Acueducto Solís-León: un proyecto que profundiza el despojo histórico
Acueducto Solís-León representa una nueva fase en el largo despojo que sufre Acámbaro y las comunidades rurales de Guanajuato. Desde el siglo XVI, cuando en 1576 Enrique Almanza ordenó el traslado forzoso de pobladores acambarenses para construir León, la región ha sido vista como proveedora de mano de obra y recursos naturales. Hoy, el acueducto Solís-León perpetúa esa lógica depredadora al extraer agua de la cuenca Lerma-Chapala para alimentar la expansión industrial del corredor Guanajuato-León.
El antropólogo Rodrigo Daniel Hernández Medina denuncia que el acueducto Solís-León responde a intereses económicos, no sociales. “Desde su fase neoliberal, este modelo se volvió mucho más violento, y el despojo de los recursos naturales es una de las dos caras de la misma moneda del modelo industrial que ha impulsado el gobierno del estado”, declaró. Su voz se suma a cientos de agricultores y vecinos que padecen suministro irregular mientras las industrias reciben prioridad absoluta.
Crisis hídrica ignorada desde los noventa
Sobreexplotación de acuíferos en la cuenca Lerma-Chapala
Acueducto Solís-León ignora advertencias científicas emitidas hace más de tres décadas. Los mantos acuíferos del Bajío están sobreexplotados, y cada año la sequía golpea más fuerte. Agricultores enfrentan restricciones de riego mientras plantas automotrices y parques industriales consumen millones de metros cúbicos sin límite. El acueducto Solís-León agravará esta asimetría al trasladar 3.5 m³/s desde la presa Solís hasta León, dejando comunidades como Acámbaro, Jerécuaro y Tarimoro sin garantía hídrica futura.
Estudios de prefactibilidad técnica, financiados durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reconocieron la crisis pero priorizaron la atracción de inversiones. “Hay una responsabilidad del gobierno estatal al seguir promoviendo el crecimiento de la industria en una zona donde los mantos acuíferos ya están sobreexplotados”, enfatiza Hernández Medina. El acueducto Solís-León se convierte así en símbolo de un desarrollo que sacrifica lo rural por lo urbano-industrial.
Resistencia ciudadana frente a la cooptación partidista
Intereses políticos detrás del megaproyecto
Acueducto Solís-León ha desatado protestas masivas. Más de 400 personas marcharon en Acámbaro el pasado 21 de octubre, y regidores de Morena recolectan firmas contra la obra. Sin embargo, el antropólogo advierte: “Si se vuelve parte de dinámicas de oposición y oficialismo, será una lucha perdida”. El acueducto Solís-León no es solo federal; su gestación ocurrió con presupuesto estatal para estudios ambientales y técnicos.
Vecinos rechazan la narrativa oficial de “desinformación”. Redes sociales y asambleas comunitarias difunden datos técnicos que contradicen los discursos gubernamentales. El acueducto Solís-León amenaza ejidos, zonas de recarga y el equilibrio ecológico del río Laja. Organizaciones campesinas exigen auditorías independientes y consulta previa, libre e informada, tal como establece el Convenio 169 de la OIT.
Alternativas viables que el gobierno ignora
Expertos proponen tratar aguas residuales industriales, captar lluvia en presas pequeñas y reforestar cuencas. El acueducto Solís-León, con costo superior a 8 mil millones de pesos, podría financiar 400 plantas de tratamiento que beneficiarían a 2 millones de habitantes. Comunidades indígenas y mestizas de la región exigen que el agua se quede donde se genera, priorizando consumo humano y agricultura familiar sobre exportación de vehículos.
La lucha contra el acueducto Solís-León trasciende colores partidistas. Historiadores locales documentan cómo, desde la época virreinal, Acámbaro ha subsidiado el crecimiento de León. Hoy, esa historia se repite con tuberías de 70 kilómetros que cruzarán 7 municipios sin dejar una gota para los pueblos originarios.
Información recopilada por Periódico Correo en sus ediciones de octubre y noviembre revela que Jerécuaro ni siquiera fue considerado en los planes de compensación. Reportajes de campo muestran ejidatarios bloqueando maquinaria y mujeres encabezando vigilias. El antropólogo Hernández Medina, entrevistado en la cabecera municipal, insiste en mantener la presión social sin caer en la polarización electoral. Su análisis, publicado en redes académicas, coincide con diagnósticos de la Comisión Nacional del Agua que alertan sobre colapso hídrico para 2030 si no cambian las prioridades.
