Campesinos Guanajuato niegan ser criminales ante investigación
Campesinos Guanajuato se encuentran en el ojo del huracán tras recibir citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR) por sus intensas movilizaciones en demanda de precios justos para sus cosechas. Lejos de intimidarse, estos productores agrícolas, agrupados en el Movimiento Agrícola Campesino (MAC), preparan una defensa legal sólida mientras insisten en que no son delincuentes. La situación genera alarma en el sector agrícola del estado, donde los bloqueos carreteros y protestas han sido la única vía para hacer oír sus reclamos ante un gobierno federal que parece responder con represión en lugar de soluciones.
Declaraciones de Mauricio Pérez, vocero del MAC
“No somos criminales, no le vamos a dar la espalda a la justicia”, afirmó Mauricio Pérez, vocero del MAC, al confirmar que campesinos Guanajuato ya cuentan con un equipo de abogados para analizar los citatorios emitidos por la FGR. Pérez enfatizó que los campesinos Guanajuato sabían que esto podía ocurrir, pero el hartazgo por los bajos precios del maíz y sorgo los obligó a dejar el miedo atrás y defender la dignidad de sus familias. Esta respuesta de la autoridad federal añade un giro político al conflicto, algo que los productores han evitado cuidadosamente en su lucha puramente campesina.
Citatorios FGR llegan en medio de negociaciones clave
Los citatorios FGR sorprendieron a varios campesinos Guanajuato el pasado viernes 7 de noviembre, justamente cuando participaban en una reunión con industriales para establecer mesas de trabajo. El objetivo era lograr un aumento a 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz blanco y 6 mil pesos por tonelada de sorgo. A pesar de la notificación para presentarse en las oficinas de la FGR en Irapuato, los campesinos Guanajuato aseguran que atenderán el llamado sin nada que ocultar, pero no descuidarán las negociaciones que motivaron su paro agrícola.
Avances con industriales y pendientes con Sader
La reunión resultó positiva especialmente con la empresa Maseca, aunque no se definió el precio base deseado. Los campesinos Guanajuato continúan las mesas de trabajo en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué. Esta dualidad entre diálogo y persecución judicial genera incertidumbre y alarma, ya que los productores temen que los citatorios FGR sean una estrategia para desmovilizar su legítima protesta por ganancias que apenas alcanzan los 10 mil pesos por hectárea en zonas como Irapuato.
Impacto del paro agrícola en Guanajuato y riesgos latentes
El paro agrícola impulsado por campesinos Guanajuato ha paralizado carreteras y expuesto la crisis en el campo mexicano, donde los costos de producción superan con creces los ingresos por cosechas. Los bloqueos carreteros, aunque disruptivos, han sido el mecanismo para presionar al gobierno federal y a los industriales. Ahora, con los citatorios FGR, los campesinos Guanajuato enfrentan no solo la posibilidad de sanciones, sino un precedente peligroso que criminaliza la protesta social en el sector rural.
Defensa legal y continuidad de la lucha campesina
Un equipo de abogados ya supervisa la situación legal de los citados, asegurando que los campesinos Guanajuato responderán a la justicia sin retroceder en sus demandas. “Nuestra lucha es meramente campesina, no arrastramos intereses políticos ni postulamos cargos”, reiteró Pérez. Esta firmeza contrasta con la respuesta alarmantemente punitiva de la FGR, que podría escalar el conflicto en uno de los estados más productivos en granos.
En reportajes recientes del Periódico Correo se ha detallado cómo los campesinos Guanajuato han mantenido su movimiento sin violencia, enfocados en precios justos que eviten la ruina económica de miles de familias.
Voceros como Mauricio Pérez han sido citados extensamente en coberturas locales, destacando la preparación de una defensa que cuestiona el fundamento de las investigaciones federales.
Además, actualizaciones sobre las mesas de trabajo con Sader y empresas como Maseca aparecen en notas relacionadas del mismo medio, subrayando que el diálogo sigue abierto pese a la presión judicial.