Ataque a anexo en Salamanca revela caos en centros irregulares
Ataque a anexo en Salamanca ha detonado una alarma máxima en Guanajuato. Cuatro hombres resultaron heridos por impactos de bala en la avenida Cazadora, un centro que operaba al margen de cualquier control. Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), confirmó que el lugar no forma parte de su red y exigió intervención inmediata para regular los más de 65 anexos que funcionan en el municipio. El ataque a anexo en Salamanca no es un hecho aislado: repite el patrón de violencia que ya dejó 34 muertos en Abasolo, Pénjamo e Irapuato.
El ataque a anexo en Salamanca expone la cruda realidad: solo 45 centros están localizados por el Ayuntamiento y apenas siete cuentan con permiso de uso de suelo. Ninguno de esos permisos garantiza certificación sanitaria. La Cofepris exige médico presente ocho horas diarias, requisito que la mayoría ignora. Mientras tanto, propaganda engaña a familias desesperadas con promesas de rehabilitación exprés que terminan en balaceras.
¿Por qué el ataque a anexo en Salamanca pudo prevenirse?
CRUB había denunciado repetidamente este centro y otros similares. Las alertas incluían robo de tren y operación clandestina, pero las autoridades desestimaron cada señal. “Omiten su trabajo y ocurren tragedias”, sentenció Pérez Ponce. El ataque a anexo en Salamanca es la consecuencia directa de esa omisión. Policía municipal nunca realizó visitas preventivas; el presidente municipal César Prieto sostuvo una sola reunión con CRUB y no dio seguimiento.
El ataque a anexo en Salamanca también pone en la mesa la crisis infantil por cristal. Menores de diez años ya requieren internamiento. En los 180 centros afiliados a CRUB se atienden más de ocho mil personas, pero los tres mil anexos irregulares del estado operan sin control en colonias y comunidades. El ataque a anexo en Salamanca es solo la punta del iceberg.
Regulación de centros de rehabilitación: la demanda que Guanajuato ignora
Requisitos que nadie cumple
La regulación de centros de rehabilitación exige consejeros certificados, infraestructura digna y supervisión constante. En Salamanca, la mayoría ofrece cuartos hacinados y candado en la puerta. El ataque a anexo en Salamanca demuestra que permiso de uso de suelo no equivale a seguridad. La regulación de centros de rehabilitación debe empezar por estudiar a los responsables: ¿buscan rehabilitar o lucrar?
La regulación de centros de rehabilitación también pasa por Cofepris y Secretaría de Salud estatal. Ninguna dependencia ha realizado inspecciones masivas tras los ataques previos. El ataque a anexo en Salamanca repite el guion: denuncia ignorada, balacera, heridos y cero consecuencias para los irregulares.
Gobernadora ausente
Libia García Muñoz Ledo pospuso tres veces la reunión con CRUB. Mientras, crecen los anexos clandestinos y las adicciones infantiles. La regulación de centros de rehabilitación sigue en promesa. El ataque a anexo en Salamanca podría repetirse mañana en cualquier colonia.
Violencia en anexos: el historial que Salamanca no quiere ver
Desde 2020, Guanajuato acumula decenas de muertos en ataques similares. El ataque a anexo en Salamanca se suma a la lista negra. En Abasolo murieron 27 personas en un solo evento; siete más fallecieron en hospitales. Todos los centros atacados habían sido señalados. La violencia en anexos responde a disputas por robo de carga, extorsión y control territorial. Salamanca no es excepción.
La violencia en anexos aumenta con la impunidad. Los responsables cierran, cambian de domicilio y reabren con nuevo nombre. Sin regulación de centros de rehabilitación, el ciclo continúa. El ataque a anexo en Salamanca es el recordatorio más reciente.
Familias en riesgo
Miles de guanajuatenses entregan a sus hijos a lugares sin garantía. El ataque a anexo en Salamanca deja cuatro familias en hospital y decenas en incertidumbre. La regulación de centros de rehabilitación salvaría vidas, pero requiere voluntad política que hoy brilla por su ausencia.
Periódico Correo publicó el testimonio completo de Nicolás Pérez Ponce el seis de noviembre. Semanas antes, el mismo medio documentó ataques en Irapuato con idéntico modus operandi. Organizaciones locales como CRUB llevan años enviando oficios a Seguridad Pública municipal sin respuesta. La información recopilada por reporteros de Salamanca coincide: los anexos irregulares son bombas de tiempo.