El maltrato animal en Pénjamo, Guanajuato, ha desatado indignación tras un caso que involucra a estudiantes y una profesora de la Universidad EDUCEM. Este incidente, que ha conmocionado a la sociedad, ocurrió el 10 de agosto de 2025, cuando se difundieron imágenes en redes sociales mostrando un acto de crueldad extrema contra un gato. Según las denuncias, un grupo de estudiantes de criminología, presuntamente bajo la supervisión de una docente, ataron pirotecnia al cuerpo del animal y lo hicieron explotar, causándole un sufrimiento atroz y la muerte. Este acto ha generado un repudio generalizado y ha llevado a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato a abrir una carpeta de investigación para sancionar a los responsables.
El caso de maltrato animal en Pénjamo no es un hecho aislado. En los últimos años, Guanajuato ha registrado un aumento alarmante en los casos de violencia contra animales, lo que ha motivado a activistas y organizaciones a exigir justicia y reformas legales más severas. La organización Gaticos A.C., con sede en León, fue la primera en dar a conocer públicamente este incidente, destacando que el maltrato animal está tipificado como delito en el Artículo 297-A del Código Penal del Estado de Guanajuato. Este artículo establece sanciones de seis meses a dos años de prisión y multas de sesenta a trescientos días para quienes causen la muerte de un animal vertebrado de manera dolosa. Sin embargo, cuando el acto implica un sufrimiento grave previo a la muerte, como en este caso, las penas pueden aumentar hasta en una mitad.
La reacción de las autoridades no se hizo esperar. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó públicamente el acto de maltrato animal en Pénjamo, asegurando que no se tolerarán este tipo de conductas. Durante un mensaje emitido el 11 de agosto, la mandataria estatal afirmó que la Fiscalía ya trabaja en la investigación bajo el número de carpeta 98880/2025. Además, destacó que el gobierno estatal está comprometido con erradicar la violencia contra los animales y promover una cultura de respeto hacia todas las formas de vida. Este pronunciamiento fue respaldado por el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien señaló que el caso se atenderá con prioridad.
Por su parte, la Universidad EDUCEM emitió un comunicado en el que reprobó cualquier acto que atente contra el bienestar animal. La institución aseguró que el incidente no fue una actividad autorizada y que el animal, según su versión, ya estaba sin vida al momento de los hechos. Sin embargo, esta declaración ha generado controversia, ya que organizaciones como Gaticos A.C. insisten en que el gato estaba vivo y sufrió un acto de extrema crueldad. La universidad ha iniciado un procedimiento interno para esclarecer los hechos y aplicar sanciones disciplinarias a los estudiantes y personal involucrado, además de colaborar con las autoridades para garantizar la transparencia en la investigación.
El caso de maltrato animal en Pénjamo ha reavivado el debate sobre la necesidad de endurecer las penas por este tipo de delitos. La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), María Isabel Ortiz Mantilla, anunció que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal de Guanajuato para incrementar las sanciones por maltrato animal. La propuesta contempla penas de hasta tres años de prisión y multas más altas para quienes causen la muerte de un animal con crueldad, así como la posibilidad de perder la custodia de mascotas en caso de que sobrevivan al maltrato. Esta reforma se inspira en casos recientes, como el de Pénjamo y otro ocurrido en Xichú, donde se reportaron actos similares de crueldad contra gatos durante una festividad.
La indignación social también se ha hecho notar en las redes sociales, donde usuarios y colectivos han exigido justicia para el gato víctima de este acto. Estudiantes de otros planteles de EDUCEM, particularmente del campus en Guanajuato, han denunciado intentos de censura por parte de la institución para evitar que se hagas públicas las opiniones sobre el caso. En un comunicado, estos alumnos expresaron su rechazo al maltrato animal en Pénjamo y aseguraron que este tipo de actos no representa los valores de la mayoría de los estudiantes de criminología, quienes buscan formarse con ética y respeto por la vida.
El maltrato animal en Pénjamo ha puesto en evidencia las carencias en la aplicación de las leyes de protección animal en Guanajuato. A pesar de que la Ley de Protección Animal del estado lleva casi una década en vigor, las sentencias por estos delitos son escasas. Según reportes, desde 2015 solo dos personas han sido condenadas penalmente por maltrato animal en el estado, lo que refleja la necesidad de una mayor capacitación para las autoridades y una legislación más estricta. Organizaciones como Gaticos A.C. y la Unión de Rescatistas Independientes han instado a la Fiscalía a actuar con celeridad y a garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales.
El impacto de este caso ha trascendido las fronteras de Pénjamo, generando un llamado a la acción en todo Guanajuato. Activistas en municipios como León y Salamanca han solicitado políticas públicas más efectivas para prevenir el maltrato animal y han propuesto la creación de un foro estatal para discutir reformas legales. Estas iniciativas buscan no solo castigar a los culpables, sino también educar a la sociedad sobre la importancia de tratar a los animales con respeto y empatía.
La información sobre el caso de maltrato animal en Pénjamo ha sido recopilada a partir de diversos reportes locales que han seguido de cerca las investigaciones. Voces ciudadanas y colectivos han proporcionado detalles clave que han permitido a las autoridades avanzar en la carpeta de investigación. Además, los pronunciamientos de las autoridades estatales y municipales han sido fundamentales para visibilizar la gravedad del problema y mantener la presión para que se haga justicia.
El clamor por justicia en este caso de maltrato animal en Pénjamo continúa creciendo. La sociedad guanajuatense, junto con activistas y organizaciones, espera que este incidente marque un precedente para que las leyes se apliquen con rigor y se eviten futuros actos de crueldad. La indignación colectiva y las acciones legales en curso reflejan un deseo común de construir una comunidad más justa y respetuosa hacia todos los seres vivos.
