La crisis forense en Guanajuato ha alcanzado niveles alarmantes, profundizando el dolor de las familias buscadoras que luchan por encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Estas familias, organizadas en colectivos como Hasta Encontrarte, han denunciado que la desinformación oficial y los errores en la identificación de cuerpos entregados por la Fiscalía General del Estado representan una nueva herida a su dignidad. Este problema no solo refleja una falta de transparencia, sino también una grave crisis en la gestión de los servicios forenses en el estado, que pone en duda la confianza en las instituciones encargadas de brindar justicia.
El caso de Dulce Alejandra Marmolejo López, desaparecida en julio de 2020 y localizada sin vida días después, es un ejemplo claro de la crisis forense en Guanajuato. Su madre, integrante del colectivo Hasta Encontrarte, fue notificada en 2025 de que los restos entregados podrían contener partes de otra persona debido a errores en las pruebas genéticas. Esta revelación ha generado incertidumbre en al menos 11 familias del colectivo, quienes ahora temen que los cuerpos que recibieron no correspondan a sus familiares. La vocera del colectivo, Bibiana Mendoza, ha señalado irregularidades en los procesos de identificación, como la falta de un asesor jurídico durante las exhumaciones, lo que agrava la desconfianza hacia las autoridades.
La crisis forense en Guanajuato no es un problema aislado, sino parte de un contexto más amplio de violencia y desapariciones en el estado. Según datos oficiales, Guanajuato registra más de 5,000 personas no localizadas, y en 2024, el Servicio Médico Forense (Semefo) recibió 7,646 cadáveres, de los cuales 224 permanecen sin identificar. Esta situación ha sido denunciada por Amnistía Internacional, que ha criticado los boletines confusos de las autoridades y la falta de claridad en la información proporcionada a las familias buscadoras. La opacidad en los procesos forenses no solo dificulta la búsqueda de justicia, sino que también perpetúa el sufrimiento de quienes buscan a sus seres queridos.
Las familias buscadoras, además de enfrentar la crisis forense en Guanajuato, han reportado un trato inadecuado por parte de las autoridades. Durante un encuentro con legisladores de Morena en el Congreso local, los colectivos expusieron casos de presunto maltrato por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG). Por ejemplo, en un operativo en Abasolo, se señaló que el personal de la PRODHEG se negó a proporcionar transporte para subir un cerro, dejando fuera a familiares de edad avanzada. Estas omisiones han llevado a los colectivos a exigir una mayor empatía y apoyo logístico por parte de las instituciones.
La crisis forense en Guanajuato también se ve agravada por la falta de recursos y personal capacitado. Las familias buscadoras han señalado que las fiscalías estatales no cumplen con los estándares internacionales, como la obligación de iniciar investigaciones de manera inmediata tras una denuncia de desaparición. En muchos casos, se les pide esperar 72 horas, una práctica que contraviene las normativas internacionales y retrasa las posibilidades de encontrar a las personas desaparecidas con vida. Esta situación ha sido denunciada no solo por los colectivos, sino también por organizaciones internacionales que han instado al gobierno mexicano a mejorar sus protocolos.
A pesar de las promesas de las autoridades, como las mesas de trabajo encabezadas por el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, las familias buscadoras sienten que los avances son insuficientes. El compromiso del gobierno estatal de colaborar con los colectivos y fortalecer la búsqueda en estados vecinos como Jalisco y Michoacán no ha logrado mitigar la desconfianza. Las buscadoras han expresado que la crisis forense en Guanajuato se ve agravada por la falta de voluntad para abordar las dinámicas de violencia en la región, que incluyen la operación de centros de rehabilitación irregulares vinculados al crimen organizado.
La situación en Guanajuato también ha sido abordada en foros académicos, como el lanzamiento del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones (ReDLab) en la Universidad Iberoamericana León. En este espacio, buscadoras como Olimpia Montoya y Verónica Durán compartieron sus experiencias, destacando la resiliencia y las redes de apoyo que han construido frente a la impunidad. Sin embargo, estas iniciativas no logran compensar la falta de acción efectiva por parte de las autoridades, lo que perpetúa la crisis forense en Guanajuato y el dolor de las familias.
El impacto de la crisis forense en Guanajuato trasciende las fronteras del estado. Organizaciones como Amnistía Internacional han documentado que las mujeres buscadoras en México enfrentan violencia extrema, con un 60% reportando deterioro en sus relaciones familiares y un 70% enfrentando problemas de salud física y mental. La falta de un sistema de cuidados que permita a estas mujeres continuar con sus roles familiares mientras buscan a sus desaparecidos agrava su situación. En Guanajuato, estas dificultades se suman a la inseguridad, con al menos 27 buscadoras asesinadas y tres desaparecidas en el país desde 2010, según reportes de organizaciones independientes.
Las familias buscadoras han exigido diálogo con las autoridades federales para abordar la crisis forense en Guanajuato y en todo México. La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha solicitado la intervención de la ONU, destacando los asesinatos y desapariciones de buscadoras en el estado. Estas acciones reflejan la desesperación de las familias ante un sistema que parece incapaz de brindar respuestas claras. La falta de transparencia y los errores en la identificación de cuerpos no solo son un problema técnico, sino una violación a los derechos humanos que afecta profundamente la dignidad de las víctimas.
En recientes reuniones con autoridades locales, se ha prometido mejorar la coordinación y los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, las familias buscadoras insisten en que estas promesas deben traducirse en acciones concretas para superar la crisis forense en Guanajuato. La creación de una fiscalía especializada en desapariciones, propuesta en otros estados, ha sido rechazada por los colectivos si no incluye su participación activa. La frase “Nada sobre nosotras, ni sin nosotras” resume su demanda de ser incluidas en las decisiones que afectan su lucha.
La información sobre la crisis forense en Guanajuato ha sido recopilada a partir de testimonios de las propias familias buscadoras, quienes han compartido sus experiencias en foros y reuniones públicas. Sus relatos, combinados con reportes de organizaciones no gubernamentales, han permitido visibilizar la magnitud del problema. Estas fuentes, que incluyen declaraciones de voceras como Bibiana Mendoza, han sido fundamentales para entender las irregularidades en los procesos forenses.
Además, los datos sobre la cantidad de cuerpos sin identificar y las personas desaparecidas en Guanajuato provienen de reportes oficiales y análisis de medios locales, que han seguido de cerca la situación. Las críticas de Amnistía Internacional y otros organismos internacionales también han contribuido a documentar las fallas en la gestión de la crisis forense en Guanajuato, ofreciendo un panorama más amplio de los desafíos que enfrentan las familias.
Finalmente, las exigencias de las buscadoras han resonado en espacios académicos y políticos, donde se han discutido propuestas para mejorar los protocolos de búsqueda e identificación. Estos esfuerzos, aunque limitados, reflejan la importancia de escuchar a las familias afectadas. La crisis forense en Guanajuato sigue siendo un desafío urgente que requiere una respuesta coordinada y transparente para devolver la dignidad a las familias buscadoras.