Estrategia de búsqueda Jalisco se ha convertido en un tema de fuerte controversia en el estado, donde el senador Carlos Lomelí Bolaños ha lanzado duras críticas contra las acciones del Gobierno estatal. Este enfoque en la localización de personas desaparecidas ha sido calificado como ineficaz y desorganizado, generando un debate sobre la responsabilidad de las autoridades en un problema que afecta a miles de familias. La estrategia de búsqueda Jalisco, implementada bajo la administración actual, no ha logrado reducir las cifras alarmantes de desapariciones, y en cambio, ha sido señalada por su falta de resultados concretos pese a incrementos presupuestales significativos.
Críticas a la política pública en desapariciones
La estrategia de búsqueda Jalisco ha sido descrita por Lomelí como un fracaso total, destacando que el gobierno de Pablo Lemus no ha avanzado en la materia. El senador morenista apuntó que la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas representa la única medida visible, pero su ejecución ha sido deficiente. Durante una comparecencia ante el Congreso, el titular de esta secretaría fue criticado por culpar a las familias de las víctimas, lo que agrava la revictimización y muestra una desconexión con la realidad social.
En este contexto, la estrategia de búsqueda Jalisco depende en gran medida de denuncias anónimas y del esfuerzo incansable de colectivos ciudadanos, en lugar de iniciativas proactivas del estado. Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, se registraron más de 2,277 casos de personas desaparecidas, de las cuales solo 1,380 fueron localizadas. Este incremento del 40% en desapariciones de jóvenes subraya la urgencia de revisar la estrategia de búsqueda Jalisco para adaptarla a las necesidades actuales.
Aumento en cifras de desaparecidos y falta de datos fiables
La estrategia de búsqueda Jalisco enfrenta desafíos adicionales debido a la opacidad en los reportes oficiales. Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en número de desaparecidos, una posición que Lomelí atribuye a la negligencia previa y actual. La administración anterior dejó de proporcionar datos completos, y aunque el Secretario General de Gobierno prometió actualizar la información para diciembre, los números disponibles no se consideran fiables ni precisos. Esta incertidumbre complica la planificación de una estrategia de búsqueda Jalisco más efectiva y transparente.
Además, la estrategia de búsqueda Jalisco no ha integrado adecuadamente herramientas modernas para el rastreo, lo que resulta en un rezago frente a otros estados. Lomelí enfatizó que sin datos reales, es imposible medir el impacto de las políticas implementadas, lo que perpetúa un ciclo de ineficiencia en la localización de personas.
Presupuesto del IJCF y su impacto en la identificación
Otro aspecto clave de la estrategia de búsqueda Jalisco es el rol del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que ha recibido un aumento presupuestal notable sin traducirse en mejoras visibles. En 2024, el presupuesto se incrementó en casi 100 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la identificación de cuerpos. Sin embargo, persisten 1,305 cuerpos y 9,500 partes de cuerpos sin identificar, lo que cuestiona la efectividad de estos recursos en la estrategia de búsqueda Jalisco.
El IJCF reportó la necesidad de 150 peritos adicionales, pero no hay claridad sobre contrataciones realizadas. Lomelí criticó el gasto en bonos para peritos y jefes, que superó los 12 millones de pesos, así como la inversión en uniformes por más de 3 millones. Estos egresos, detallados en licitaciones públicas, no han generado avances tangibles en la estrategia de búsqueda Jalisco, dejando a las familias en un limbo de incertidumbre.
Gastos cuestionados y falta de transparencia
En la estrategia de búsqueda Jalisco, la asignación de fondos al IJCF incluye partidas como la licitación IJCF-IH-LPL-CC-002/2025 para uniformes, que no contribuyen directamente a la identificación forense. Con 475 peritos en nómina, el enfoque en incentivos monetarios parece priorizar el bienestar interno sobre la resolución de casos. Esta situación ha llevado a Lomelí a cuestionar públicamente qué se está haciendo realmente en la estrategia de búsqueda Jalisco para apoyar a las víctimas y sus familias.
La estrategia de búsqueda Jalisco debe replantearse para incluir mayor accountability en el uso de recursos públicos, asegurando que cada peso invertido se refleje en resultados concretos como la identificación y localización de desaparecidos.
Resultados de la Fiscalía Estatal y planes futuros
La Fiscalía Estatal también forma parte integral de la estrategia de búsqueda Jalisco, pero sus resultados han sido decepcionantes según Lomelí. En el Plan Estatal de Desarrollo para la Gobernanza 2024-2030, se prometió una investigación científica rigurosa, aunque no se han reportado avances significativos. La judicialización de casos es mínima, con solo 198 carpetas procesadas en 2024, frente a miles de denuncias pendientes.
Para 2030, la meta es aumentar a 204 judicializaciones, un incremento marginal del 3% que Lomelí califica de vergonzoso dada la magnitud del problema. El Fiscal General admitió estar rebasado por el volumen de casos diarios, atribuyéndolo al alto costo de contratar personal especializado. Esta admisión resalta la ausencia de una estrategia de búsqueda Jalisco integral y sostenible a largo plazo.
Implementación de herramientas virtuales y sus limitaciones
En un intento por modernizar la estrategia de búsqueda Jalisco, se introdujo el Ministerio Público Virtual, pero carece de sustento legal y no ha demostrado eficacia. Esta herramienta, pensada para agilizar denuncias, no ha impactado positivamente en las tasas de resolución. Lomelí urge a una revisión profunda de estos componentes para que la estrategia de búsqueda Jalisco responda mejor a las demandas de la sociedad.
La estrategia de búsqueda Jalisco requiere una coordinación interinstitucional más fuerte, integrando fiscalía, forenses y secretarías para combatir las desapariciones de manera efectiva.
De acuerdo con informes presentados por el senador en conferencias recientes, las cifras de desapariciones continúan en ascenso sin una respuesta adecuada del estado. Estos datos, recopilados de fuentes oficiales y colectivos, pintan un panorama preocupante para Jalisco.
Según declaraciones recogidas en sesiones legislativas, el gobierno estatal ha admitido limitaciones presupuestales que impiden contratar más personal, lo que afecta directamente la operatividad diaria. Tales admisiones provienen de comparecencias públicas donde se discuten estos temas abiertamente.
Basado en análisis de licitaciones y reportes financieros disponibles al público, los gastos en áreas no prioritarias han sido destacados por críticos como Lomelí, cuestionando la asignación de recursos en un contexto de crisis humanitaria.