Campesinos excluidos de programas agrícolas en el centro de Guanajuato alzan la voz para exigir cambios en las reglas que les impiden acceder a insumos vitales. En una reunión reciente con representantes de la Secretaría de Gobierno, productores de Silao, Romita e Irapuato destacaron cómo la rigidez administrativa deja fuera a miles de familias dedicadas al campo. Esta situación no solo afecta su productividad, sino que pone en riesgo la seguridad alimentaria regional, un tema que resuena en medio de los desafíos climáticos y económicos que enfrenta el sector agropecuario.
Exclusión de campesinos en programas: un problema estructural
La exclusión de campesinos en los programas de apoyo estatal se debe principalmente a la discrepancia entre la ubicación de sus tierras y el domicilio registrado en su identificación oficial. Muchos de estos trabajadores poseen hectáreas que cruzan límites municipales, pero al estar empadronados en un solo lugar, quedan fuera de los beneficios destinados a cada demarcación. Esta barrera burocrática, que parece menor a simple vista, representa un obstáculo significativo para el desarrollo rural en Guanajuato, donde la agricultura es pilar económico.
Durante la asamblea, Jesús Marmolejo Ramos, presidente de la Sociedad de Porcicultores, Ganaderos y Agricultores del Campo del Bajío, detalló casos concretos de campesinos excluidos que ven cómo sus cultivos se marchitan por falta de fertilizantes y semillas. "Es injusto que una línea imaginaria en un mapa determine el futuro de nuestra tierra", expresó Marmolejo, reflejando el descontento generalizado. Esta problemática no es nueva; ha sido señalada en foros previos, pero persiste debido a la lentitud en la actualización de las políticas públicas.
Reglas de operación: el cuello de botella para productores rurales
Las reglas de operación actuales priorizan la residencia sobre la tenencia real de la tierra, lo que genera una exclusión sistemática de campesinos que migran entre municipios por herencia familiar o expansión de sus predios. En Guanajuato, donde el 40% de la población se dedica al agro, esta rigidez podría costar millones en pérdidas anuales, según estimaciones de asociaciones locales. Los productores rurales demandan una revisión integral que incorpore herramientas digitales para verificar la propiedad, evitando así la duplicidad o la omisión injusta.
Además de los insumos, los campesinos excluidos reclaman mayor transparencia en la distribución de fondos federales y estatales. Programas como el de Fertilizantes Gratuitos, que prometen equidad, terminan beneficiando solo a quienes cumplen con criterios estrictos, dejando en la penumbra a aquellos en zonas limítrofes. Esta dinámica fomenta la desigualdad y desincentiva la inversión en el campo, un sector clave para la economía guanajuatense que genera empleo para más de 200 mil personas directamente.
Demanda por modernizar caminos: conectividad para el progreso rural
Paralelamente a la lucha contra la exclusión de campesinos, los asistentes a la reunión insistieron en la necesidad de asfaltar un camino de seis kilómetros que une comunidades rurales de Silao, Romita e Irapuato. Este proyecto, ya elaborado por el gobierno municipal de Silao, beneficiaría a una decena de localidades al facilitar el transporte de cosechas y el acceso a mercados. La mayor parte del tramo recae en Romita, pero la colaboración intermunicipal es esencial para su ejecución.
La modernización de caminos no solo mejoraría la logística, sino que impulsaría el turismo rural y la diversificación productiva en estas áreas. Campesinos excluidos de otros apoyos ven en esta obra una oportunidad para compensar las carencias, permitiendo que tractores y maquinaria pesada transiten sin riesgos. Autoridades locales, como los alcaldes Pedro Tanamachi Reyes de Silao, Melanie Murillo Chávez de Romita y Lorena Alfaro García de Irapuato, se comprometieron a analizar un esquema conjunto de financiamiento.
Impacto en la economía local: más allá de los insumos
La exclusión de campesinos repercute en toda la cadena de valor agropecuaria, desde la siembra hasta la comercialización. Sin acceso a insumos a tiempo, los rendimientos caen hasta en un 30%, según datos de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato. Esto no solo afecta a los productores directos, sino a proveedores de servicios y comerciantes en las cabeceras municipales, creando un efecto dominó que frena el crecimiento regional.
En respuesta, las asociaciones proponen mesas de diálogo permanentes con la Secretaría de Gobierno para alinear las políticas con la realidad territorial. Jorge Jiménez Lona, secretario ausente en la reunión pero mencionado como figura clave, podría liderar esta iniciativa, incorporando voces de base para evitar futuras exclusiones de campesinos. Mientras tanto, los afectados optan por estrategias de autoconsumo y trueque, que aunque resilientes, no sustituyen el apoyo institucional.
Soluciones propuestas: hacia una inclusión real en el campo
Para superar la exclusión de campesinos en programas estatales, expertos sugieren la implementación de un registro unificado a nivel estatal, que considere la multiterritorialidad de las propiedades. Esta medida, inspirada en modelos exitosos de otros estados como Jalisco, podría integrarse con geolocalización vía apps móviles, facilitando la verificación remota. Así, los productores rurales ganarían agilidad y equidad en el acceso a subsidios.
Otra recomendación es capacitar a funcionarios municipales en la interpretación flexible de las normas, priorizando el impacto social sobre el formalismo. En Guanajuato, donde el cambio climático agrava las sequías, ignorar estas demandas equivale a sabotear la soberanía alimentaria. Los campesinos excluidos, con su experiencia ancestral, son aliados indispensables para innovaciones sostenibles como la agricultura regenerativa.
Voces del campo: testimonios que exigen cambio
Testimonios de campesinos excluidos revelan historias de perseverancia ante la adversidad. Uno de ellos, un agricultor de Santa Anita en Silao, relató cómo perdió una cosecha de maíz por no calificar en Romita, donde se ubica la mayor parte de su terreno. "Trabajamos la tierra con sudor, no con papeles", dijo, encapsulando el sentir colectivo. Estas narrativas subrayan la urgencia de reformas que humanicen la burocracia.
La reunión con la Secretaría de Gobierno marcó un paso adelante, aunque la ausencia de altos mandos generó frustración. Marmolejo Ramos enfatizó la necesidad de estabilidad intermunicipal, proponiendo alianzas que trasciendan fronteras administrativas. En un estado con vocación agroindustrial, ignorar estas voces podría erosionar la confianza en las instituciones.
En el contexto más amplio, la exclusión de campesinos en programas refleja tensiones entre centralización y autonomía local. Mientras el gobierno estatal promueve la modernización, detalles como estos evidencian brechas que deben cerrarse. Reportes locales han documentado casos similares en otras regiones, sugiriendo una revisión nacional de las directrices federales.
Avances en la pavimentación del camino podrían servir de modelo para otras infraestructuras, fomentando la integración económica. Fuentes cercanas a las asociaciones porcicultoras indican que presupuestos 2026 incluirán partidas específicas, siempre que se resuelvan las disputas territoriales. Esta convergencia de esfuerzos promete revitalizar el Bajío.
Finalmente, la persistencia de los campesinos excluidos inspira optimismo. Con diálogo abierto y ajustes normativos, Guanajuato puede transformar desafíos en oportunidades, asegurando que ningún productor quede atrás en la carrera por un campo próspero y equitativo.