Regulación de marihuana sigue estancada en México, pese a los avances judiciales y las presiones sociales que demandan un marco legal claro y justo. A cuatro años de la histórica declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso federal no ha logrado aprobar una ley integral que despenalice el uso recreativo y medicinal de esta planta, dejando a miles de usuarios en la incertidumbre jurídica. Mientras tanto, los decomisos masivos de marihuana continúan bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, con casi 60 toneladas aseguradas en su primer año, lo que genera críticas por priorizar la represión sobre la regulación efectiva.
La regulación de marihuana no solo representa un reclamo por derechos humanos, sino también una oportunidad económica y de salud pública que el país no puede seguir ignorando. Activistas y legisladores locales insisten en que es hora de destrabar este proceso legislativo, que ha sido frenado por desacuerdos políticos y modificaciones interminables en las cámaras. En Jalisco, donde los cultivos ilícitos persisten, la falta de normas claras fomenta la clandestinidad y expone a comunidades enteras a riesgos innecesarios.
Decomisos récord de marihuana en el sexenio de Sheinbaum
En un giro paradójico, el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum destaca los decomisos de marihuana como un logro en la lucha contra el narco, pero críticos lo ven como una falla del sistema. Con 59.9 toneladas incautadas entre octubre de 2024 y junio de 2025, la marihuana se posiciona como la segunda droga más decomisada, solo por detrás de la metanfetamina. Estas cifras, impulsadas por operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, equivalen a millones de dosis evitadas en el mercado ilegal, valoradas en cientos de millones de pesos.
Estadísticas que revelan la magnitud del problema
Los números no mienten: 46.6 toneladas aseguradas por el Ejército y la Guardia Nacional, más 13.7 toneladas por la Marina, que previnieron la circulación de 2.8 millones de dosis. En estados como Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero, se erradicaron más de 19 mil plantíos en 1,762.5 hectáreas, mientras que la Marina destruyó 6.7 millones de plantas. En Jalisco, un decomiso reciente en Hostotipaquillo de 37 mil plantas, con un valor de 40 millones de pesos, ilustra cómo la regulación de marihuana ausente alimenta el ciclo de violencia y producción clandestina.
Esta escalada en decomisos de marihuana bajo el mando federal genera cuestionamientos: ¿por qué invertir recursos en erradicaciones masivas cuando la SCJN ya avaló el uso personal? La regulación de marihuana podría transformar estos esfuerzos represivos en un modelo regulado, similar a países como Canadá o Uruguay, donde el control estatal reduce el poder de los carteles.
Fallo de la SCJN: Un avance judicial frenado por el Congreso
Todo comenzó en 2021, cuando la SCJN declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de cannabis, abriendo la puerta a la regulación de marihuana para uso personal. La corte permitió sembrar, cosechar y transportar hasta 28-30 gramos o seis plantas por persona, siempre con permisos. Sin embargo, el Congreso de la Unión falló en su tarea: una propuesta inicial fue alterada en Diputados y rechazada en Senado por falta de consensos, dejando un vacío legal que persiste hasta hoy.
Permisos de COFEPRIS: Un proceso burocrático y desigual
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se encarga de otorgar autorizaciones, pero su lentitud es escandalosa. De más de 21 mil solicitudes desde 2021, solo se han concedido alrededor de 6,900, una tasa de aprobación inferior al 33%. En 2024, las peticiones subieron un 62.5%, reflejando el creciente interés en la legalización cannabis, pero la dependencia federal niega permisos sistemáticamente, obligando a usuarios a recurrir a amparos costosos.
Esta demora en la regulación de marihuana no solo viola el espíritu del fallo de la SCJN, sino que perpetúa desigualdades: quienes pueden pagar abogados obtienen sus derechos, mientras que otros enfrentan detenciones por posesión simple. Expertos en reducción de daños urgen un enfoque integral que priorice la salud sobre la criminalización.
Voces expertas claman por una regulación integral
La regulación de marihuana no es solo un debate jurídico; es una demanda social que resuena en activistas y políticos. En Jalisco, figuras clave alzan la voz contra la inacción federal, proponiendo soluciones que abarquen desde el autoconsumo hasta aplicaciones industriales.
Abdiel Vidrio: Enfoque en reducción de riesgos y reparación
Abdiel Vidrio, activista pro-legalización, enfatiza que la regulación de marihuana debe centrarse en la reducción de riesgos para usuarios vulnerables. "Se necesita un diseño integral que repare daños a grupos marginados y garantice equidad", afirma. Vidrio critica la persistencia del delito de posesión en el Código Penal, que expone a revisiones arbitrarias, y la renuencia de COFEPRIS a emitir permisos, lo que genera gastos innecesarios en litigios.
Su visión para la legalización cannabis incluye educación y acceso controlado, transformando un mercado negro en uno regulado que beneficie a la sociedad en general.
Enrique Velázquez: Hacia el uso medicinal e industrial
El diputado local Enrique Velázquez, pionero en iniciativas jaliscienses, impulsa la despenalización del consumo de marihuana desde hace años. Sus propuestas, aunque no aprobadas, abogan por permisos para siembra, cosecha y producción medicinal, además de industrialización del cáñamo. "Países como BMW usan cáñamo en autopartes; México podría generar riqueza con textiles, construcción y más", sostiene.
Velázquez ve en la regulación de marihuana una vía para atender dolores crónicos y fomentar industrias sostenibles, criticando la miopía federal que ignora estos potenciales.
Potencial económico y social de la regulación de marihuana
Más allá de lo recreativo, la regulación de marihuana abre puertas a un sector industrial floreciente. El cáñamo, derivado de la planta, ofrece materiales resistentes para textiles, ladrillos y plásticos ecológicos, posicionando a México como líder en economías verdes. Sin embargo, sin legislación clara, emprendedores locales operan en la sombra, sin protecciones plenas.
En el contexto de decomisos de marihuana masivos, urge un cambio de paradigma: de la guerra contra las drogas a una gestión responsable. La inacción del gobierno de Sheinbaum, pese a sus reportes de seguridad, solo agrava el problema, permitiendo que carteles dominen un mercado que podría ser estatal y regulado.
Como se detalla en informes recientes de la Secretaría de Seguridad, estos aseguramientos evitan flujos millonarios al crimen organizado, pero no resuelven la raíz: la ausencia de regulación de marihuana deja a productores y consumidores en limbo. Activistas como Vidrio, basados en datos de COFEPRIS, destacan cómo miles de solicitudes ignoradas perpetúan la desigualdad.
Por su parte, legisladores estatales como Velázquez, inspirados en modelos globales reportados por organizaciones internacionales, proponen marcos que integren salud y economía. Así, la presión crece para que el Congreso destrabe esta iniciativa, honrando el fallo de la SCJN que transformó el debate hace cuatro años.
En resumen, la regulación de marihuana no es un lujo, sino una necesidad imperiosa para un México más justo y próspero, donde la planta deje de ser sinónimo de conflicto y se convierta en herramienta de progreso.