos de pago.
Otro intento de la empresa por mostrar avances fue la reactivación de su sitio web el 16 de junio, donde prometieron una sección de comunicados institucionales y sesiones virtuales a partir del 18 de junio. Pero, hasta el 1 de julio, los afectados no han recibido ni un peso ni han sido contactados de manera individual o grupal, lo que aumenta su desconfianza.
El impacto de este presunto fraude no es solo económico. Los inversionistas han compartido que la situación ha afectado su salud física y emocional, con algunos enfrentando problemas graves debido a la pérdida de sus ahorros. La falta de respuestas claras ha llevado a muchos a sentirse engañados y abandonados.
En febrero de este año, la plataforma MILENIO-Multimedios dio a conocer el caso por primera vez, lo que destapó la magnitud del problema. Desde entonces, las denuncias contra Tamayo Capital han crecido, y los afectados han señalado que el dinero reclamado por este grupo de 50 personas podría superar los 80 millones de pesos.
Mario de la Rocha, exdirector general de la empresa, fue cesado un mes después de que se presentaran las primeras denuncias, aunque sigue siendo el enlace entre los afectados y la compañía. Su salida no ha resuelto el problema, y los inversionistas consideran que las promesas de la empresa no son más que un intento de ganar tiempo.
Tamayo Capital ha argumentado que enfrenta problemas de liquidez, pero los afectados no ven avances reales. La empresa asegura que cuenta con activos por cinco mil millones de pesos, principalmente en Nuevo León, y que está dispuesta a vender propiedades para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, estas declaraciones no han convencido a los inversionistas.
La lucha de los afectados continúa, y su determinación es clara: no desistirán hasta recuperar su patrimonio. Mientras tanto, la incertidumbre y la falta de acción concreta por parte de Tamayo Capital mantienen a estos inversionistas en un limbo financiero, con la esperanza de que las autoridades actúen para hacer justicia.