Historial de violencia en candidatas a la dirección del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato ha generado una ola de protestas entre estudiantes. Los alumnos de la Maestría en Análisis Político y la Licenciatura en Ciencia Política han alzado la voz para rechazar la postulación de dos profesoras-investigadoras, argumentando que su trayectoria incluye denuncias por violaciones a derechos humanos. Este caso resalta preocupaciones profundas sobre el ambiente académico en la institución, donde la seguridad y el respeto son pilares fundamentales.
Protestas en la Universidad de Guanajuato por historial de violencia
La Universidad de Guanajuato, una de las instituciones educativas más prestigiosas del país, enfrenta un momento de tensión interna debido al historial de violencia atribuido a las candidatas. Desde hace dos meses, el departamento en cuestión permanece sin director, lo que ha exacerbado la incertidumbre entre la comunidad estudiantil. Los jóvenes, temerosos de represalias, han optado por el anonimato al exponer estas irregularidades, subrayando cómo el historial de violencia no solo afecta a los alumnos, sino que amenaza la integridad de todo el proceso académico.
Contexto de la vacante y la renuncia de la exdirectora
El vacío en la dirección surgió el 3 de septiembre de 2025, tras la renuncia de la doctora Leslie Estefanía Flores Rivera, quien asumió el cargo apenas en junio de ese año. Según los estudiantes, esta salida se debió directamente al historial de violencia perpetrado por las candidatas, creando un ambiente hostil que culminó en su dimisión. Esta situación ha dejado al departamento a la deriva, con procesos administrativos paralizados y un impacto directo en la calidad educativa ofrecida a los alumnos.
En medio de esta crisis, el Consejo de la División de Derecho, Política y Gobierno aprobó las candidaturas, incluyendo las de las profesoras señaladas, junto con el doctor Daniel Añorve Añorve y la maestra Sandra Liliana Prieto de León. Sin embargo, los estudiantes insisten en que ignorar el historial de violencia equivale a validar patrones de abuso que contradicen los valores institucionales de la Universidad de Guanajuato.
Acusaciones detalladas de hostigamiento a estudiantes
El historial de violencia se materializa en formas específicas de hostigamiento a estudiantes, particularmente aquellos becados por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Los alumnos relatan cómo las candidatas los obligan a asistir a conferencias organizadas por ellas, utilizando amenazas veladas y recordándoles su condición de becados como un medio de control. Esta dinámica no solo limita la libertad de expresión, sino que fomenta un clima de miedo que erosiona la confianza en el sistema educativo.
Violencia institucional y psicológica en el departamento
Una de las candidatas, identificada como Ma. Aide Hernández García, ocupa roles clave como coordinadora de la Maestría en Análisis Político y directora de múltiples proyectos de investigación. Los estudiantes denuncian que su historial de violencia incluye la autoasignación de clases, lo que genera opacidad y autoritarismo en la distribución de responsabilidades académicas. De igual manera, Elizabeth Cristina Cobilt Cruz enfrenta acusaciones similares, con procesos abiertos en la Defensoría de Derechos Humanos en el Entorno Universitario de la UG por violaciones que abarcan desde el abuso de poder hasta el extractivismo académico.
El extractivismo académico, un término que los alumnos usan para describir la explotación de estudiantes como meros recursos para inflar cifras de producción investigadora, es un elemento central en estas denuncias. "Los estudiantes becados no somos números ni una tesis", proclaman en sus mensajes, rechazando un modelo que prioriza métricas sobre el bienestar humano. Este historial de violencia, según los afectados, socava los principios de pluralidad, democracia y libertad de pensamiento que definen la ciencia política, disciplina central del departamento.
Acciones de protesta y llamado a la acción institucional
Para visibilizar su descontento, los estudiantes montaron un tendedero en las instalaciones del departamento, ubicado en la Zona Centro de la capital guanajuatense. Carteles con mensajes directos exponen el historial de violencia y cuestionan la idoneidad de las candidatas: "¿Por qué están siendo consideradas para ser directoras si su régimen en clases no representa entornos libres de violencia y circuitos de paz?". Estas protestas en la Universidad de Guanajuato marcan un punto de inflexión, demandando transparencia en el proceso de elección.
Impacto en la comunidad estudiantil y vulnerabilidad
Los alumnos se sienten particularmente vulnerables ante la posibilidad de que una de las candidatas asuma la dirección, especialmente porque ya han iniciado protestas. "No queremos que lleguen ellas dos por miedo a represalias porque ya estamos protestando", confiesa uno de los afectados. Este temor no es infundado, dado el historial de violencia que incluye agresiones psicológicas hacia pares docentes y alumnos, lo que podría intensificar el hostigamiento una vez en posiciones de mayor poder.
La ausencia de un director ha afectado no solo la administración diaria, sino también el avance de tesis y proyectos, dejando a decenas de estudiantes en un limbo académico. Los manifestantes llaman a una elección inmediata, reconociendo que, como alumnos, no tienen voto directo, pero su voz es esencial para garantizar un liderazgo ético y responsable en la Universidad de Guanajuato.
Este episodio de historial de violencia en candidatas resalta la necesidad de mecanismos más robustos para evaluar trayectorias en procesos de selección universitaria. En un entorno donde la educación superior debe fomentar el diálogo y el respeto, ignorar tales denuncias podría perpetuar ciclos de abuso que desmotivan a generaciones futuras. Los estudiantes, unidos en su rechazo al hostigamiento, demuestran que la vigilancia comunitaria es clave para preservar la integridad académica.
De acuerdo con declaraciones recopiladas por medios locales en Guanajuato, las protestas continúan ganando eco, con más alumnos sumándose al tendedero de denuncias. Estas acciones pacíficas buscan no solo visibilizar el historial de violencia, sino también presionar por reformas en la Defensoría de Derechos Humanos de la UG, asegurando que recomendaciones previas se tomen en serio.
Información proporcionada por la comunidad estudiantil indica que, pese a la aprobación de candidaturas, persiste la demanda de una revisión exhaustiva. Fuentes cercanas al consejo divisional sugieren que el debate interno podría extenderse, priorizando finalmente perfiles libres de controversias como el historial de violencia reportado.