Tribunal anula destitución de exregidora de Salamanca en un fallo que cuestiona las acciones de la Contraloría Municipal. Este veredicto, emitido por el Tribunal de Justicia Administrativa, resalta irregularidades en el proceso que llevó a la suspensión de Herlinda Castillo Aguado, quien fue separada de su cargo como regidora del Ayuntamiento de Salamanca en junio de 2024. La decisión llega después de más de un año de litigio, subrayando fallos en la adjudicación de una compra pública y la falta de atribuciones legales de la autoridad investigadora.
Detalles del fallo del Tribunal de Justicia Administrativa
El Tribunal anula destitución de exregidora de Salamanca al determinar que no hubo adjudicación directa en la adquisición de una planta de mezcla asfáltica. La Sala Especializada en Combate a la Corrupción, presidida por el magistrado Arturo Lara en Silao, Guanajuato, analizó el procedimiento PRA/003/2025 iniciado por la Contraloría Municipal. Esta instancia local había acusado a Castillo Aguado de irregularidades en la licitación LPNP-MS-CCP-002/2023, por un monto de casi seis millones de pesos a la empresa TESELIP Tecnologías S.A. de C.V.
Irregularidades en la investigación municipal
En su resolución del 1 de diciembre de 2025, el tribunal identificó que la Contraloría actuó fuera de sus competencias al ordenar la suspensión inmediata. Tribunal anula destitución de exregidora de Salamanca porque solo el Congreso del Estado tiene facultades para tales medidas, según la Constitución local. Castillo Aguado, en su defensa, presentó evidencias del acta de concurso del 18 de mayo de 2023, demostrando que el comité de contrataciones públicas siguió los protocolos establecidos. Los testigos citados por la Contraloría resultaron ser parte del mismo proceso, lo que invalidó sus testimonios.
Esta situación expone vulnerabilidades en el sistema de fiscalización municipal, donde decisiones apresuradas pueden derivar en abusos de poder. El caso de la exregidora ilustra cómo interpretaciones erróneas de la ley pueden afectar la trayectoria de servidores públicos honestos, generando un clima de desconfianza en la administración local de Salamanca.
Impacto económico y político de la nulidad
Tribunal anula destitución de exregidora de Salamanca, obligando al Ayuntamiento a resarcir daños por unos 168 mil pesos, correspondientes a tres meses y medio de percepciones retenidas. Javier Rangel Ávila, abogado defensor, enfatizó el perjuicio directo causado por la sanción ilegal, que incluyó la prohibición de pagos mensuales de alrededor de 48 mil pesos. Este monto, pagado con recursos públicos, representa un desperdicio que podría haberse evitado con una revisión más exhaustiva inicial.
Críticas a la gestión del alcalde César Prieto Gallardo
Moderadamente crítico con el gobierno municipal, el fallo cuestiona la eficiencia de la Contraloría bajo la administración de César Prieto Gallardo, del PAN. A pesar de solicitudes de postura oficial, el Ayuntamiento no respondió oportunamente, lo que alimenta percepciones de opacidad. Tribunal anula destitución de exregidora de Salamanca y advierte que defender resoluciones infundadas solo incrementará costos al erario. Rangel Ávila hizo un llamado al alcalde para acatar el dictamen y solicitó intervención de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para auditar el contrato de la planta asfáltica, que aún no opera pese a la inversión.
Herlinda Castillo Aguado, quien ocupó la tesorería de octubre de 2021 a marzo de 2024 antes de reincorporarse como regidora, defendió su integridad: "Hice mi trabajo de manera correcta y honesta". Su caso resalta la importancia de procesos transparentes en compras públicas, especialmente en municipios como Salamanca, donde la infraestructura vial es clave para el desarrollo económico. La planta de mezcla asfáltica, destinada a mejorar carreteras, simboliza proyectos estancados por disputas administrativas.
Contexto histórico de controversias en el Ayuntamiento
Este no es el primer episodio de tensiones en el cabildo salmantino. Tribunal anula destitución de exregidora de Salamanca en medio de un historial de acusaciones mutuas entre regidores y autoridades. Durante la administración 2021-2024, varias licitaciones han sido impugnadas, reflejando divisiones partidistas que frenan el avance local. Castillo Aguado, electa como regidora propietaria, solicitó licencia para tesorería, pero su regreso precipitó el conflicto, posiblemente motivado por rivalidades internas.
Lecciones para la fiscalización en Guanajuato
El veredicto del Tribunal de Justicia Administrativa sirve como precedente para otros casos similares en el estado. Tribunal anula destitución de exregidora de Salamanca al enfatizar que las contralorías municipales no pueden suplantar funciones legislativas. Expertos en derecho administrativo destacan que tales errores no solo afectan a individuos, sino que erosionan la confianza ciudadana en instituciones locales. En Salamanca, con su economía basada en la industria automotriz y manufacturera, una gobernanza sólida es esencial para atraer inversiones.
La defensa argumentó que, de haber existido una falta grave, se debió llamar al suplente inmediatamente, lo que no ocurrió, reforzando la tesis de persecución política. Este aspecto añade una capa de crítica moderada a las prácticas del PAN en el municipio, donde decisiones unilaterales han sido recurrentes. Tribunal anula destitución de exregidora de Salamanca, abriendo la puerta a posibles demandas adicionales por daños morales y reputacionales.
Implicaciones futuras para la política local
Con el periodo electoral acercándose, este fallo podría influir en la narrativa política de Guanajuato. Tribunal anula destitución de exregidora de Salamanca y pone en jaque la credibilidad de mecanismos de control interno. Ciudadanos y observadores esperan que el Ayuntamiento implemente reformas para evitar repeticiones, como capacitaciones en licitaciones y límites claros a las atribuciones de la Contraloría. Herlinda Castillo Aguado, ahora vindicada, podría reaparecer en la arena pública, defendiendo causas de transparencia.
En términos más amplios, el caso ilustra desafíos en la descentralización administrativa en México, donde gobiernos locales manejan presupuestos significativos pero carecen de herramientas adecuadas para su supervisión. Tribunal anula destitución de exregidora de Salamanca, recordando que la justicia administrativa debe ser ágil y equitativa para no desincentivar el servicio público.
Basado en declaraciones recogidas en sesiones del tribunal y actas oficiales, el proceso reveló inconsistencias que, según analistas locales, podrían extenderse a otras adquisiciones municipales. Informes de la Auditoría Superior del Estado sugieren revisiones periódicas para prevenir tales anomalías.
De igual modo, testigos del procedimiento han compartido en foros regionales cómo la presión política influye en investigaciones, alineándose con observaciones de organismos independientes sobre gobernanza en el Bajío. Este veredicto, detallado en resoluciones públicas, fortalece el marco legal para futuros litigios.
En resumen, mientras Salamanca avanza en su desarrollo urbano, casos como este tribunal anula destitución de exregidora de Salamanca subrayan la necesidad de accountability, con ecos en debates estatales sobre reforma administrativa.
