El Río Santiago, uno de los más contaminados de México, sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades de Jalisco. En una reciente mesa de trabajo, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paola Bauche, defendió el plan del gobierno estatal para limpiar este afluente, pero los números no mienten: los avances son insuficientes.
Según la plataforma MIDE Jalisco, el objetivo de saneamiento del río no se cumplió en el sexenio pasado. A pesar de esto, Bauche insiste en que hay una estrategia clara con cuatro ejes: modernizar plantas de tratamiento, sanear cuencas clave como San Andrés, Osorio y San Gaspar, restaurar la cuenca de El Ahogado y coordinar esfuerzos para recuperar el río.
Por su parte, Mario López, titular de la Comisión Estatal del Agua, reveló que solo 142 de las 231 plantas de tratamiento en Jalisco están operando. Aunque estas tienen capacidad para tratar el 93% del agua residual del estado, la realidad es que el río sigue recibiendo descargas contaminantes sin control.
El gobierno federal también entra en la jugada. La titular de Semarnat, Alicia Bárcena, anunció una inversión de 7 mil millones de pesos para sanear el Río Santiago durante el sexenio. Sin embargo, las promesas de recursos federales no son nuevas, y los habitantes de la zona ya están cansados de escucharlas.
Desde el gobierno de Jalisco, se habla de una inversión de 2 mil 295 millones de pesos. Entre los planes están construir tres nuevas plantas de tratamiento en Ocotlán-Ixtlahuacán, colectores en las cuencas de El Ahogado y El Salto, y sistemas fotovoltaicos para 14 plantas. Pero, ¿será suficiente para revertir décadas de contaminación?
Organizaciones civiles y activistas no están convencidos. Critican que el plan estatal se centra en infraestructura hidráulica, pero no ataca de raíz la contaminación industrial. Empresas instaladas en la cuenca siguen descargando residuos sin regulación estricta, agravando el problema.
Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del comité ciudadano de defensa ambiental, pidió al gobierno estatal escuchar a la población y regular a las industrias. También señaló que construir megaplantas no es la solución si no se garantiza el tratamiento del agua por parte de los industriales.
La sombra de proyectos como la planta termoeléctrica La Charrería, impulsada por el gobierno federal, preocupa a los activistas. Este proyecto, detenido por violar normas ambientales, podría reactivarse, lo que generaría más contaminación en una zona ya saturada.
El Río Santiago no solo es un problema ambiental, sino de salud pública. En los últimos 17 años, se han registrado 2 mil 842 muertes y más de 4 mil personas enfermas en comunidades cercanas, con 168 decesos solo en 2024. Estas cifras son un recordatorio de la urgencia de actuar.
La pregunta sigue en el aire: ¿podrán los gobiernos estatal y federal trabajar juntos para rescatar el Río Santiago, o seguiremos viendo promesas que se diluyen en un río que agoniza?
