Maestro jubilado enfrenta un limbo legal tras ganar juicio contra Universidad La Salle Bajío por pensión y aportaciones pendientes. Esta situación resalta las dificultades que muchos educadores enfrentan al buscar justicia laboral en México, especialmente en el ámbito educativo privado. Marco Antonio Moreno, conocido como "profe Marco", un dedicado profesor de matemáticas de San Francisco del Rincón, Guanajuato, ha dedicado más de tres décadas a la enseñanza, pero hoy, a sus 73 años, se encuentra sin los beneficios que le corresponden por ley. Su batalla de diez años contra la institución educativa pone en evidencia las brechas en el cumplimiento de obligaciones patronales, dejando a trabajadores vulnerables ante sistemas burocráticos lentos.
La Trayectoria Profesional de un Educador Dedicado
El maestro jubilado inició su carrera en la Universidad La Salle Bajío en agosto de 1992, impartiendo clases de matemáticas con pasión y compromiso. Durante más de dos décadas, formó a generaciones de estudiantes, logrando resultados académicos destacados que aún recuerdan con gratitud. Sin embargo, un problema persistió desde el principio: sus aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no comenzaron hasta 1997, dejando un vacío de cinco años en sus cotizaciones. Este detalle, aparentemente menor, se convertiría en el núcleo de una prolongada disputa legal.
Despido Injustificado y el Inicio de la Lucha
En 2015, a solo unos meses de cumplir los 65 años requeridos para la jubilación, el maestro jubilado fue despedido sin justificación aparente. La universidad alegó abandono laboral, pero él lo vivió como una traición tras años de servicio leal. "Decidí en octubre de 2015 luchar por mis derechos. Ya no me imaginaba que sería tan tardado y tan problemático", confesó Moreno en una entrevista reciente. Su desilusión no solo provenía del despido, sino de la actitud de los directivos, quienes ignoraron sus logros pedagógicos. Este evento marcó el comienzo de un proceso que expondría fallas en el sistema de seguridad social para el sector educativo.
La decisión de demandar no fue fácil para el maestro jubilado, quien priorizó siempre la formación de sus alumnos sobre cualquier ambición personal. Sin embargo, la necesidad de asegurar su vejez lo impulsó a actuar. Lo que siguió fue una serie de audiencias ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde se revelaron irregularidades en las cuotas obrero-patronales que la Universidad La Salle Bajío debía cubrir desde 1992 hasta 2015.
El Proceso Legal: Victorias Parciales y Cumplimientos Pendientes
El 2 de diciembre de 2021, la Junta de Conciliación y Arbitraje falló a favor del maestro jubilado, ordenando a la institución el pago de una indemnización y salarios caídos. La universidad cumplió con estos rubros monetarios, pero omitió lo esencial: la regularización de aportaciones al IMSS e Infonavit, que ascienden a cerca de 2.9 millones de pesos. Este incumplimiento dejó al profesor en una posición precaria, sin acceso a servicios médicos ni pensión, elementos cruciales para su calidad de vida actual.
Resolución Federal y la Omisión del IMSS
El caso escaló a instancias federales, donde un juicio determinó que la Universidad La Salle Bajío debía cubrir las cuotas pendientes. El 31 de enero de 2025, la Junta emitió una nueva orden al IMSS para recuperar los recursos mediante embargo o procedimiento administrativo de ejecución. A pesar de más de 12 notificaciones enviadas a la Jefatura de Servicios Jurídicos de la delegación del IMSS en Guanajuato, no ha habido avances concretos. El maestro jubilado permanece en un limbo, esperando que las autoridades actúen para validar sus derechos ganados en corte.
Esta demora resalta problemas sistémicos en la ejecución de sentencias laborales, particularmente en casos que involucran instituciones educativas privadas. El profesor Moreno, ahora retirado, ha visto cómo el tiempo erosiona sus esperanzas, mientras enfrenta gastos médicos y cotidianos sin el respaldo de una pensión adecuada. Su historia no es aislada; muchos maestros jubilados en México lidian con similares irregularidades en aportaciones, lo que afecta la estabilidad del gremio educativo en regiones como Guanajuato.
Implicaciones para el Sector Educativo y los Derechos Laborales
La disputa del maestro jubilado con la Universidad La Salle Bajío ilustra las vulnerabilidades de los trabajadores en el ámbito educativo privado. En San Francisco del Rincón, un municipio conocido por su tradición ganadera y su creciente sector educativo, casos como este generan preocupación entre profesores y sindicatos. La falta de regularización de aportaciones no solo priva al individuo de su pensión, sino que cuestiona la responsabilidad social de las instituciones que forman a la juventud.
Respuesta Institucional y Controversias
Por su parte, la Universidad La Salle Bajío ha defendido su posición, argumentando que finiquitó al empleado conforme a la ley en 2015 y que no tiene adeudos fiscales ni de seguridad social. "La Universidad ha dado puntual seguimiento al proceso legal en tiempo y forma desde el año 2015 hasta su conclusión en octubre de 2024. Seguiremos cumpliendo con las obligaciones fiscales que marca la ley", declararon representantes de la institución. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con las evidencias presentadas en el juicio, donde se comprobó la omisión en las cotizaciones iniciales.
Expertos en derecho laboral señalan que este tipo de evasiones patronales son comunes en universidades privadas, donde los presupuestos educativos priorizan infraestructura sobre beneficios a largo plazo para el personal. El maestro jubilado, con su perseverancia, se ha convertido en un símbolo de resistencia, inspirando a otros colegas a revisar sus propios registros de aportaciones. En un contexto donde la educación superior en México enfrenta reformas constantes, asegurar la pensión de los educadores se vuelve imperativo para retener talento y fomentar la equidad.
Además, el caso del profe Marco subraya la necesidad de mayor supervisión por parte del IMSS en la verificación de cotizaciones desde el inicio de la relación laboral. En Guanajuato, donde el sector educativo emplea a miles, una regularización efectiva podría prevenir disputas futuras y fortalecer la confianza en el sistema de seguridad social. Mientras tanto, el profesor continúa su vida diaria, impartiendo clases particulares y recordando con orgullo sus años en el aula, aunque la sombra de la incertidumbre persiste.
La batalla legal del maestro jubilado también invita a reflexionar sobre el equilibrio entre innovación educativa y protección laboral. Instituciones como la Universidad La Salle Bajío, con su enfoque en valores lasallistas, deberían ejemplificar el cumplimiento íntegro de las normativas, pero este incidente sugiere áreas de mejora. Para Moreno, cada mes sin pensión es un recordatorio de la lentitud burocrática, pero su determinación permanece intacta, esperando que la justicia no sea solo un veredicto en papel.
En conversaciones informales con colegas del gremio educativo, se menciona que detalles similares han surgido en reportes de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, donde otros profesores han enfrentado demoras en ejecuciones similares. Asimismo, fuentes cercanas al IMSS en la región indican que notificaciones como las enviadas a la delegación local suelen acumularse debido a cargas administrativas, aunque no justifican la inacción prolongada. Finalmente, el Periódico Correo, en su cobertura municipal, ha documentado casos paralelos en San Francisco del Rincón, destacando la urgencia de reformas para agilizar estos procesos.
