Despojo de tierras amenaza a comunidad en San José Iturbide
Despojo de tierras sacude a la comunidad El Charco, en San José Iturbide, Guanajuato. Treinta familias que han vivido más de medio siglo en una franja territorial enfrentan una orden de desalojo programada para el próximo 7 de noviembre. El conflicto, que arrastra tres décadas, enfrenta a los habitantes contra la vecina comunidad El Varal y pone en evidencia fallas graves en la impartición de justicia agraria.
Despojo de tierras no es solo un término legal: para estas familias significa perder casa, cultivo y memoria. Los afectados aseguran contar con documentos que prueban su posesión histórica, pero denuncian que el Tribunal Agrario del Distrito 1, con sede en la capital guanajuatense, ha actuado de forma arbitraria y parcial, beneficiando a la contraparte sin investigación profunda.
Manifestación frente al Tribunal Agrario
El lunes 3 de noviembre, decenas de personas bloquearon el acceso al tribunal. Portaban lonas y gritaban consignas contra el despojo de tierras. Una comitiva ingresó a dialogar, pero la reunión terminó sin acuerdos. “Ellos dicen que es sentencia y la van a cumplir; no hay diálogo posible”, relató Daniel Campos, vecino directo afectado.
Despojo de tierras se agrava cuando las autoridades cierran la puerta al consenso. Juan Luis Rivera Mata, vicepresidente de la Fundación Chichimeca, advirtió: “Si ejecutan el desalojo este viernes, traeremos ollas, frijoles y animales; aquí nos quedaremos de forma indefinida”.
Conflicto agrario de 30 años sin solución
El origen del despojo de tierras data de hace tres décadas, cuando surgieron discrepancias limítrofes entre El Charco y El Varal. Ambas comunidades reclaman la misma franja de terreno. Sin embargo, los habitantes de El Charco insisten en que sus títulos ejidales y actas de posesión son anteriores y válidos.
Orden de desalojo: el viernes que puede cambiarlo todo
La sentencia que ordena el desalojo fue emitida sin notificar adecuadamente a todas las partes, según los quejosos. Despojo de tierras exprés que ignora la vida cotidiana de 30 núcleos familiares. Niños asisten a la escuela local, adultos cultivan maíz y frijol; animales pastan en los mismos predios que ahora pretenden entregar a terceros.
Despojo de tierras también afecta la economía regional. San José Iturbide vive del campo y la industria maquiladora; desplazar a estas familias generaría migración forzada y mayor presión sobre servicios públicos en la cabecera municipal.
Exigen diálogo y reubicación digna
Los manifestantes no piden privilegios: solicitan que, en caso de ejecutarse el despojo de tierras, el gobierno estatal y federal les garantice vivienda y parcela alternativa. “Por ley nos pertenece el derecho a ser reacomodados”, recalcó Daniel Campos ante los medios congregados.
Despojo de tierras debe detenerse con mesa de negociación tripartita: Tribunal Agrario, Secretaría de Desarrollo Agrario y las dos comunidades. Solo así se evitará un conflicto mayor que ya amenaza con escalar a plantón permanente en la capital de Guanajuato.
Fundación Chichimeca lidera la defensa
Juan Luis Rivera Mata coordina la resistencia legal. Su organización ha documentado decenas de casos similares de despojo de tierras en la región Bajío. “No es la primera vez que tribunales fallan en favor de intereses externos; urge revisar sentencias agrarias emitidas en los últimos cinco años”, propuso.
Despojo de tierras se repite en municipios como San José Iturbide, Doctor Mora y San Luis de la Paz. La falta de catastro actualizado y la corrupción en registros públicos alimentan estos litigios eternos.
Vecinos consultados por este medio recordaron que, hace apenas dos años, Periódico Correo publicó una investigación sobre irregularidades en el mismo Tribunal Agrario. Aquella ocasión también se frenó un desalojo masivo tras presión social.
Daniel Campos compartió con reporteros de Noticieros Televisa Guanajuato un legajo de documentos que datan de 1947. “Aquí está la prueba; llevamos 78 años trabajando estas tierras”, afirmó mientras mostraba actas del ejido original.
La Secretaría de Gobierno estatal, contactada por Radio Universidad, se limitó a decir que “el caso es competencia federal”. Mientras tanto, el reloj corre: faltan solo cuatro días para que el despojo de tierras pueda consumarse y deje a 30 familias en la calle.
