La suspensión regidora Salamanca de Herlinda Castillo Aguado ha sido declarada ilegal por el Tribunal de Justicia Administrativa, marcando un precedente importante en el ámbito municipal de Guanajuato. Esta resolución pone en evidencia irregularidades durante la administración anterior, cuando se separó del cargo a la funcionaria sin fundamentos legales sólidos. La suspensión regidora Salamanca, que duró casi tres meses y medio, impidió que percibiera sus emolumentos hasta el fin de su encargo en octubre de 2024.
Irregularidades en la suspensión regidora Salamanca
La suspensión regidora Salamanca se originó en junio de 2024, cuando la Contraloría Municipal emitió una resolución basada en una denuncia administrativa. Se acusaba a Herlinda Castillo de adjudicar directamente la compra de una planta de mezcla asfáltica en mayo de 2023. Sin embargo, la exregidora demostró que la adquisición se realizó mediante licitación pública, a través del Comité de Contrataciones Públicas Municipales. Esta evidencia fue clave para que el tribunal declarara nula la suspensión regidora Salamanca.
Además, la suspensión regidora Salamanca violó disposiciones constitucionales. El artículo 63 de la Constitución local de Guanajuato establece que solo el Congreso del Estado puede suspender o revocar el mandato de integrantes de un ayuntamiento por causas graves. La Contraloría Municipal carecía de facultades para imponer tal medida, lo que convierte la suspensión regidora Salamanca en un acto claramente irregular.
Contexto de la suspensión regidora Salamanca
Herlinda Castillo Aguado fue electa como primera regidora propietaria en la administración 2021-2024, encabezada por César Prieto Gallardo. Inicialmente solicitó licencia para desempeñarse como tesorera municipal, pero al renunciar a ese puesto buscó reincorporarse a su regiduría. En ese momento surgió el procedimiento en su contra, culminando en la suspensión regidora Salamanca notificada mediante oficio firmado por el entonces presidente municipal.
La resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, emitida el 1 de diciembre de 2025, no solo anuló la sanción, sino que ordenó el resarcimiento de los salarios no pagados, que ascendían a más de 48 mil pesos mensuales. Esta decisión resalta cómo la suspensión regidora Salamanca generó daños económicos que ahora debe cubrir el municipio.
Implicaciones de la ilegalidad en la suspensión regidora Salamanca
El caso de la suspensión regidora Salamanca ha generado cuestionamientos sobre el manejo de procedimientos administrativos en el ayuntamiento salmantino. El abogado de la exregidora, Javier Rangel Ávila, ha señalado que la autoridad municipal actuó de manera indebida al defender una postura insostenible. Esta suspensión regidora Salamanca podría derivar en mayores costos para las arcas públicas si no se resarce prontamente el daño causado.
Planta asfáltica y otros aspectos pendientes
Herlinda Castillo también hizo público que la planta de mezcla asfáltica adquirida en 2023 permanece sin operar hasta septiembre de 2025, a pesar de haber seguido todos los procedimientos legales. Este detalle añade controversia al origen de la denuncia que motivó la suspensión regidora Salamanca, sugiriendo posibles motivaciones más allá de lo administrativo.
La resolución judicial condena a la autoridad demandada por los perjuicios ocasionados, incluyendo la presentación de testigos que formaban parte del propio procedimiento. Tales elementos refuerzan la ilegalidad de la suspensión regidora Salamanca y exponen deficiencias en el proceso de la Contraloría Municipal durante la administración pasada.
Este fallo del magistrado de la Sala Especializada en Combate a la Corrupción representa un correctivo necesario ante actos que afectaron el ejercicio de un cargo público electo. La suspensión regidora Salamanca, ahora anulada, deja lecciones sobre el respeto a las facultades exclusivas del Congreso estatal en materia de mandatos municipales.
Como se detalla en reportes periodísticos locales, el caso ha sido seguido de cerca por medios guanajuatenses que cubren la política municipal. La información proporcionada por la propia afectada y su representante legal coincide con la resolución oficial del tribunal. Finalmente, observadores locales han comentado que este tipo de procedimientos irregulares afectan la confianza en las instituciones municipales de Salamanca.
