Violencia en Universidad de Guanajuato ha tomado un giro preocupante con las denuncias de estudiantes de la Maestría en Análisis Político contra dos candidatas a la dirección del Departamento de Estudios Políticos y Gobierno. Estos jóvenes, que prefieren mantener su anonimato por temor a posibles represalias, han elevado la voz para alertar sobre un historial de violaciones a derechos humanos atribuido a las profesoras Ma. Aide Hernández García y Elizabeth Cristina Cobilt Cruz. La situación se agrava porque el departamento permanece sin director desde septiembre de 2024, dejando un vacío de liderazgo que afecta directamente la dinámica académica y el bienestar de la comunidad estudiantil.
Contexto de la violencia en UG y su impacto en la comunidad
La violencia en UG no es un incidente aislado, sino parte de un patrón que incluye hostigamiento y abuso de poder, según las quejas presentadas ante la Defensoría de Derechos Humanos en el Entorno Universitario. Los estudiantes describen un ambiente donde la presión por asistir a eventos organizados por estas docentes se convierte en una obligación disfrazada de recomendación, especialmente para quienes reciben becas de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Esta dinámica no solo limita la libertad de expresión, sino que también erosiona los principios fundamentales de la educación superior, como la pluralidad y la democracia que se promueven en carreras como Ciencia Política.
Renuncia de la directora anterior ligada a tensiones internas
El detonante reciente de estas tensiones fue la renuncia de la doctora Leslie Estefanía Flores Rivera, quien asumió la dirección en junio de 2024 pero dejó el puesto el 3 de septiembre. Fuentes cercanas al departamento sugieren que esta salida se debió precisamente a las presiones y violencias ejercidas por las candidatas mencionadas, lo que ha intensificado el descontento entre alumnos y profesores. Sin un liderazgo estable, el Departamento de Estudios Políticos y Gobierno enfrenta desafíos operativos, desde la asignación de clases hasta la supervisión de proyectos de investigación, dejando a los estudiantes en una posición de vulnerabilidad que agrava la percepción de inestabilidad.
Los afectados destacan que las candidatas no solo acumulan denuncias formales, sino que también ocupan posiciones clave como coordinadoras de posgrado y directoras de tesis, lo que les permite influir en múltiples aspectos del proceso educativo. Esta concentración de poder fomenta un extractivismo académico, donde los alumnos son vistos más como recursos para inflar cifras que como individuos con derechos. La violencia en UG, en este sentido, se manifiesta en formas sutiles pero persistentes, como la autoasignación de materias sin transparencia, lo que genera resentimientos y cuestionamientos éticos dentro de la institución.
Protestas y tendedero: La voz de los estudiantes contra la violencia en UG
Para visibilizar su malestar, alumnos de la licenciatura en Ciencia Política y de la Maestría en Análisis Político organizaron un tendedero en las instalaciones del departamento, situado en la Zona Centro de la capital guanajuatense. En los carteles se plasmaron mensajes directos y contundentes: "¿Por qué están siendo consideradas para ser directoras del Departamento de Estudios Políticos y Gobierno? El régimen que utilizan en sus clases no representa los valores de la UG: entornos libres de violencia y circuitos de paz". Estas expresiones no solo rechazan el historial de las candidatas, sino que también llaman la atención sobre la incongruencia entre los ideales de la ciencia política —pluralidad, democracia y libertad de pensamiento— y las prácticas observadas.
Detalles de las violaciones a derechos humanos reportadas
Entre las acusaciones específicas, se menciona el hostigamiento hacia estudiantes becados, obligados a participar en conferencias bajo amenaza implícita de repercusiones en su estatus académico. "Los estudiantes becados no somos números, no somos una tesis", reza uno de los lemas del tendedero, subrayando el rechazo al uso instrumental de los alumnos para fines personales o institucionales. Además, se denuncia un autoritarismo en la gestión de proyectos, donde las profesoras se autoasignan roles sin procesos democráticos, lo que perpetúa un ciclo de desigualdad y miedo en el entorno educativo.
El proceso de selección para la nueva dirección incluye a otras candidatas como el doctor Daniel Añorve Añorve y la maestra Sandra Liliana Prieto de León, aprobadas por el Consejo de la División de Derecho, Política y Gobierno. Sin embargo, los estudiantes insisten en que el historial de violencia en UG debe ser un factor decisivo, y aunque no tienen voto directo, su protesta busca influir en la decisión final. Esta movilización resalta la importancia de mecanismos inclusivos en las universidades públicas, donde la voz de los alumnos no puede ser ignorada en temas que afectan su formación integral.
Implicaciones a largo plazo de la violencia en UG para la educación superior
La violencia en UG pone en jaque no solo el funcionamiento interno del departamento, sino también la reputación de la Universidad de Guanajuato como una de las instituciones más prestigiosas del país en ciencias sociales. En un contexto donde la educación superior enfrenta retos como la deserción estudiantil y la falta de equidad, casos como este subrayan la necesidad de protocolos más robustos para prevenir abusos de poder. Los estudiantes afectados han expresado que, sin una resolución pronta, el ambiente de temor podría disuadir a futuros aspirantes a posgrados, impactando la diversidad y calidad de la comunidad académica.
Más allá de las denuncias individuales, este episodio invita a una reflexión colectiva sobre los entornos libres de violencia en las universidades. La Defensoría de Derechos Humanos en el Entorno Universitario ha emitido recomendaciones previas en casos similares, lo que sugiere que la institución cuenta con herramientas para actuar, pero su implementación depende de la voluntad colectiva. En Guanajuato, donde la educación es pilar del desarrollo regional, resolver estas tensiones podría servir como modelo para otras dependencias, fomentando una cultura de respeto y diálogo.
Los jóvenes también han hecho un llamado urgente para que se designe un director o directora de manera inmediata, reconociendo que el departamento no puede operar indefinidamente sin liderazgo. Esta petición, aunque formalmente fuera de su ámbito de influencia, resalta el compromiso de los estudiantes con la sostenibilidad de su espacio educativo. Según relatos directos de los participantes en las protestas, el tendedero no solo fue un acto de denuncia, sino un espacio de catarsis colectiva que fortaleció la solidaridad entre pares.
En las últimas semanas, información proveniente de círculos cercanos al consejo departamental indica que se están revisando las candidaturas con mayor escrutinio, posiblemente influenciado por la visibilidad de las protestas. De igual modo, documentos internos de la Defensoría, consultados de manera discreta por involucrados, detallan patrones recurrentes en las quejas contra las candidatas, lo que podría inclinar la balanza hacia opciones más neutrales. Finalmente, observadores externos al departamento han señalado en conversaciones informales que este tipo de conflictos, aunque dolorosos, son oportunidades para reformar prácticas obsoletas y promover una gobernanza más inclusiva en la UG.